Las complicaciones socioambientales que arrastran los monocultivos en América Central
SAN SALVADOR – La caña de azúcar, el banano, la palma africana y la piña figuran entre los monocultivos más extendidos en América Central, productos engranados en una maquinaria agroindustrial que, aunque positiva para las exportaciones nacionales, deja a su paso impactos socioambientales en las comunidades cercanas a las plantaciones.
La conflictividad se ha exacerbado en los últimos años, en la medida en que esas familias pobres defienden sus recursos y su territorio ante el avance de los finqueros (grandes productores) y consorcios locales e internacionales metidos en el negocio.
América Central es una región de siete naciones, 53 millones de personas y de muchas carencias económicas y sociales. Un 30 % de los habitantes vive en pobreza, unos 16 millones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Ante la arremetida agroindustrial, las familias campesinas han debido organizarse para alzar sus voces frente a la problemática, especialmente en defensa del agua.
“No hay interés del Estado en protegernos, no existe la institucionalidad necesaria”, dijo a IPS el campesino y activista salvadoreño Carlos Avendaño, oriundo del caserío Los Crespines, en el municipio de Ilobasco, en el departamento de Cabañas, centro de El Salvador.
En Centroamérica, la base alimentaria no descansa en los grandes monocultivos de exportación, sino en la agricultura familiar, definida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como unidades productivas gestionadas por hogares rurales.
Esa agricultura familiar aporta entre 70% y 80% de los alimentos consumidos por los centroamericanos. Dentro de este universo predominan pequeñas explotaciones campesinas, muchas de ellas orientadas al autoconsumo y la venta de los excedentes en los mercados locales.
¿Qué tan rápido y en qué territorios se expandieron los monocultivos?
La expansión de monocultivos en Centroamérica ha sido acelerada y territorialmente concentrada en zonas costeras y de tierras bajas fértiles.
En el caso de la palma africana, países como Guatemala y Honduras han superado las 200 000 hectáreas cultivadas cada uno, con un crecimiento sostenido desde inicios de los años 2000, impulsado por la demanda internacional, según el estudio La palma de aceite en América Latina: monocultivo y violencia, publicado en 2024.
Esa expansión se ha dado principalmente en regiones como el norte y noroccidente guatemalteco y el valle del Aguán en Honduras, donde grandes plantaciones han sustituido otros usos del suelo. Ambos países están entre los cinco mayores productores de palma en América Latina, junto a Colombia, Brasil y Ecuador.
El aceite de palma es una materia prima global usada en alimentos, cosméticos y biocombustibles, igual que la soja o el azúcar.
En paralelo, el monocultivo de caña de azúcar se ha consolidado en la franja del Pacífico de esta región ístmica, especialmente en la Costa Sur de Guatemala y en las zonas costeras de El Salvador.
En Guatemala, el cultivo supera las 250 000 hectáreas, mientras que en El Salvador ronda las 80 000 hectáreas, con un modelo altamente concentrado en pocos ingenios. Esta expansión se ha intensificado en las últimas décadas, consolidando sistemas agroindustriales orientados a la exportación.
En el caso del banano, la producción también se concentra en territorios específicos de la región, con Guatemala como principal productor centroamericano, con cerca de tres millones de toneladas métricas anuales, seguido por Costa Rica y Honduras.
Las plantaciones se ubican principalmente en zonas húmedas del Caribe, donde las condiciones climáticas favorecen el cultivo intensivo.
En Costa Rica, el cultivo de piña es uno de los pilares de la economía agrícola, donde ocupa más de 65 000 hectáreas y genera alrededor de 2000 millones de dólares anuales en valor económico.
Ese país, con una producción de 2,5 millones de toneladas métricas anuales, es el principal exportador mundial de esta fruta. Pero los costos socioambientales que acarrea ya son notables.
“Soy de las personas afectadas por la producción de piña, que ha traído muchos problemas a nuestras comunidades”, afirmó a IPS Erlinda Quesada, una de las principales activistas frente a la expansión de ese cultivo en Costa Rica.
Quesada vive en el cantón (municipio) de Guácimo, en la provincia de Limón, en el norte del país, y pertenece al Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera.
¿Qué impactos socioambientales concretos están generando?
El monocultivo de la piña “nos ha traído problemas ambientales de deforestación, contaminación de agua, problemas de salud para las poblaciones debido al uso intensivo de agroquímicos, entre otros”, recalcó Quesada.
Los monocultivos en Centroamérica están generando, en efecto, una presión creciente sobre los recursos hídricos, con un uso intensivo y concentrado del agua en manos de la agroindustria.
En El Salvador, una sola empresa cañera concentra 32,9 % del agua de riego nacional (9232 litros por segundo), de acuerdo con un informe de la Unidad Ecológica Salvadoreña.
A eso se suma el alto consumo industrial, con hasta 9997 litros de agua por tonelada de caña procesada en los ingenios, lo que reduce el acceso al recurso en comunidades rurales y genera conflictos en cuencas compartidas.
El modelo también implica una degradación sostenida de suelos y fuentes de agua debido al uso intensivo de agroquímicos.
Hace unos años “regaron (agroquímicos) con avioneta y acabaron con los cultivos de cítricos de la comunidad en la zona de La Ermita, se perdieron sin que nadie respondiera por el daño”, contó Avendaño, de 58 años, respecto a algunos de los impactos en su comunidad, de 200 familias.
En plantaciones de caña y palma se documenta la aplicación de herbicidas como el glifosato, clasificado como “probablemente cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como fertilizantes y pesticidas que se filtran hacia ríos y acuíferos.
En la costa sur de Guatemala, el avance de caña y palma ha reducido la cobertura boscosa a menos de 10 % en algunos municipios, afectando hábitats de especies nativas y ecosistemas como manglares y humedales.
Diversos reportes señalan que las áreas donde las empresas promueven la expansión de las plantaciones, en muchos casos chocan con los territorios donde las comunidades han desarrollado sus vidas con base en la agricultura y otras actividades de subsistencia.
Algunos de los impactos son la deforestación masiva, acaparamiento ilegítimo de los territorios, contaminación, destrucción de las fuentes de agua y pérdida de tierras para desarrollar la agricultura de subsistencia.
¿Qué tipos de conflictos sociales están surgiendo en comunidades afectadas?
La expansión de la palma aceitera en el valle del Aguán, en Honduras, ha generado conflictos directos entre comunidades campesinas organizadas y empresas como Grupo Dinant, uno de los principales productores de palma en la zona.
Estas disputas se centran en el control de tierras agrícolas que han pasado a manos de grandes plantaciones, en un contexto donde organizaciones campesinas reclaman derechos históricos sobre esos territorios. .
En Guatemala, la expansión de palma y caña en la costa sur y el norte del país ha estado vinculada a conflictos por tierra y recursos en territorios específicos, incluyendo zonas atravesadas por las cuencas de los ríos Madre Vieja, Coyolate y Polochic.
En esas áreas, se reportan tensiones entre comunidades rurales y empresas agroindustriales por el acceso a tierra y agua, en un contexto de alta concentración de la propiedad.
En zonas palmicultoras de Honduras y Guatemala, organizaciones han documentado denuncias de amenazas, procesos judiciales y otras formas de criminalización contra actores locales que defienden el acceso a la tierra y los recursos.
¿Quiénes son los principales actores detrás de la expansión, y qué marcos legales la facilitan?
La expansión de monocultivos en América Central está impulsada por una combinación de élites económicas locales, empresas agroindustriales y capital transnacional. En el sector de palma aceitera en Honduras, destacan grupos como Grupo Dinant y Corporación Jaremar, con operaciones en el valle del Aguán.
En Guatemala, empresas como NaturAceites y conglomerados vinculados a familias como los Molina y los Maegli han consolidado extensas plantaciones de palma y caña
A nivel centroamericano, la expansión está articulada con la demanda de grandes corporaciones globales de alimentos y consumo, como Nestlé, Unilever, PepsiCo y Cargill, que absorben la producción de materias primas y sostienen el modelo exportador.
En Costa Rica, el negocio de la piña está dominado por grandes consorcios agroexportadores vinculados a capital transnacional, entre ellos Dole Food Company y Del Monte, que concentran producción y exportación hacia mercados como Estados Unidos y Europa.
Esos grupos operan a través de plantaciones propias y redes de proveedores, consolidando un modelo altamente integrado y orientado a la exportación.
El avance de la piña en Costa Rica ha alcanzado incluso las áreas protegidas.
En el caso de la caña de azúcar, el modelo está altamente concentrado en ingenios que controlan tanto la producción como el procesamiento.
En el caso del banano en Guatemala, Honduras y Costa Rica, el sector está estructurado en torno a grandes transnacionales como Chiquita Brands International, Dole Food Company y Del Monte, que concentran una parte significativa de la producción y exportación a través de plantaciones propias y redes de proveedores.
¿Qué papel juegan los Estados: regulación, permisividad o promoción activa de estos monocultivos?
Los Estados en Centroamérica han jugado un papel clave en la expansión de monocultivos a través de políticas de promoción agrícola y exportadora, según diversos informes.
El crecimiento de cultivos como palma y caña ha estado acompañado por incentivos económicos, marcos favorables a la agroindustria y una orientación estatal hacia mercados internacionales, lo que ha facilitado la consolidación de grandes plantaciones.
Al mismo tiempo, los informes advierten una débil regulación en aspectos clave como el uso del agua, la aplicación de agroquímicos y el control ambiental.
En países como Guatemala, se documenta una limitada supervisión estatal en cuencas afectadas por monocultivos, mientras que en El Salvador el uso intensivo de agua por parte de la agroindustria ocurre en un contexto de escasa fiscalización.
Este patrón combina promoción activa del modelo agroexportador con permisividad frente a sus impactos.
¿Qué alternativas o resistencias están emergiendo desde las comunidades y organizaciones frente a este modelo productivo?
Frente a la expansión de monocultivos, comunidades rurales y organizaciones en Centroamérica están articulando respuestas centradas en la defensa del territorio y el acceso a bienes naturales.
En la Costa Sur de Guatemala las comunidades han denunciado la contaminación de ríos y han exigido mayor regulación sobre el uso del agua y los agroquímicos.
En el caso de la palma aceitera, existe una articulación de movimientos campesinos en territorios como el valle del Aguán, en Honduras, donde organizaciones locales han reclamado acceso a la tierra frente a la expansión de grandes plantaciones.
En El Salvador, una de las expresiones más visibles de resistencia es la campaña “Azúcar Amarga”, que articula a comunidades rurales, organizaciones ambientales y movimientos sociales frente a la agroindustria cañera.
Esta iniciativa denuncia impactos concretos del monocultivo, como la contaminación y sobreexplotación del agua, la degradación de suelos y los efectos en la salud —incluyendo enfermedades crónicas asociadas al uso de agroquímicos tóxicos—, y ha impulsado acciones como propuestas de ley para prohibir químicos peligrosos y la quema de caña.
ED: EG
CL14
