Fiscalía rebaja a 2 años y seis meses por «imperativo legal» la petición de pena para cada activista de Greenpeace

VALÈNCIA, 23 Sep. (Agencias) –

El Ministerio Fiscal ha rebajado «por imperativo legal» en sus conclusiones definitivas la petición de pena de 5 años a 2 años y seis meses para cada uno de los 11 activistas de Greenpeace acusados un delito de desordenes públicos por la protesta que realizaron contra los combustibles fósiles en el Puerto de Sagunto el 26 de octubre de 2021. La modificación es para ajustarse a la regulación vigente en el momento de comisión de los hechos.

Por su parte, las defensas mantienen la petición de la libre absolución de los acusados y subsidiariamente que se aplique la atenuante de dilación indebida al haber pasado cinco años desde la comisión de los hechos al juicio.

El juicio, que se ha seguido en la Plaza número 8 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de València, ha quedado visto para sentencia tras más de siete horas ininterrumpidas de vista, que se ha seguido en la sala Tirant 1 ante el numeroso público que se ha concentrado en apoyo a los enjuiciados –de ocho nacionales, entre ellas cuatro españoles–. Entre los asistentes se encontraban relatores especiales de la ONU (Organización de Naciones Unidas).

La protesta, según Fiscalía, se produjo el 26 de octubre sobre las 10.00 horas cuando el buque ‘Esperanza’ de Greenpeace se acercó al Puerto de Sagunto. Una hora más tarde, según el ministerio fiscal, arriaron cuatro lanchas y se aproximaron el carguero ‘Merchant’, proveniente de EEUU con 125.000 m3 de gas natural, en el que realizaron dos pintadas en el casco: ‘No + gas’ y ‘No + más gas’.

Mientras las patrullas del Servicio Marítimo Provincial (SMP) de la Guardia Civil (España) intentaban paralizarlas, el ‘Esperanza’ entró en el Puerto, consiguió fondear en la dársena 2 -que quedó totalmente bloqueada– y uno de los activistas se encadenó a las anclas obligando al carguero a abortar su maniobra de acceso y dirigirse de nuevo a fondeo. El carguero, que tenía prevista su entrada a las 12.00 horas, finalmente accedió a las 23.35 horas y finalizó sus operaciones a las 20.28 horas del día siguiente.

Fiscalía, en sus conclusiones finales, ha señalado que «concurren todos los requisitos» para que sean condenados por un delito de desordenes públicos y ha recalcado que no se juzga la ideología, sino si se alteró la paz pública, como mantiene que así fue «al exceder de una mera protesta».

En ese sentido, ha apuntado que «se entorpeció el tráfico marítimo», como demuestra la necesidad de tener que avisar a las autoridades marítimas, a la Guardia Civil, incluso a la unidad de asalto, y ha recalcado que «todos por acción o por omisión estaban conformes en llevar esas acciones, como lo han reconocido, para obstaculizar un Puerto, que es una estructura esencial». Además, ha puntualizado que si hubiera habido violencia se les habría acusado de otros delitos.

Por su parte, las defensas han insistido en pedir la absolución porque «no ha habido ninguna alteración de la paz pública, aunque hubiera cierto desorden social» y han recalcado que «jamás se actuó con violencia e intimidación» como requiere el código penal vigente en el momento de los hechos para pedir este delito. Además, han recalcado que la acción está amparada por el derecho a la protesta, que «lo único que se limitó fue la maniobra de un buque gasero en la dársena 2». «El Puerto no quedó bloqueado ni se entorpeció la actividad en el resto de las instalaciones», han subrayado. Asimismo, han criticado el «exceso punitivo» porque ya se condenó en la vía administrativa a Greenpeace a pagar 160.000 euros en multas y ha negado que se haya alterado la paz pública.

Cuatro de los acusados ha hecho uso a su derecho a la última palabra. Uno de ellos para criticar la dificultad de seguir el juicio para los extranjeros y el último ha cerrado su intervención citando la encíclica del papa Francisco sobre el cambio climático.

Los encausados, que han declarado al final a petición de los dos letrados que les representan, han coincidido en declarar que fue una acción de protesta pacífica amparada por su derecho de protesta sin violencia y sin voluntad de causar ningún daño ni de enfrentarse a las autoridades y de hecho han destacado las buenas relaciones con la Guardia Civil.

Así, el capitán del barco, Sergiy, ha declarado que fue «una protesta pacífica para proteger el medio Ambiente» y una llamada de atención a los Gobiernos para que actuaran, pero que «nunca» hubo intención de enfrentarse a la autoridad ni «en absoluto» de causar perjucio a otros buques. De hecho, ha afirmado que la seguridad de los buques fue mantenida todo el tiempo mientras duró la protesta».

Ernesto, el activista que se encadenó al ancla, ha explicado que se enteró de que había falta voluntarios y se unió, pero ha señalado que desconocía que iba a hacerse la acción ni la trayectoria. Fue cuando llegaron a Sagunto cuando se enteró «sobre la marcha» de que se iba a realizar la acción de protesta y decidió colgarse al ancla. «No llevaba nada preparado y utilicé un candado de bicicleta, no un cepo», ha apuntado.

Afirma que se le acercaron los agentes en varios ocasiones, pero que en ningún momento le ordenaron de forma directa bajarse, solo se lo preguntaron y les replicó que había perdido la llave y de hecho ha definido como «cordial» la relación con la Guardia Civil. Otro de los acusado, Francisco, ha explicado que las protestas de Greenpeace son «decisiones colectivas», pero «siempre son pacíficas»: «Ninguna intención de daño solo voluntad de protesta». Además, ha apuntado que un buque del tamaño de ‘Merchant’ «ni se inmuta» por unas lanchas.

En ese sentido, una de las activistas y marinera de la organización ecologista ha apuntado es «peligroso» estar cerca de barcos grandes, pero ha recalcado que su intención nunca fue detener la maniobra y que las se tomaron medidas de seguridad y se respetó la distancia de seguridad, por lo que ha descartado que fuera peligroso y preguntada por si también fue seguro para el buque seguir avanzando ha replicado: «Es una decisión que deben tomar ellos». Otro de los tripulantes

Durante la mañana ha sido el turno de los testigos, entre ellos el jefe de Información de la Guardia Civil, que redactó los tres atestados, y otros cinco agentes que han coincidido en que la actitud de los acusados fue de «resistencia, pero totalmente pacífica». «Su actitud es pasiva, no colaboran en nada, pero hay que agradecer que fueron pacíficos», ha destacado.

Por su parte, el representante del consignatario del barco, la compañía Marítima del Mediterráneo, pide una indemnización de 39.542 euros por los costes en remolcadores, prácticos y amarradores que les supuso el tener que abortar la maniobra de atraque por «el peligro que suponía», y que ya abonó el armador, pero que no ha querido reclamar «el gasto del alquiler y las doce horas de retraso». «Solo el no poder atracar el barco tal y como estaba previsto», ha puntualizado.

Asimismo, el apoderado de Saggas, la planta de regasificación de Sagunto, ha explicado que «no reclaman daños porque no los hubo», pero sí que «hubo un incremento de riesgo innecesario». También han declarado dos periodistas que iban en una de las lanchas que han asegurado que no vieron «en ningún momento una situación que fuera peligrosa».

CL11