IUSTITIA EUROPA interpone un recurso ante la AN para suspender el desembarco de turistas del ‘MV Hondius’
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 May. –
El partido político IUSTITIA EUROPA ha interpuesto este jueves, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), un recurso contencioso-administrativo de especial urgencia contra la actuación del Ministerio de Sanidad en cuanto a la autorización, coordinación y ejecución de la llegada del crucero ‘MV Hondius’ a Canarias, donde se han registrado varios casos de hantavirus.
Iustitia Europa ha solicitado en su escrito la adopción de la medida cautelarísima inaudita parte, al amparo del artículo 135 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que «se suspenda de forma inmediata y total» la operación de atraque, desembarco, traslado, repatriación y manipulación de pasajeros, tripulación, equipajes, residuos o materiales procedentes del buque, según ha informado la formación en nota de prensa.
La formación política considera inaceptable que la llegada del MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona, en la Isla de Tenerife, se pretenda ejecutar sobre la base de meras comunicaciones públicas o notas de prensa.
En el recurso también se expone la «extrema gravedad» del contexto sanitario, ya que debido al hantavirus tres personas han fallecido en el crucero, donde también ha habido pacientes en estado crítico y evacuaciones médicas.
Subraya, además, que el periodo de incubación del hantavirus puede extenderse hasta 45 días, lo que «invalida la mera ausencia» de síntomas como garantía «suficiente» para autorizar un desembarco general «sin un control judicial previo y exhaustivo». En este sentido, aseguran que se produce una «flagrante» vulneración del principio de precaución, «pilar fundamental» de la Ley General de Salud Pública, así como una «manifiesta falta» de transparencia y motivación en la decisión administrativa.
CANARIAS «NO» PUEDE SER UN LABORATORIO DE «IMPROVISACIÓN SANITARIA»
Por su parte, el presidente y abogado de IUSTITIA EUROPA, Luis María Pardo, ha indicado que Canarias «no puede ser tratada como un laboratorio de improvisación sanitaria».
En este marco, justificó el recurso en la necesidad de «no repetir los errores» que se dieron durante la crisis del COVID, donde apuntó que «no primaron criterios científicos sino políticos», lo que motivó a una de las «peores gestiones del mundo, con miles de vidas y familias arruinadas».
«La población canaria y española tiene un derecho irrenunciable a saber exactamente qué se va a hacer, con qué protocolos, con qué informes técnicos, con qué garantías y bajo qué responsabilidad. España no puede ser tratada como un laboratorio de improvisación sanitaria ni como el punto débil por el que se introduce una operación internacional sin plena transparencia y sin el debido control», apuntilló.
Asimismo agregó que «no» se trata de negar asistencia humanitaria a «nadie», sino de «proteger a los canarios, españoles, trabajadores portuarios, a los sanitarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al conjunto de la ciudadanía frente a una decisión que debe estar documentada, motivada y fiscalizada» judicialmente.
En este sentido, IUSTITIA EUROPA ha asegurado que «no pide abandonar a nadie» pero solicita «algo mucho más básico en un Estado de Derecho» como es que «antes de desembarcar personas, mover equipajes, gestionar residuos o activar traslados, el Gobierno aporte el expediente completo y acredite que la operación es segura».
Finalmente indica que, de forma subsidiaria, para el caso de que la Sala no acuerde la suspensión total, el partido solicita que se impongan condiciones «estrictas e ineludibles» a la administración, al tiempo que ha pedido a la Audiencia Nacional que requiera al Ministerio de Sanidad la «remisión urgente, en un plazo máximo de 24 horas, de la totalidad del expediente administrativo que sustenta la decisión de acogida» del barco.
Pardo ha afirmado que esta actuación se fundamenta en la defensa de los intereses colectivos, la protección de la salud, la seguridad de los ciudadanos y la exigencia «irrenunciable de transparencia» en decisiones administrativas porque apuntó que la cooperación internacional y la asistencia humanitaria «son plenamente compatibles con la prudencia» sanitaria, la motivación reforzada de los actos administrativos y el control judicial efectivo.
«La asistencia humanitaria no puede convertirse en un cheque en blanco para actuar sin expediente, sin transparencia y sin garantías verificables para la salud de nuestra ciudadanía», concluye.
CL0
