PP, Vox y Junts rechazan el consorcio de inversiones en Cataluña defendido por PSOE y ERC en el Congreso
MADRID, 28 Abr. Diario Dia –
El PP, Vox y Junts se han pronunciado este martes en el Pleno del Congreso en contra de la creación de un Consorcio bilateral entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña para diseñar inversiones en esa comunidad y mejorar su ejecución, una iniciativa defendida por el PSOE y ERC.
En el debate parlamentario, la diputada de ERC Inés Granollers ha defendido su proposición de ley asegurando que nace de «la realidad de la desinversión estructural del Estado en Cataluña, ya que se ha prometido mucho y se ha ejecutado demasiado poco». A su juicio, el problema no es solo que el Estado haya invertido poco, sino que «se ha decidido desde lejos, sin conocer el territorio».
A su juicio, este nuevo consorcio permitiría a la Generalitat participar en la planificación y dirección estratégica de las inversiones del Estado en Cataluña, con un plan plurianual, medidas correctivas y una sociedad mercantil para agilizar la ejecución. «Pero no renunciamos a la plena soberanía fiscal», ha añadido Granollers.
MEJOR CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO
Por su parte, el portavoz del PSC en el Congreso, José Zaragoza, ha defendido que con este consorcio las comunidades autónomas también podrían decidir «dónde se invierte» porque son quienes «mejor conocen el territorio». Y ha reprochado a Junts que critique una herramienta para mejorar inversiones y afirmando que no soportan que «con un Gobierno del PSC Cataluña avanza».
Zaragoza ha cargado también contra el PP por utilizar las autonomías como «trincheras contra el PSOE» y por renunciar a la cooperación para buscar «la confrontación», ya sea, ha dicho, por ir contra los socialistas o por «miedo a Vox».
APOYO DE SUMAR Y PODEMOS
Desde Sumar, la dirigente de los Comuns Candela López ha señalado que Cataluña arrastra un «déficit histórico» de inversión y de ejecución y ha reclamado inversiones como Cercanías, «no la ampliación del aeropuerto». En su opinión, el consorcio ayudaría a la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a la capacidad de cumplir compromisos en materia de infraestructuras.
Por su parte, la diputada de Podemos Martina Velarde ha avanzado el apoyo de su grupo a la iniciativa porque «va en buena dirección», aunque ha advertido de que debe «afinarse y concretarse bastante más». En este sentido, ha expresado preocupación por que el Consorcio generen más complejidad institucional o solapamientos y ha pedido transparencia, claridad institucional y cerrar la puerta a más peajes en carreteras.
En cambio, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, avisa de que con este Consorcio se acepta que las infraestructuras estratégicas catalanas «sigan controladas desde Madrid». Ha admitido que la ley parte de un diagnóstico «correcto», el de que «Madrid no paga», pero sostiene que Cataluña «no necesita chiringuitos, sino cobrar lo que Madrid debe».
«Cataluña no necesita un consorcio. Cataluña necesita que nos hagan las transferencias del dinero que nos corresponde», ha afirmado Nogueras, quien ha acusado a los sucesivos gobiernos del Estado de no haber pagado «nunca» lo que correspondía a los catalanes en trenes, carreteras o aeropuertos. Y ha remarcado que su posición es «clarísima»: «O pagan o pagan».
MÁS ESTRUCTURAS PARA REPARTIRSE SILLAS»
De su lado, la diputada del PP Cristina Agüera ha rechazado la proposición alegando que lo que «beneficia y necesita» Cataluña es que «lleguen las inversiones», no que se creen «más estructuras» ni se repartan más «sillas».
A su juicio, cuando un Gobierno no ejecuta tiene dos opciones: asumir responsabilidades o inventar nuevas estructuras para tapar su «incompetencia», y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber elegido lo segundo. «Hoy debatimos no una solución real para las inversiones en Cataluña, sino cómo sustituir su falta de gestión por más estructura», ha dicho.
Por último, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha rechazado la proposición al considerar que no nace para resolver problemas ciertos, sino para atender «peajes» políticos, apuntalar «mayorías inestables» y revestir de interés general lo que, a su juicio, responde a necesidades de «supervivencia parlamentaria».
Según ha indicado, Cataluña no padece falta de organismos administrativos, sino una «red ferroviaria impropia de su peso económico, carreteras saturadas, presión fiscal, inseguridad y una convivencia dañada». «Una nación de ciudadanos libres e iguales no puede organizarse como un mercado permanente de privilegios territoriales», ha concluido.
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