La Unión Europea esconde la billetera en la COP31

La discusión de financiamiento ha girado durante años en torno a la “Nueva Meta de Financiamiento” (NCQG en inglés).
Es la nueva meta colectiva cuantificada que se acordó en la COP29 de Bakú en 2024: al menos 300 000 millones de dólares al año al 2035, con los países desarrollados a la cabeza, y un llamado a movilizar 1,3 billones (millones de millones) al año de todas las fuentes.
En la 31 Conferencia de las Partes (COP31) sobre cambio climático que se desarrolla desde el día 9 en la ciudad turca de Antalya, no hay una mesa de negociación sobre el NCQG, pero sí una guía sobre cómo cumplir la promesa.
La Hoja de Ruta de Bakú a Belém hacia 1,3 billones, que presentaron en noviembre de 2025 las presidencias de la COP29 (Azerbaiyán) y la COP30 (Brasil) es un documento político, no negociado.
La presidencia brasileña de la COP30 anunció que presentaría en la COP31 un primer informe de implementación. El primer borrador de la decisión de portada mencionaba esa hoja de ruta, pero el segundo eliminó la referencia.
La base de las discusiones suele referenciar al artículo 9.1 del Acuerdo de París, que dice que los países desarrollados «proporcionarán» recursos financieros a los países en desarrollo.
Es la base legal del reclamo del Sur global, de que el dinero es una obligación del tratado. Por primera vez, existe un espacio de negociación de esto, dentro del programa de trabajo de financiamiento (CFWP, en inglés), que se creó hace un año en la ciudad amazónica de Belém.
La discusión en Antalya está en que los países en desarrollo quieren un plan con cifras y reparto de la carga, mientras que los desarrollados que solo sea un espacio de diálogo.
La otra discusión tiene que ver con la idea de triplicar el financiamiento en adaptación. La adaptación es la plata para que los países resistan sequías, inundaciones o la subida del mar, y es el punto más sensible de toda la discusión.
Según el Informe de Brecha de Adaptación 2026 del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), los países en desarrollo necesitan 305 000 millones de dólares al año al 2035.
El financiamiento internacional en la materia fue de 30 000 millones de dólares en 2024, por lo que aún la triplicación apenas cubriría menos de 30 % de las necesidades.
En Belém, la decisión final, llamada Mutirão Global (trabajo conjunto en portugués), llamó a al menos triplicar el financiamiento para adaptación al 2035, sin decir desde qué base ni cuánto dinero significa.
En la COP31 el tema se discute repartido en tres salas: la de la meta global de adaptación (GGA), la del CFWP y la decisión de portada.
Los países en desarrollo, con los del grupo SUR a la cabeza (Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Ecuador), han exigido que se discuta sobre la base de 120 000 millones de dólares al año.
La línea base de la triplicación también es clave, pues cuanto más antiguo o más bajo es el punto de partida, menor es la meta final.
El antecedente es el Pacto de Glasgow, donde en 2021 se celebró la COP26 y que pidió duplicar el financiamiento para adaptación desde los niveles de 2019, hasta unos 40 000 millones en 2025.
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