Los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ con el voto suspendido apuran plazos para presentar alegaciones al Supremo
MADRID, 18 Oct. –
El Tribunal Supremo cerrará esta próxima semana el plazo abierto para que los afectados por la suspensión del voto para nacionalizados por la ‘ley de nietos’ puedan alegar, después de rechazar el recurso del Gobierno que pedía levantar la medida cautelar acordada.
Tras el ‘no’ a la reclamación del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Supremo emplazó a los afectados interesados en presentar alegaciones a hacerlo en los cinco días hábiles siguientes al de la publicación de la decisión del Supremo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar este jueves, por lo que el plazo comenzó a contar este viernes y se extenderá hasta bien entrada la semana que viene.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal incluyó en su auto el llamamiento a «los interesados que lo deseen» para que «puedan personarse en las actuaciones como parte codemandada».
«Sí será necesario, para evitar o paliar eventuales perjuicios, que su llamada al proceso se produzca antes de que precluyan los trámites incidentales, para que puedan tener la oportunidad de ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos, así como de instar, en su caso, la revocación de aquellas medidas, a través de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico», precisó.
Esta vía de alegaciones se había convertido en la única posible para quienes estuvieran en contra de la suspensión, después de que el Gobierno, que aseguró que estudiaría si había forma de recurrir al Tribunal Constitucional, lo dejara en manos de los afectados al considerar que son quienes tienen legitimación para hacerlo.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicita medidas cautelarísimas tras «haber recibido diversas peticiones de particulares y entidades», «para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo» en las generales.
La ley que regula el Constitucional establece que la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, dependientes del Ejecutivo, pueden recurrir ante la corte de garantías cuando consideren que se han producido «violaciones de los derechos y libertades» que «tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial».
Para estas elecciones, el Supremo indicó que la suspensión del voto afecta, según datos aportados por la Abogacía del Estado, a 163.020 personas que habían obtenido la nacionalidad española por la ‘ley de nietos’ y estaban inscritas en el censo electoral a 1 de agosto, fecha válida para el registrado para estas generales.
La Oficina del Censo Electoral cuenta ya con los datos de más de 70.000 españoles que han recibido la nacionalidad en virtud de la ‘ley de nietos’ y que están afectados por la decisión del tribunal de suspender el derecho de voto a quienes no puedan demostrar descender de exiliados, según informaron fuentes de Exteriores.
Hasta el momento, el Supremo ha dado cuenta de que las asociaciones Cubanos por la Democracia y Ascendientes Españoles en el Mundo han solicitado personarse en el procedimiento, algo a lo que Iustitia Europa, uno de los partidos junto a Vox que recurrieron para la suspensión cautelar, se ha opuesto al ver falta de legitimación.
Y el abogado Eduardo Ranz ha presentado alegaciones en nombre del Centro de Descendientes de Españoles Unidos, «clave en el reconocimiento de la nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes, luego de 12 años de diversas tramitaciones parlamentarias y finalmente recogida en la Ley de Memoria Democrática», según anunciaron en un comunicado.
Esta organización señaló que, «con este paso fundamental, se busca suspender la cautelar para que todos los españoles tengan garantizado su derecho al voto, en una ocasión especialmente necesaria como son las próximas elecciones generales» del 29 de noviembre.
Asimismo, agradecieron la labor de los letrados, pertenecientes al equipo de José Antonio Martín Pallín, exmagistrado del Supremo, y su «altruismo compartido en la defensa de los derechos de todos los españoles, incluidos los residentes en el exterior».
«En tal sentido, desde la agrupación desean que con este paso se haga justicia, evitando ‘dejavues’ de voto rogado, y compartiendo el espíritu de la asociación, que tantos años ha bregado de forma gratuita para el acceso a la nacionalidad española, y que continua realizándolo mediante la participación de miembros como parte del Consejo de Residentes de Españoles en Buenos Aires y brindando asesoramiento sin costo alguno», indicaron.
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