Arranca en la Audiencia Nacional el juicio contra la empresa Duro Felguera y excargos venezolanos por sobornos
MADRID, 18 Oct. Diario Dia –
La Audiencia Nacional (AN) juzga desde este lunes a la empresa asturiana Duro Felguera, su expresidente Juan Carlos Torres y los ex viceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa por una serie de presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en el país caribeño.
La Fiscalía Anticorrupción pide nueve años y seis meses de cárcel, así como multa de 160 millones de euros, para el expresidente de Duro Felguera por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y un delito continuado de falsedad de documento mercantil, según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Agencias.
El Ministerio Público solicita que la empresa sea condenada también a 160 millones de multa e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante dos años por el delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
Para Villalobos –quien también está imputado en el ‘caso Leire Díez’–, la Fiscalía pide una condena de 8 años y 9 meses de prisión y multa de 3,6 millones de euros por tres delitos continuados de falsedad de documento mercantil y por otro de blanqueo de capitales. Por los mismos delitos, Anticorrupción solicita que Alvarado Ochoa sea condenado a 3 meses de cárcel y multa de 1,6 millones.
En el banquillo de los acusados también se sentarán las parejas de los exviceministros venezolanos, María Consuelo Pardí y Milagros Coromoto Torres, y el exCEO de Duro Felguera Ángel Antonio del Valle.
Fue en julio de 2023 cuando el juez instructor, Ismael Moreno, procesó a 12 personas y cuatro empresas. En cuanto a la docena de investigados, el magistrado apuntaba a presuntos delitos de corrupción internacional, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales por hechos que se remontan a 2009 cuando hubo «una gran crisis energética en Venezuela» que llevó a restricciones y una declaración de «emergencia eléctrica».
El instructor relató que, «como una de las soluciones para paliar dicha emergencia se decidió por la administración venezolana la construcción de la central termoeléctrica ‘Planta El Sitio’, en Santa Lucía (estado de Miranda)» con el objetivo de surtir a la Gran Caracas, con 4,5 millones de habitantes.
«Para la adjudicación de esa obra, el entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, consiguió que se designara a la empresa española Duro Felguera» y «ésta, a cambio, se comprometió a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos que determinaron dicha adjudicación», indicó.
Moreno detalló que, para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como unión temporal de empresas (UTE) Termocentro, que firmó «una serie de contratos con entidades y personas venezolanas que tenían por objeto encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos, para que se favorecieran los intereses de dicha mercantil».
En concreto, precisó que se pagaron al menos 105 millones de dólares a Villalobos a través de «sociedades interpuestas» a fin de que «éste usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de aquella mercantil».
El magistrado afirmó que fue ese «trato de favor» obtenido mediante presuntos sobornos lo que permitió que Duro Felguera consiguiera el contrato para la ejecución del proyecto Termocentro, valorado en 1.500 millones de dólares.
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