19 noviembre 2026

La Corte Internacional de Justicia concluye que Birmania cometió un genocidio contra la minoría rohingya

La Corte Internacional de Justicia concluye que Birmania cometió un genocidio contra la minoría rohingya
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   La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha condenado este jueves a Birmania por cometer un genocidio en el marco de las operaciones militares llevadas a cabo en 2017 contra la minoría musulmana rohingya en el estado de Rajine, donde murieron alrededor de 10.000 personas. 

   La corte ha resuelto ahora que miles de estos civiles rohingyas fueron «asesinados de forma violenta durante operaciones de limpieza» en 2017, tal y como ha anunciado el juez Yuji Iwasawa, que ha reconocido también ataques por parte de los insurgentes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA, por sus siglas en inglés) contra puestos de control militares y civiles.

   «Es razonable inferir que las fuerzas de Birmania actuaron con intención genocida», ha denunciado el juez, que ha aclarado que «el contexto que rodeó las operaciones de limpieza de 2017 creó un ambiente propicio para la violencia perpetrada durante dichas operaciones por las fuerzas de seguridad y constituyó la base de la intención de Birmania de destruir a una parte de este grupo».

   La votación se ha resuelto con nueve votos a favor y seis en contra. Además, los jueves han concluido que las autoridades que gobernaban entonces el país asiático «violaron sus obligaciones de evitar el genocidio» contra estos individuos por parte de miembros de sus Fuerzas Armadas.

   Aunque han descartado que se incitara al genocidio de forma pública, el tribunal ha fallado que sí se vulneró la obligación de «castigar el genocidio y otros actos recogidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio» y ha aclarado que «no se tomaron las medidas legislativas necesarias para cumplir con la misma».

   «La corte ha decidido que Birmania debe dejar de violar sus obligaciones en el marco del artículo 5 de la convención y aprobar medidas legislativas para ello. Deben tomarse medidas efectivas para investigar a todas las personas sospechosas de haber cometido actos contrarios al artículo 3 de la misma», señalan desde la CIJ.

   Asimismo, Iwasawa ha afirmado que las pruebas apuntan a que las fuerzas de seguridad de Birmania –cuyo Gobierno estaba encabezado entonces por la Liga Nacional para la Democracia (LND), con la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi como líder de facto y Htin Kyaw como presidente en un sistema de poder compartido con el Ejército– «se vieron involucradas en asesinatos indiscriminados».

   También ha acusado a las tropas de participar en ejecuciones y hacer uso de la violencia sexual, además de «haber prendido fuego a viviendas de poblaciones rohingyas» en zonas concretas. El juez ha hecho hincapié en que estas fuerzas «perpetraron actos generalizados de violencia sexual, así como actos de violencia extrema contra niños, y atacaron a los rohinyas –a los que Birmania no considera ciudadanos– que huían en gran número hacia Bangladesh» durante el punto álgido de estas operaciones, en agosto de 2017.

   «Los militares se vieron involucrados en actos que contribuyeron a la destrucción exhaustiva de pruebas mediante la quema de cuerpos. También incendiaron y destruyeron lugares en los que tuvieron lugar las operaciones de limpieza, lo que ha bloqueado la posibilidad de llevar a cabo una investigación efectiva de lo que sucedió en 2017», ha explicado.

   No obstante, Iwasawa ha recordado que es responsabilidad de Gambia –que presentó la demanda contra Birmania– «demostrar las presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio», si bien ha estipulado que ahora recaerá sobre el Gobierno birmano la responsabilidad de «compensar a los rohingyas» por las violaciones en cuestión. «La modalidad de estas reparaciones deberá ser establecida por la propia CIJ», tal y como ha apostillado.

   «Birmania debería, en un plazo de dos años a partir de esta sentencia, elaborar un informe sobre cómo llevará a cabo esta restitución», ha especificado.

HOSTILIDAD Y DELITOS DE ODIO

   En este sentido, la corte ha hallado indicios de que el Ejército respaldó y propició «delitos de odio» contra esta población, contra la que se actuó con una creciente «hostilidad» y ha reconocido que los rohingyas son una minoría presente en el país desde hace décadas y que sus miembros cuentan con un «lenguaje e identidad diferenciados».

   «El tribunal considera que las leyes y restricciones discriminatorias erosionaron progresivamente sus derechos y los dejaron marginados y particularmente vulnerables, mientras que el discurso de odio patrocinado por los militares alimentó la hostilidad contra ellos», ha afirmado Iwasawa, que ha acusado a las autoridades birmanas de entonces de «fracasar a la hora de investigar las supuestas atrocidades».

   «Al valorar las pruebas, el tribunal tiene en cuenta que Birmania no ha investigado de manera genuina las presuntas atrocidades y resalta su negativa a facilitar el acceso a pruebas y a testigos que pudieran proporcionar la información solicitada», ha añadido. 

   A su vez, ha estipulado que la magnitud y naturaleza de las acciones registradas fueron «mucho más allá de lo necesario para castigar a la población». «Más bien, son característicos de una intención de destruir una parte sustancial del grupo en cuestión», ha declarado, aunque ha indicado que se ha descartado que los militares hicieran uso de aplicaciones como Facebook para difundir mensajes que «buscaban incitar a la violencia contra los rohingyas como grupo».

   Las operaciones en cuestión comenzaron en 2016 tras varios ataques perpetrados por rebeldes del ARSA contra puestos fronterizos del Ejército birmano. En octubre de ese mismo año, los militares lanzaron una primera gran ofensiva en el norte de Rajine, la cual provocó denuncias por parte de Naciones Unidas sobre graves abusos de los Derechos Humanos. 

   La situación fue escalando hasta que en agosto de 2017 las Fuerzas Armadas pusieron en marcha una gran operación militar que se saldó con miles de muertos y provocó un éxodo masivo de unas 700.000 personas hacia Bangladesh –donde residen ahora más de 1 millón de refugiados rohingyas apátridas distribuidos en más de una treintena de campamentos del distrito de Cox’s Bazar–.

CL0