La Síndica de Greuges pide convertir el comedor escolar en derecho subjetivo para reforzar su acceso
BARCELONA, 12 Nov. Agencias –
La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha reclamado este jueves convertir el comedor escolar en un derecho subjetivo garantizado que no dependa de las disponibilidades presupuestarias, tras constatar que el 30% del alumnado vulnerable continúa sin acceder al servicio ni a las ayudas, ha informado la Sindicatura en un comunicado.
Según un informe presentado este jueves, las becas cubren actualmente al 69% de los alumnos en riesgo de pobreza, pese a que el número de beneficiarios se ha triplicado en los últimos quince años (de 65.000 en el curso 2010/2011 a más de 205.000 en el 2025/2026) y la inversión ha pasado de 33,2 a 250 millones de euros anuales.
El estudio alerta de que la educación secundaria obligatoria (ESO) es la gran asignatura pendiente, ya que la cobertura de las ayudas cae hasta el 26,9% frente al 91,3% en infantil y primaria, debido en parte a que más de la mitad de los institutos públicos carecen de comedor o cantina tras implantarse la jornada compactada.
Asimismo, el informe señala desigualdades entre centros públicos y concertados, puesto que en estos últimos el precio medio del servicio es sensiblemente superior y obliga a algunas familias a asumir parte del coste incluso contando con becas del 100%.
También identifica barreras administrativas y colectivos infraatendidos, como familias en situación irregular sin datos fiscales, progenitores separados cuyos ingresos se computan conjuntamente, menores tutelados o alumnado con necesidades educativas especiales sin apoyos suficientes, además de diferencias territoriales según la capacidad de los servicios sociales locales.
Ante este diagnóstico, Giménez-Salinas plantea sustituir la normativa vigente desde 1996 por un nuevo decreto que reconozca el comedor como un derecho subjetivo y extender el servicio a todos los institutos con independencia del modelo de jornada, adaptando el espacio de mediodía a los adolescentes.
Finalmente, pide garantizar la gratuidad real para el alumnado vulnerable sin costes adicionales, ampliar las ayudas al primer ciclo de educación infantil y a centros de educación especial, discriminar positivamente a los menores tutelados, reforzar el personal de apoyo y simplificar los trámites burocráticos.
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