El sector de la energía eólica marina pide certidumbre a la Unión Europea sobre el futuro de los proyectos
MADRID 9 Jun. (Agencias) –
Las compañías responsables de ejecutar los proyectos de energía eólica marina no confían plenamente en que la Unión Europea (UE) cumpla con sus objetivos de despliegue, de hecho tan solo un 7% de los ejecutivos del sector encuestados muestra su confianza plena, por lo que reclaman a las instituciones europeas que aseguren el desarrollo de los proyectos, según indica un nuevo informe del sector publicado por el ‘think tank’ GlobeScan.
La encuesta, que contiene entrevistas con altos directivos que representan aproximadamente el 85% de la capacidad eólica marina actualmente operativa y planificada en Europa, concluye que casi tres de cada cuatro personas encuestadas no otorga credibilidad a que la UE vaya a implementar los proyectos en tiempo y escala.
El documento argumenta que Europa ha incrementado sus esfuerzos para reforzar la autonomía estratégica, mejorar la seguridad energética y ampliar la producción de tecnologías limpias, por lo que ha aumentado los requisitos requeridos a las empresas para su actividad económica, unas normas que abarcan desde instrumentos comerciales hasta normas sobre ciberseguridad.
Así, las personas entrevistadas han mostrado un amplio apoyo a los requisitos de ciberseguridad y respaldan de forma condicionada mecanismos como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), siempre que su aplicación sea práctica y predecible.
Por el contrario, los altos ejecutivos ha determinado que medidas como requisitos de contenido local y las restricciones comerciales, pueden suponer un problema para las empresas debido a un aumento de costes en un contexto marcado por las presiones inflacionistas.
En esta línea, han identificado tres principales áreas en las que los proyectos se ven mas afectados como son las cadenas de suministro, los requisitos de contenido local y las restricciones comerciales.
Ante esta situación, el informe apuesta por acabar con medidas como aranceles e impuestos en defensa de la producción nacional para sobreponerse a la limitada disponibilidad de alternativas a corto plazo para componentes y servicios clave. Mientras que solicita un marco regulatorio más amplio que apueste por la certidumbre para la inversión y una ejecución ágil.
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