Asistentes sociales ayudan a mujeres a afrontar la violencia en Papúa Nueva Guinea
SÍDNEY – En la remota región de las Tierras Altas de Papúa Nueva Guinea (PNG), los trabajadores humanitarios son un salvavidas para las mujeres y niñas que enfrentan múltiples formas de violencia.
A pesar de años de programas de concientización y promoción, la incidencia de la violencia doméstica y sexual no disminuye. Pero Janet Kilea es una sobreviviente que confrontó el miedo y el estigma asociados con su experiencia y ahora dedica su energía a transformar la vida de otras mujeres.
“Me identifico con otras mujeres que atraviesan los desafíos que yo atravesé”, dijo a IPS Kilea, quien trabaja con comunidades de la montañosa provincia de Jiwaka para la organización médica humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF). “Necesito utilizar mi experiencia para defender y empoderar a las mujeres. Las mujeres deben salir adelante y no guardar silencio frente a la violencia de género”, agregó.
A nivel mundial, alrededor de 31,6 % de las mujeres fueron víctimas de violencia física o sexual, según informa la Organización Mundial de la Salud (OMS), frente a un estimado de 64 %, más del doble, en PNG, un país insular de Oceanía, situado al norte de Australia y con una población de unos 10 millones de habitantes.
Sin embargo, el abuso contra las mujeres, ya sea físico, psicológico o económico, constituye una preocupación a nivel mundial.
Afecta a mujeres y niñas tanto en países desarrollados como en desarrollo, y la OMS sostiene que la meta 2 del 5 Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), que busca eliminar ese abuso, está muy lejos de cumplirse y que, de mantenerse las tendencias actuales, no se alcanzará para 2030.
Además, en las Tierras Altas de PNG existen numerosas barreras para modificar las conductas que ponen en peligro la vida de las mujeres y para hacer llegar los servicios médicos y de apoyo a quienes los necesitan con urgencia.
La mayoría de la población vive en comunidades aisladas, dispersas en un vasto territorio escarpado, con bosques impenetrables, zonas de gran altitud de difícil acceso y profundos valles. Muchas personas no tienen acceso a caminos, mientras que los servicios estatales, incluida la aplicación de la ley, rara vez llegan más allá de las principales ciudades.
En todo el Pacífico, las mujeres y niñas de zonas rurales son particularmente vulnerables, ya que tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza que aquellas que residen en centros urbanos, según informa ONU Mujeres, y enfrentan creencias y prácticas tradicionales arraigadas que refuerzan las nociones de desigualdad de género.
El matrimonio polígamo, por ejemplo, aumenta en 24 % el riesgo de sufrir violencia de pareja, según el Banco Mundial.
En el Pacífico, “los hombres todavía ven a las mujeres y niñas como de su propiedad y creen que tienen derecho a controlarlas. Y hasta ahora no existen iniciativas lideradas por hombres para cambiar la situación”, dijo a IPS Colin Tukuitonga, profesor de Salud Pública de la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda.
“En la provincia de Jiwaka, se estima que 60 % de las mujeres y niñas sufren algún tipo de violencia”, dijo a IPS Frédérique Butez, coordinadora del proyecto de MSF en la provincia de Jiwaka.
Detalló que “en este momento solo hay un establecimiento operativo en la ciudad de Minj, un establecimiento que ofrece servicios de centros de apoyo familiar, que son servicios integrados dentro del sistema público de salud, con consultas médicas y primeros auxilios y apoyo directo. Luego se realizan derivaciones adecuadas a servicios de protección o legales, de acuerdo con las necesidades de la sobreviviente”.
El sufrimiento de las sobrevivientes puede ser enorme. Sus experiencias pueden haber involucrado armas, como cuchillos o machetes, y haber provocado dolor crónico, enfermedades de transmisión sexual, problemas de salud reproductiva, traumas graves o depresión.
También es fundamental brindar servicios de apoyo externos, ya que las mujeres con frecuencia enfrentan estigmatización y presiones dentro de sus familias y comunidades para no denunciar los abusos ante las autoridades.
Pero eso no ha disminuido la determinación de Kilea de generar un cambio. La violencia de género (VG) “es un tema muy delicado en nuestra cultura, es un tabú. Por eso, cuando vamos a las comunidades, hablamos con las mujeres sobre su vida cotidiana. Después hablamos sobre las causas profundas de la VG y comenzamos una conversación con las mujeres. Creamos un espacio para compartir experiencias”, explicó Kilea.
MSF también capacita a voluntarios de salud comunitaria, quienes son los primeros en responder y cuentan con la confianza de las comunidades. “Son el corazón del proyecto, porque son el punto de referencia dentro de cada comunidad para brindar los primeros cuidados esenciales. Son quienes permiten a las mujeres acceder al apoyo y la atención que necesitan”, dijo Butez.
Jiwaka es una provincia relativamente nueva, establecida en el territorio continental de PNG en 2012, y el gobierno provincial, que presta servicios a una población principalmente rural de unas 343.987 personas, todavía está desarrollando su alcance de servicios.
“En términos de la magnitud de las necesidades y los servicios, es bastante enorme”, dijo Butez.
Pero MSF, en asociación con la provincia de Jiwaka, utiliza sus conocimientos especializados y recursos para fortalecer las capacidades de los trabajadores de la salud locales y la capacidad de los servicios médicos y psicosociales, y para apoyar la planificación de políticas del gobierno.
La magnitud de las necesidades de salud pública también es reconocida a nivel nacional. La legislación, incluido el Código Penal y la Ley de Protección Familiar de 2013, prohíbe la violencia doméstica y la violencia contra mujeres y niños.
La estrategia de respuesta de PNG frente a la violencia de género promueve la tolerancia cero y establece objetivos como el desarrollo de una respuesta eficaz y la prestación de servicios a las personas afectadas, así como la ampliación de los programas de comunicación pública destinados a la prevención.
Algunos dirigentes políticos también se pronunciaron al respecto.
En marzo, el primer ministro James Marape dijo ante el Parlamento de PNG que “la violencia doméstica no es aceptada en nuestra sociedad. No puede golpearse el pecho como líder si maltrata a su esposa en casa. Simple. Punto”.
También sostuvo que el país “no progresará si se debilita el tejido fundamental de nuestra sociedad”.
Sin embargo, las mujeres todavía tienen dificultades para acceder a apoyo oportuno, mientras que la impunidad continúa siendo la norma para la gran mayoría de los agresores.
Una evaluación de avances realizada el año pasado por la Secretaría Nacional de Violencia de Género informó una disminución de la proporción de encuestados que presenciaron violencia doméstica en sus hogares, de 70 % en 2016 a 51 % en 2025.
Pero, en contraste, registró un aumento de 210 % en los casos denunciados de violencia contra las mujeres desde 1986 y un importante déficit en la implementación de los objetivos.
“Las estructuras de gobernanza siguen fragmentadas y carecen de recursos suficientes: solo cinco de las 22 provincias cuentan con secretarías de VG operativas y apenas 12 reciben financiamiento anual”, señala el informe, mientras que “el sistema de justicia les está fallando a las sobrevivientes, con tasas de condena por casos de VG de apenas 0,5 % en algunas regiones”.
“La implementación es un desafío en toda la región de las Islas del Pacífico”, enfatizó Tukuitonga. Un obstáculo es que los planes estratégicos suelen superar la capacidad presupuestaria de los gobiernos, y “el segundo problema es que a menudo no existen localmente las capacidades necesarias para implementar los planes de manera eficaz”.
Kilea, que cada día ayuda a mujeres y niñas que enfrentan situaciones que ponen en riesgo sus vidas, forma parte de los esfuerzos para abordar este último problema.
“Recuerdo a una mujer a la que ayudé, que tenía tres hijos varones y una hija. Su esposo la golpeaba con frecuencia y se quedaba con el dinero”, relató Kilea.
Ella no tenía ingresos ni trabajo. Además, era analfabeta y no había recibido educación, por lo que le resultaba muy difícil saber qué hacer. Pero Kilea pudo orientarla para que tuviera paciencia y se concentrara en sus hijos mientras buscaba oportunidades para alcanzar su independencia económica.
“Poco después se enteró de una oportunidad para realizar trabajo voluntario, que ahora se convirtió en un trabajo remunerado diario”, lo que le permitió dejar la relación abusiva en la que se encontraba y mudarse con sus hijos a un lugar más seguro.
A Butez le resulta alentador ver que el proyecto logra resultados y es bien recibido en la provincia. “Las comunidades realmente nos aceptan. Y, como organización, es muy importante que exista confianza con las comunidades, porque sin ella no podríamos trabajar”, dijo. “Es algo de lo que estamos realmente orgullosos”, agregó.
El trabajo de los humanitarios será fundamental ahora y en el futuro para abordar las dificultades y el sufrimiento que provoca la violencia de género, ya que la Secretaría de VG de PNG prevé que para 2046 esta podría afectar a hasta ocho millones de mujeres en el país.
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