Bruselas pone condiciones para restringir plataformas como Airbnb y segundas viviendas en zonas tensionadas
BRUSELAS 9 Sep. –
La Comisión Europea ha ofrecido este miércoles a las autoridades locales un escudo legal para tomar medidas que restrinjan la actividad de plataformas de alquiler de corta duración como Airbnb o la compraventa de segundas viviendas, pero ha dejado claro que debe haber condiciones para que sean políticas «proporcionadas», adaptadas caso por caso a zonas tensionadas y tras demostrar que están justificadas y estarán limitadas en el tiempo.
La Ley de Vivienda Asequible que propone Bruselas «no establece un catálogo de medidas que siempre serán compatibles» con la legislación comunitaria, porque esa garantía sería «imposible», advierten fuentes comunitarias, sino que se trata de establecer claridad sobre el margen de actuación en función del «análisis caso por caso» sobre cómo una medida determinada ha sido diseñada, cuál es su objetivo y cuál su impacto.
La nueva norma –cuya forma definitiva aún deben negociar entre el Consejo (gobiernos) y Eurocámara y se aplicará a las normativas ya adoptadas una vez entre en vigor– no supone un aval a ninguna prohibición ni restricción generalizada, sino que establece una metodología con la que las autoridades locales puedan demostrar con datos que la actividad en cuestión está teniendo un efecto adverso significativo en el mercado inmobiliario local por su escala, frecuencia o actividad comercial.
Así, por ejemplo, las administraciones que tomen medidas deberán demostrar que las tensiones en el mercado de la vivienda o su impacto en la asequibilidad o disponibilidad de viviendas se da durante al menos tres años, así como que la respuesta diseñada es proporcionada y que otras alternativas menos restrictivas no serían igualmente eficaces. Toda política contra el alquiler de corta duración, además, deberá estar acotada al caso y respetar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales.
También deberán demostrar que la medida con la que responden será proporcional y ayudará a corregir la presión sobre la vivienda asequible; y que se actúa tras un prediagnóstico que confirme que se trata de una zona «tensionada», con criterios como que el coste de una vivienda supera los ingresos anuales netos de ocho años.
Además, toda acción tendrá una duración máxima de cinco años, aunque este plazo podrá ser revisado periódicamente en base a nuevas evaluaciones siguiendo la misma metodología, y, según subraya Bruselas, las restricciones «no podrán sustituir medidas dirigidas a causas estructurales de la escasez de vivienda, como la construcción o renovación» de alojamientos.
En cuanto a las medidas para regular las segundas residencias o la desocupación prolongada de viviendas, Bruselas busca ofrecer claridad jurídica y advierte de que las condiciones vinculadas a la compra no pueden aplicarse con carácter retroactivo, debe haber disposiciones transitorias adecuadas y deben tener en cuenta escenarios como los periodos de no ocupación prolongados, por ejemplo, en caso de un traslado temporal por trabajo o un ingreso hospitalario largo.
«Cuando el mercado no logra proporcionar algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar. Con la Ley de Vivienda Asequible, estamos brindando seguridad jurídica a las autoridades locales, permitiéndoles tomar medidas y abordar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo», ha razonado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera.
Según el último Eurobarómetro evocado por los servicios comunitarios, más del 50% de los habitantes de las ciudades europeos consideran la vivienda un problema inmediato y urgente en su lugar de residencia. En el caso de Madrid, por ejemplo, de cada 100 viviendas disponibles en el mercado de alquiler de larga duración hay 40 en el de corto duración.
En este contexto, el comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, también ha apuntado que si bien la construcción de vivienda nueva y la renovación del parque existente «siguen siendo esenciales», la Unión debe abordar de manera urgente los problemas de acceso a la vivienda y «aprovechar las ya existentes».
«La vivienda no es una mera mercancía. Es un derecho y un pilar fundamental de la dignidad humana. Los europeos deberían tener la posibilidad de vivir, trabajar y permanecer en los lugares que consideran su hogar. Deberían poder encontrar una vivienda asequible y digna en el lugar donde deseen construir su vida», ha remachado.
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