Aplazado hasta diciembre el juicio por presuntas agresiones sexuales a una trabajadora de una pizzería de Sarria (Lugo)
LUGO, 19 Nov. Agencias –
El juicio contra el responsable de una pizzería de Sarria (Lugo) acusado de tres presuntos delitos de agresión sexual contra una trabajadora, programado para este jueves en el Juzgado de lo Penal de Lugo, ha tenido que ser interrumpido a mitad de la sesión por la ausencia de una testigo y, por tanto, aplazado. La vista tendrá que retomarse el próximo 1 de diciembre.
Durante la sesión celebrada, ha prestado declaración la denunciante, que se ha ratificado en lo manifestado anteriormente sobre los hechos, ocurridos en 2024. También ha declarado un testigo propuesto por la defensa. Sin embargo, la ausencia de una testigo de la acusación particular ha impedido completar la práctica de la prueba, por lo que se ha acordado aplazar la continuación.
En la próxima sesión, que tendrá lugar dentro de una semana y media, está prevista la declaración de la testigo ausente, así como la del acusado, que solicitó declarar en último lugar.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos se remontan a mayo y junio de 2024, durante la jornada laboral, cuando el procesado la habría sometido a tres episodios de presunto carácter sexual.
En concreto, el Ministerio Fiscal sitúa el primero de los episodios el 24 de mayo de 2024 y el segundo aproximadamente una semana después. En ambos casos, sostiene que el acusado realizó tocamientos en los glúteos de la trabajadora. El tercer episodio ocurrió el 7 de junio de ese mismo año, cuando, según el relato fiscal, apoyó sus partes íntimas contra ella, «le agarró los pechos y la besó».
La Fiscalía considera que estos hechos podrían ser constitutivos de tres delitos de agresión sexual, por los que solicita una pena de un año de prisión por cada uno de los dos primeros delitos y de dos años por el tercero, lo que suma cuatro años de cárcel. También reclama distintas medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con la denunciante, inhabilitaciones especiales y medidas de libertad vigilada.
Además, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la trabajadora con 500 euros por los daños morales que presuntamente le habría ocasionado.
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