Cincuenta años del trascendental informe de Suárez al ‘Senado’ franquista en favor de la Ley de Reforma Política
MADRID, 3 Oct. –
En octubre de 1976 España daba los primeros pasos hacia la Transición. Cuatro semanas después de que el Consejo de Ministros aprobase el proyecto de Ley para la Reforma Política, el 8 de octubre, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, afrontó el primer asalto contra las bases del régimen franquista para poder sacar adelante este texto: el dictamen del Consejo Nacional del Movimiento que avalase la norma, aunque éste no fuera vinculante.
El origen de este órgano se remontaba a 1937 y, a modo de ‘Senado’ de la dictadura, por él tenían que pasar las leyes fundamentales del Régimen, como también lo fue la propia Ley para la Reforma Política. Sus informes eran preceptivos, pero no vinculantes, y eran el paso previo antes de enviar una norma a Cortes.
Estaba compuesto por 99 consejeros: uno era elegido por cada provincia, 40 por Franco, 12 eran representantes de las estructuras básicas reconocidas por el Régimen –familia, sindicatos y administración local–, y seis acordados por el propio presidente del Consejo, que lo era el propio Suárez como presidente del Gobierno.
En otoño de 1976, una creciente movilización vecinal y sindical en favor de las libertades recorría el país. El terrorismo de ETA, y también de la extrema derecha, también estaban a la orden del día.
Según concreta el historiador y autor del libro ‘Retrato de la Transición’, Francisco J. Leira-Castiñeira, el resultado de aquello, casi un año después de la muerte del dictador, fue el de una sociedad con «miedo», pero «con ganas de participar en la política» y de dirigirse hacia una democracia sin derramar más sangre.
La Ley para la Reforma Política fue, para José Manuel Otero Novas, entonces estrecho colaborador del presidente Suárez como director general de Política Interior, «lo más trascendente» de la Transición, incluso por encima de la misma Constitución de 1978.
La norma fue el marco previo necesario para que se pasara de una dictadura a una democracia y sirvió de paraguas para la legalización de los partidos en 1977, las elecciones constituyentes de 1977 y la aprobación final de la Carta Magna en 1978.
Leira-Castiñeira incide en que la negociación con los consejeros para que emitieran un informe favorable a la Ley recayó principalmente en Suárez y del entonces presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda. «Fue una de las partes más complejas del proceso y fue todo movimiento de despachos», recoge.
Nada más aprobarse el proyecto de ley, Suárez empezó una ronda de contactos con los consejeros. «Una de las cosas que fueron capaces de interpretar bien Suárez y Fernández-Miranda es que vieron que tanto las Cortes como el Consejo Nacional del Movimiento no eran homogéneos, sino que había diferentes sensibilidades y posiciones reformistas», describe Leira-Castiñeira.
El historiador detalla que la argumentación de ambos ante los consejeros se centró en explicar que la ley era «una evolución», pero que el sistema continuaría funcionando «según las leyes fundamentales del Movimiento». Ambos insistieron a los miembros de que se trataba de «pequeños cambios jurídicos» para contentar a la sociedad, pero que también gustaría a las Cortes franquistas.
La clave, en opinión del historiador, es que las negociaciones se hicieron de forma individualizada: a los continuistas se les explicó que la Ley no supondría una ruptura con el régimen y a los reformistas, que era la vía para un cambio político.
Sin embargo, el ambiente en el Gobierno era de intranquilidad. «Siempre teníamos en mente el temor y la posibilidad de que fallaran las negociaciones», admite en declaraciones a los medios José Manuel Otero Novas.
«Conforme iban ocurriendo cosas, yo le pasaba papeles a Suárez diciendo ‘si surge esto, esto nos falla’. Teníamos soluciones de repuesto dentro de la Ley para seguir haciendo una transición sin rupturas. Lo que pasa es que las otras soluciones siempre eran más costosas», explica, en alusión a un mayor compromiso del rey Juan Carlos que el Gobierno no pretendía.
El exministro y exdiputado de UCD, y actual presidente de la Fundación Transición Española, Rafael Arias-Salgado, insiste en que el Consejo dio visto bueno a la reforma política porque el proyecto de Suárez y Fernández-Miranda «respetó la legalidad vigente», es decir, las normas fundamentales del Régimen, y fue en ese marco legal en el que se inició un cambio hacia un sistema democrático.
Por su parte, Otero Novas recuerda que, aunque el informe del Consejo era preceptivo, no era la prioridad para Suárez. «Él procedía del Movimiento e intentó que el dictamen fuera lo más favorable posible», cuenta y admite: «Pero no nos importaba tanto porque lo decisivo era lo que votaran los procuradores en las Cortes».
«La importancia del informe del Consejo Nacional ha quedado patente en la dignidad y responsabilidad que han presidido los trabajos de la Ponencia y los debates de la Sección que han puesto de manifiesto las sólidas razones que asisten al Gobierno para acometer la reforma de nuestro sistema constitucional, a fin de garantizar la estabilidad política para, desde ella, alcanzar resueltamente los grandes objetivos nacionales», sostuvo Suárez en su defensa del proyecto de ley ante el pleno del Consejo el 8 de octubre de 1976, reunido en el antiguo salón de plenos del Senado.
Tras sus palabras ningún consejero aplaudió, quedando la sala sumida en un tenso ambiente de frialdad, según consta en las crónicas periodísticas del momento. Suárez se marchó alegando que debía acudir al Consejo de Ministros por asuntos cuyo aplazamiento no resultaba «conveniente».
Con Suárez ya ausente se reanudó la sesión. Fue entonces el consejero Francisco Abella quien intervino para presentar las ideas fundamentales de la norma. Le prosiguieron los franquistas convencidos Gonzalo Fernández de la Mora y José Martínez Emperador, a quienes siguió, por parte de la ponencia, Julio Gutiérrez Rubio, que después fue senador por designación real.
La votación terminó con éxito para Suárez, con 80 votos a favor, 13 en contra y seis abstenciones. Entre los consejeros conocidos como «inmovilistas» que votaron en contra destacaban el exministro de Trabajo José Antonio Girón de Velasco, el que sería líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, y el teniente general y exdirector de la Guardia Civil Carlos Iniesta Cano.
En cuanto a las abstenciones, figuraron las de los tres ministros presentes en el Pleno el de Marina, almirante Gabriel Pita da Veiga; el de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y el de Gobernación, Rodolfo Martín Villa.
Los cambios solicitados en el informe aprobado por el Consejo fueron: que el Congreso y el Senado estuvieran equiparados en la actividad legislativa, que los intereses económicos, culturales y sociales se representaran en la actual Cámara Alta, que el Consejo del Reino tuviera el mismo número de miembros procedentes de ambas Cámaras, y que este organismo informara preceptivamente de cualquier referéndum consultivo que el Rey convocase.
Una semana después, el 15 de octubre de 1976, el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Reforma Política, junto con el informe elaborado por el Consejo Nacional del Movimiento.
El Gobierno no tuvo en cuenta las sugerencias del Consejo y remitió a los procuradores el mismo texto que se había aprobado el 10 de septiembre en el Consejo de Ministros. A partir de ese momento, los esfuerzos de Suárez se centraron en la votación en las Cortes: era el turno de los 531 procuradores de la Cámara franquista.
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