La Cámara de España plantea más de un centenar de propuestas económicas de cara a las elecciones

MADRID 12 Nov. (Agencias) –

La Cámara de Comercio de España ha presentado a las formaciones políticas su agenda de política económica y empresarial de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con el objetivo de impulsar la productividad, la inversión, la competitividad y el empleo durante la próxima legislatura.

«Las empresas son la verdadera columna vertebral del país, como creadoras de empleo y de bienestar social. Defendemos, por ello, un entorno estable y previsible que favorezca su desarrollo y tenga especialmente en cuenta la realidad de las pymes y microempresas, que son el 99% del tejido productivo», ha subrayado el presidente de la institución, José Luis Bonet.

El documento reúne 110 propuestas, con 18 actuaciones prioritarias. Las iniciativas parten de un diagnóstico que reconoce el crecimiento de la actividad y el empleo en España, pero advierte de problemas estructurales que limitan la convergencia con las economías europeas más avanzadas, tales como la evolución de la productividad, las barreras al crecimiento empresarial, los desajustes de cualificaciones, la complejidad regulatoria y las necesidades de inversión en innovación, energía, agua e infraestructuras.

Para favorecer la escala y la continuidad de las compañías viables, la Cámara plantea revisar sistemáticamente los umbrales regulatorios que dificultan el crecimiento empresarial, impulsar la cooperación entre empresas y mejorar el acceso de las pymes a mecanismos de mediación, arbitraje mercantil, reestructuración y segunda oportunidad.

Además, ve necesario programar una financiación empresarial estable tras el fin del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, diversificar las fuentes de financiación y capital, simplificar el acceso de las pymes a los instrumentos públicos y promover una estrategia integral que aborde el absentismo laboral.

En el ámbito tributario, aboga por una fiscalidad estable, neutral y sometida a evaluación periódica, junto a una Administración pública más productiva, exigiendo que toda reforma defina con claridad su finalidad y analice sus efectos recaudatorios, empresariales y distributivos.

En concreto, propone una estrategia tributaria plurianual que evalúe conjuntamente la imposición sobre el trabajo y las cotizaciones sociales -según nivel salarial, tamaño de empresa y modalidad de empleo- y revise las cargas fiscales de las distintas administraciones que penalizan las infraestructuras digitales.

A ello suma la exigencia de una política permanente de mejora regulatoria y simplificación administrativa que rediseñe los procedimientos con mayores cargas, aplique de forma efectiva el principio de «solo una vez» -para evitar que empresas y ciudadanos aporten datos o documentos que ya obran en poder de la Administración-, refuerce la unidad de mercado y mejore la evaluación del impacto de las normas sobre las empresas, especialmente las pymes.

Ante la escasez de personal cualificado -señalada como un condicionante por el 38,5% de las empresas en el Estudio de Clima Empresarial 2026 de la institución-, la Cámara reclama agilizar la adaptación de la oferta formativa a las capacidades que demandan las compañías, consolidar una Formación Profesional dual y una Formación Dual Universitaria de calidad y accesibles para las pymes, reforzar la orientación académica y profesional, orientar la formación continua hacia competencias y resultados verificables y anticipar la transformación de tareas y perfiles asociada a la inteligencia artificial y la digitalización.

Respecto a la digitalización, pide pasar de la mera adquisición de tecnología a su integración real en los procesos, la organización y la toma de decisiones para mejorar la productividad, la calidad y la competitividad.

Para ello, propone consolidar las infraestructuras y capacidades digitales, reforzar la ciberresiliencia empresarial, facilitar un uso seguro e interoperable de los datos, vincular los apoyos públicos a la adopción responsable de la inteligencia artificial con resultados verificables e impulsar la transferencia tecnológica y la cooperación entre empresas y centros de conocimiento.

En política energética, defiende una transición eficiente compatible con la seguridad de suministro y la competitividad empresarial, aprovechando la creciente disponibilidad de energía limpia mediante el buen funcionamiento del sistema eléctrico y la modernización de redes, almacenamiento e interconexiones.

En infraestructuras, propone priorizar su utilidad, fiabilidad y coste a lo largo de todo su ciclo de vida, reforzar el mantenimiento preventivo de las redes existentes y acelerar los corredores europeos, los nodos intermodales, los puertos y el ferrocarril de mercancías, además de reforzar la seguridad hídrica y la planificación por cuencas, anticipar los riesgos climáticos y facilitar la adaptación empresarial.

Frente a un escenario internacional más incierto, la institución rechaza el proteccionismo y apuesta por una política exterior empresarial basada en la apertura y la diversificación de mercados y proveedores para reducir dependencias críticas y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro.

Asimismo, plantea aprovechar mejor el mercado único, la política comercial europea y los acuerdos comerciales vigentes, favorecer alianzas para acceder a mercados y licitaciones internacionales y aprobar una estrategia estable de influencia española en la elaboración de las políticas económicas de la Unión Europea.

Finalmente, el documento incluye medidas específicas para cuatro sectores: un marco plurianual para reforzar las capacidades productivas y obtener resultados en la industria; favorecer la modernización y una transición digital y sostenible proporcionada para los pequeños establecimientos del comercio; ejecutar y evaluar la Estrategia España Turismo 2030 primando el valor generado, la productividad y la resiliencia de los destinos; e incrementar la productividad, impulsar la innovación, diversificar mercados y reforzar la capacidad de adaptación del sector agroalimentario ante riesgos climáticos, energéticos, hídricos y de suministro.

Como criterio transversal, la Cámara de España y la red cameral reclaman políticas estables y coordinadas con mecanismos de seguimiento y evaluación, ofreciendo su colaboración público-privada a las Administraciones públicas para desarrollar esta agenda.

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