18 noviembre 2026
La paradoja de la transición justa en la COP31: ¿dónde están los minerales críticos en las negociaciones?
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ANTALYA, Turquía – No se puede construir un aerogenerador, un vehículo eléctrico, una batería o una red solar sin minerales críticos. El litio, el níquel, el cobalto, el grafito y las tierras raras son tan esenciales para la transición hacia la energía limpia como la propia energía renovable.

Pero en la 31 Conferencia de las Partes (COP31) sobre cambio climático, en la ciudad turca de Antalya, donde los gobiernos están negociando cómo llevar a cabo una «transición justa» para abandonar los combustibles fósiles, los minerales críticos siguen estando prácticamente ausentes del foco de los debates.

Mientras los negociadores, concentrados en el Sector Azul de la cumbre climática, debaten sobre la equidad, el empleo y la descarbonización, otros países están forjando alianzas mineras, asegurando cadenas de suministro y cerrando acuerdos estratégicos sobre recursos al margen del proceso climático de las Naciones Unidas.

«Esta decisión sobre los minerales, al menos, está dando legitimidad a una historia diferente que hay que contar. Una historia en la que los derechos son importantes, en la que las voces de las comunidades son importantes y en la que el valor añadido es importante»: Annabella Rosemberg.

Esta desconexión plantea una cuestión fundamental: ¿puede considerarse justa la transición energética mundial si no aborda de dónde procederán los minerales, quién los controla y quién asume los costes medioambientales y sociales de su extracción?

Esa pregunta ocupa el centro de un debate emergente en la COP31. La transición hacia la energía limpia depende de una amplia expansión de la extracción de minerales, que se cocentran en el Sur global. Sin embargo, los sistemas de gobernanza necesarios para garantizar la equidad, la rendición de cuentas y la participación comunitaria siguen estando fragmentados e incompletos.

Joan Carling, lideresa de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional, advierte de que el actual impulso hacia una transición justa fracasará si no se sitúan los minerales críticos y los pueblos indígenas en el centro del neurágico tema. Imagen: Stella Paul / IPS

¿De quién son los minerales, de quién es el futuro?

Para los pueblos indígenas, el debate no es teórico.

Joan Carling, galardonada con el Premio Right Livelihood 2024 y directora ejecutiva de  Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (Ipri, en inglés), afirmó a IPS que la transición hacia una economía baja en carbono no debe realizarse a costa de las comunidades indígenas.

Según Carling, los territorios indígenas albergan aproximadamente 54 % de los yacimientos de minerales críticos para abandonar los combustibles fósiles. Esto convierte a las comunidades indígenas en un elemento central de la transición energética, independientemente de que se les incluya o no en las decisiones.

Carling reconoce un importante avance logrado en la COP30, celebrada hace un año en la ciudad amazónica brasileña de Belém, donde los negociadores reconocieron los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, los territorios, los recursos, la autodeterminación y el consentimiento libre, previo e informado. Fue un hito, afirma, pero el reconocimiento por sí solo no basta.

«Son nuestros recursos; serán nuestros minerales, y nuestras tierras se utilizarán para la transición. No estamos en la mesa de negociaciones. No somos quienes tomamos las decisiones», afirmó Carling en el Sector Verde, que concentra a decenas de miles de representantes de la sociedad civil, las empresas y los activistas climáticos.

Su preocupación va más allá de la representación. A medida que aumenta la demanda de minerales para la transición, teme que el mundo pueda simplemente sustituir un modelo extractivista por otro.

«Simplemente pasar del extractivismo de los combustibles fósiles a otro tipo de extractivismo, esta vez de minerales críticos», señaló.

Los principales minerales críticos son el litio, cobalto, cobre, niquel, grafito y los 17 elementos de las tierras raras, a los que se suman otros como aluminio, manganeso y cromo.

Las consecuencias de ese nuevo extractivismo de los minerales críticos, argumenta, ya son visibles en muchos territorios indígenas.

«Ya hemos visto el legado de la minería, que ha devastado por completo nuestros territorios, ha destruido nuestros medios de vida y nuestros sistemas alimentarios, y ha contaminado ríos y masas de agua», señaló.

Para Carling, la cuestión no es simplemente si debe llevarse a cabo la minería, sino quién tiene derecho a definir las condiciones en las que se lleva a cabo. Los pueblos indígenas, argumenta, siguen siendo tratados principalmente como partes interesadas a las que consultar, en lugar de como titulares de derechos con autoridad para tomar decisiones.

A medida que se acelera la demanda mundial de minerales críticos, muchos líderes indígenas temen que los objetivos climáticos puedan convertirse en la última justificación para imponer proyectos a las comunidades sin una participación significativa.

En ese escenario, la transición podría reducir las emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero, pero al mismo tiempo reproduciría patrones arraigados de exclusión y extractivismo.

Los participantes debaten sobre los mecanismos de transición justa en el pabellón de la Transición Justa de la COP31 en la costera ciudad turca de Antalya, en el borde del Mediterráneo. Imagen: Stella Paul / IPS

Una disputa sobre el significado de «justa»

Dentro de las negociaciones de la COP31, los defensores de esta causa trabajan para garantizar que la transición no se debata únicamente en términos técnicos o económicos.

Aunque los minerales críticos están prácticamente ausentes del borrador de la declaración política, no han desaparecido por completo de los debates.

Los negociadores de la COP31 están trabajando actualmente para establecer un Mecanismo de Transición Justa destinado a ayudar a los países a traducir los compromisos generales en acciones prácticas, en una cumbre climático que el país anfitrión ha definido como la de la implementación.

Se espera que este mecanismo sea uno de los principales resultados de la COP31, lo que hace que los debates sobre derechos, participación y valor añadido cobren especial importancia para las comunidades productoras de minerales.

Annabella Rosemberg, asesora principal sobre transición justa en la Red de Acción Climática (CAN, en inglés), afirma que el Mecanismo de Transición Justa, aún en desarrollo, incluye referencias a la extracción de minerales, los derechos de los pueblos indígenas, la participación local y el valor añadido.

Para Rosemberg, sin embargo, el mayor reto es garantizar que la justicia social reciba la misma atención que el despliegue tecnológico.

«Se habla mucho más de electrificación que de transición justa», afirmó. «Lo que hay que reequilibrar no es solo hablar de objetivos, sino también de cómo situamos a las comunidades en el centro», consideró.

Sostiene que las negociaciones climáticas aún pueden desempeñar un papel importante al legitimar modelos de desarrollo alternativos que sitúan a las comunidades locales, los derechos de los pueblos indígenas y los beneficios económicos equitativos en el centro de la transición.

«Esta decisión sobre los minerales, al menos, está dando legitimidad a una historia diferente que hay que contar», señaló Rosemberg. «Una historia en la que los derechos son importantes, en la que las voces de las comunidades son importantes y en la que el valor añadido es importante», agregó.

No obstante, advierte de que los avances en la redacción no se traducen automáticamente en acciones.

«Estamos consiguiendo una redacción excelente sobre la transición justa», afirmó la responsable de CAN. «Pero necesitamos algo con fuerza para que se haga realidad», remarcó.

Ese reto está presente en muchos de los debates de la COP31. Los negociadores coinciden cada vez más en principios generales, pero la implementación sigue siendo incierta.

Sin instituciones más sólidas, mecanismos de rendición de cuentas más claros y un apoyo financiero específico, los defensores de la inicitiva temen que los compromisos con la justicia puedan seguir siendo, en gran medida, meras aspiraciones.

El riesgo, según Rosemberg, es que las comunidades sean testigos de interminables consultas, informes y declaraciones políticas, mientras las decisiones siguen tomándose en otros lugares.

El ministro de Medio Ambiente de Japón, Hiroyoshi Sasagawa, habla sobre la innovación y el intercambio de conocimientos para aplicar las decisiones climáticas en la COP31. Imagen: Stella Paul / IPS

Los países productores buscan una mayor participación

El debate va más allá de las comunidades indígenas y se extiende a los países de los que se espera que suministren los minerales necesarios para la transición energética.

Brasil, por ejemplo, posee importantes reservas de grafito, níquel, litio, niobio y tierras raras. En septiembre de 2026, el país adoptó una Política Nacional sobre Minerales Críticos y Estratégicos y creó un consejo específico dependiente de la Presidencia, lo que pone de manifiesto un creciente reconocimiento de la importancia estratégica del sector.

«No hay transición energética sin minería», afirmó Gabriella Salazar, especialista brasileña en derecho minero.

A medida que crece la demanda de minerales, países como Brasil se enfrentan a un dilema ya conocido. Poseen los recursos que necesitan las economías industrializadas, pero corren el riesgo de seguir siendo meros proveedores de materias primas, mientras que las actividades de fabricación y transformación de mayor valor se llevan a cabo en otros lugares.

Salazar sostiene que los países productores deberían tener la oportunidad de captar una mayor parte del valor económico generado por la transición.

«Mi sugerencia sería que los resultados de la COP31 sobre la transición justa reconocieran formalmente los minerales críticos como parte integral de la cadena de suministro de la transición energética», señaló.

Según ella, dicho reconocimiento podría ayudar a desbloquear la inversión, la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades que permitirían a los países productores ir más allá de la extracción y avanzar hacia el refinado, el procesamiento y la fabricación.

La cuestión del valor añadido se ha convertido en un tema recurrente entre los países en desarrollo. Muchos gobiernos consideran la transición hacia la energía limpia no solo como una necesidad medioambiental, sino también como una oportunidad potencial de desarrollo.

Que esa oportunidad se materialice o no puede depender de cómo se estructuren las futuras cadenas de suministro y de quién obtenga los mayores beneficios económicos.

La COP debate, la ASEAN actúa

El debate se ha extendido ahora más allá de las negociaciones de la COP31.

Mientras los negociadores en Antalya debaten los principios de una transición justa, los gobiernos de otros lugares están tomando medidas para garantizar el acceso a los minerales necesarios para impulsarla.

El 17 de noviembre, los líderes de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean) se reunieron en Manila en su 46 cumbre y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anticipó que esperaba que los minerales críticos figuraran entre los temas a debatir.

Sin embargo, a diferencia de la inteligencia artificial y la cooperación económica regional, los minerales críticos no ocuparon un lugar destacado en la declaración oficial de resultados de la cumbre.

Esa ausencia refleja una tendencia más amplia. En lugar de abordarse a través de un marco multilateral específico, las cuestiones relativas a la seguridad de los minerales, la capacidad de procesamiento y la resiliencia de la cadena de suministro se tratan cada vez más mediante debates regionales, acuerdos bilaterales y alianzas estratégicas.

Un análisis del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, en inglés) de más de 200 acuerdos comerciales y económicos recientes reveló que 139 contenían disposiciones sobre minerales críticos, lo que pone de relieve cómo la diplomacia mineral avanza en gran medida al margen del proceso climático de la ONU.

Entre ellos se encuentra el acuerdo entre Francia y Malasia sobre cooperación en materia de minerales críticos, firmado antes de la COP31, cuyo objetivo es reforzar la colaboración en las cadenas de suministro, el procesamiento y la inversión en el sector minero.

Los minerales críticos también han ocupado un lugar destacado en los debates entre los países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad, en inglés), conformado por Australia, Estados Unidos, India y Japón, lo que refleja la creciente preocupación por el acceso a los recursos necesarios para la transición energética.

El contraste con la COP31 es llamativo. Mientras los negociadores en Antalya se centran en la reducción de emisiones, la financiación climática y los principios de una transición justa, muchas de las decisiones prácticas que dan forma a las futuras cadenas de suministro de minerales se están tomando cada vez más en otros foros.

El resultado es una brecha de gobernanza cada vez mayor. Los negociadores climáticos debaten cómo debería ser una transición justa, mientras que la arquitectura de la economía de los minerales críticos está tomando forma al margen del proceso de la COP.

El marco normativo global que falta

Esa fragmentación preocupa a Michael Franczak, investigador de gobernanza económica en el Centro de Investigación de Políticas de la Universidad de las Naciones Unidas  y coautor del reciente informe «Gobernanza de los minerales críticos: impulsar la cooperación global en un panorama fragmentado».

«Puede que los minerales críticos no figuren en la agenda oficial de la COP31, pero están presentes en todo», afirmó Franczak.

Según Franczak, actualmente no existe una única institución que regule la intersección entre la minería, la energía, el comercio, la inversión, la estrategia industrial y el desarrollo. Sin embargo, todos estos sectores influyen cada vez más en el éxito o el fracaso de la transición energética mundial.

La ausencia de un marco global obliga a los países, las comunidades y las empresas a desenvolverse en un panorama en rápida evolución, marcado por instituciones que se solapan y prioridades que compiten entre sí.

En lugar de abogar por un único tratado nuevo, Franczak defiende un enfoque más pragmático basado en una mayor coordinación entre las organizaciones existentes.

Un sistema de este tipo, aduce, podría mejorar la transparencia, reforzar las normas, ampliar la participación de los países productores y crear mecanismos para abordar retos transfronterizos que ninguna institución puede gestionar por sí sola.

El objetivo, argumenta, no es frenar la transición energética, sino garantizar que se desarrolle de manera justa, predecible y responsable.

Sin esa coordinación, el mundo corre el riesgo de repetir los errores que desde hace tiempo han caracterizado la extracción de recursos a escala mundial, donde la riqueza se acumula lejos de los lugares donde se extraen los recursos.

Una carrera contra el tiempo

Cuando la COP31entra en su fase decisiva, ya que sus negociaciones deben concluir el viernes 20 tras dos semanas de la cumbre anual,  la cuestión a la que se enfrentan los negociadores ya no es si los minerales críticos son importantes para la transición energética.

La cuestión es si la gobernanza global puede ponerse al día con una carrera por los minerales que se acelera rápidamente antes de que las desigualdades se arraiguen en los cimientos de la economía verde.

Para las comunidades indígenas, el reto consiste en garantizar que se respeten sus derechos y que el consentimiento sea significativo.

Para los países productores, se trata de asegurarse una parte justa de las oportunidades económicas generadas por la transición. MIentras, para los responsables políticos, se trata de diseñar instituciones capaces de vincular los objetivos climáticos con el comercio, el desarrollo y la gobernanza de los recursos.

La transición energética puede ser esencial para hacer frente al cambio climático, pero los expertos advierten de que su legitimidad dependerá, en última instancia, de cómo se distribuyan sus beneficios y cargas.

Mientras los gobiernos se apresuran a construir la economía de la energía limpia, Franczak advierte que no hay que dar por sentado que las tecnologías más limpias producen automáticamente resultados más justos.

«Sin mejores normas y una cooperación más sólida, corremos el riesgo de repetir un viejo patrón: los recursos se extraen en los países en desarrollo, mientras que gran parte del valor económico se capta en otros lugares y las comunidades locales asumen los costes medioambientales y sociales», advierte el académico.

T: MF / ED: EG

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