El Gobierno de Canarias trabaja en el primer decreto autonómico para regular los vertidos al mar
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jun. –
La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno canario trabaja en la elaboración del primer decreto autonómico que regulará los vertidos en el archipiélago, una herramienta normativa que prevé simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y dotar de mayor seguridad jurídica a las administraciones.
El proyecto normativo se encuentra actualmente en fase de consulta pública, un proceso abierto a la participación de la ciudadanía, entidades y organizaciones interesadas hasta el próximo 30 de junio a través del portal de participación del Gobierno de Canarias, según ha informado la Consejería en una nota.
La elaboración del decreto respondería a la necesidad de dar solución a una problemática que Canarias arrastra desde «hace años por no contar con un marco normativo propio» frente a la gestión de los vertidos al mar.
JUSTIFICACIÓN
Hasta ahora, el archipiélago disponía únicamente de normativa estatal general y de documentos orientativos sin carácter vinculante, una situación que generaba dificultades administrativas y una falta de homogeneidad en los procedimientos.
Recuerda la Consejería que en 2026 presentó la actualización del censo de vertidos de Canarias, un trabajo que permitió disponer por primera vez de una radiografía actualizada de la situación existente en el archipiélago.
«La actualización del censo fue imprescindible para conocer con precisión el punto de partida. Actuamos sobre el problema desde todos los ámbitos: mejorando el conocimiento, reforzando la planificación y dotándonos de nuevas herramientas normativas», ha señalado el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés.
BUSQUEDA DE HOMOGENEIDAD
La futura norma permitirá contar por primera vez con un procedimiento autonómico específico para la solicitud, tramitación y concesión de autorizaciones de vertido, definiendo de manera homogénea los límites de emisión, los mecanismos de control y seguimiento y las condiciones que deberán cumplir las autorizaciones.
«Estamos trabajando para mejorar la calidad ambiental de nuestras aguas costeras y para ofrecer una respuesta eficaz a una cuestión que preocupa a la ciudadanía y a las administraciones desde hace muchos años. Este decreto aportará mayor claridad, simplificará los procedimientos y reforzará las garantías de protección ambiental»,
La regulación prevé mejorar coordinación administrativa y facilitar el seguimiento de los vertidos autorizados para cumplir con los objetivos de calidad de las aguas y de conservación de los ecosistemas marinos.
SOBRE EL DECRETO
Entre los principales objetivos del decreto se encuentran la creación de un procedimiento autonómico para la concesión de autorizaciones de vertido, el canon de vertido, la regulación de su contenido y condiciones de control, el establecimiento de valores máximos homogéneos, la creación de un registro público de autorizaciones y la integración de estos procedimientos con las concesiones vinculadas al dominio público marítimo-terrestre.
Asimismo, la norma regulará los plazos y condiciones de revisión, renovación, caducidad y extinción de las autorizaciones, establecerá un régimen transitorio para adaptar las existentes y contribuirá a simplificar tanto los procedimientos de autorización como las labores de seguimiento e inspección.
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