La ONU insta a Malasia detener la repatriación de rohinyás
GINEBRA – El gobierno de Malasia debe detener la repatriación a Myanmar de personas de la etnia rohinyá, porque allí corren riesgo de persecución, tortura u otras violaciones graves de sus derechos humanos, planteó este jueves la experta designada de las Naciones Unidas para el país del que huyeron, Kelley E. Currie.
“Me preocupa profundamente que el gobierno de Malasia haya comenzado a repatriar a 5000 ciudadanos de Myanmar, entre ellos mujeres y niños, en el marco de un supuesto «programa de repatriación voluntaria» acordado con las autoridades militares de Myanmar”, declaró Currie, abogada y diplomática estadounidense.
Pidió a Malasia “respetar el principio de no devolución e impedir el retorno de personas a situaciones en las que se enfrentan a un riesgo real de persecución”.
“En mi opinión, el riesgo de devolución en las circunstancias actuales es considerable”, añadió Currie, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza,
Según la información disponible, Malasia comenzó a repatriar al primer grupo de 1476 personas el pasado 29 de septiembre de 2026. Según Europa Press de la ONU, los rohinyás son dos tercios de los 190 000 refugiados de Myanmar en Malasia.
En Myanmar, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, los rohinyá son una etnia minoritaria, de confesión musulmana, radicada principalmente en el occidental estado de Rajine y que ha sufrido persecución por parte del ejército y grupos violentos de la etnia mayoritaria birmana.
Más de un millón de rohinyás huyeron desde 2017 a la vecina Bangladés, donde sobreviven en campamentos insalubres, y otros miles han escapado a los países vecinos: Tailandia, Indonesia y Malasia.
Entretanto, el estado de Rajine y otras regiones de frontera son escenario de una confrontación armada entre grupos insurgentes y el ejército de Myanmar, que tomó el poder en febrero de 2021 y este año efectuó unas cuestionadas elecciones que convirtieron al jefe militar Min Aung Hlaing en presidente.
“El conflicto armado en curso y la violencia generalizada en Rajine, incluidas las violaciones sistemáticas contra la población rohinyá por todas las partes, indican que no se dan las condiciones necesarias para un retorno seguro, digno, sostenible y verdaderamente voluntario de los refugiados”, dijo Currie.
Por otra parte, “las condiciones de los campamentos de desplazados internos en Rajine, bajo el control efectivo de las autoridades militares, han empeorado hasta niveles de privación inimaginables”.
Las autoridades militares “siguen restringiendo el acceso a la asistencia humanitaria independiente, así como a la verificación y el seguimiento de las condiciones sobre el terreno, incluidas las de las personas que puedan ser repatriadas”, agregó.
Citó como ejemplo “el atroz ataque aéreo perpetrado por el ejército” de Myanmar el 28 de septiembre contra el Mercado de la India, un concurrido mercado en la aldea de Pike Thae, en Rajine, del cual se reportó la muerte de más de 50 civiles, y muchos más resultaron heridos.
La organización Médicos Sin Fronteras informó que al menos 60 supervivientes, entre ellos mujeres y niños, quedaron mutilados o con quemaduras graves.
Currie dijo que “ante la previsión de que el número de víctimas mortales aumente, es urgente dejar de normalizar y legitimar las implacables y brutales violaciones del derecho internacional cometidas por las fuerzas armadas que utilizan bombarderos de ala fija para atacar a civiles”.
“Recuerdo a las autoridades militares de Myanmar su obligación de proteger a la población civil en virtud del derecho internacional aplicable en los conflictos armados”, añadió.
También la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) expresó su preocupación por la devolución a Myanmar de cerca de 1500 personas, “algunas de las cuales podrían necesitar protección internacional”.
“Aunque las autoridades afirman que los retornos son voluntarios, las personas devueltas se encontraban bajo detención migratoria. Eso plantea serias dudas sobre si las decisiones de regresar fueron realmente libres e informadas”, dijo Edem Wosornu, alta comisionada auxiliar para la protección en Acnur.
Wosornu precisó que Acnur no tuvo acceso a las personas repatriadas para poder evaluar su situación, y “nos preocupan estas devoluciones. Las personas enviadas de vuelta a Myanmar pueden enfrentarse a graves riesgos”, concluyó.
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