19 noviembre 2026
El Caribe necesita que la COP31 garantice financiación climática accesible, asequible y coherente
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ANTALYA, Turquía – En los cinco años transcurridos desde que las negociaciones climáticas de la COP26 de la ONU instaron a duplicar la financiación para la adaptación, se han perdido unas 3610 vidas y otras 6,5 millones de personas se han visto afectadas por inundaciones, huracanes, sequías e incendios forestales en todo el Caribe.

Detrás de estas estadísticas hay personas, familias y comunidades reales: un sostén de la familia que ha perdido la vida; una familia desplazada de un hogar que tardó décadas en construirse; un niño cuya educación se ve interrumpida cuando su colegio se convierte en un refugio de emergencia; o una pequeña empresa que nunca vuelve a abrir tras una inundación o un huracán.

La región no solo se ve afectada de manera desproporcionada por los riesgos climáticos, sino que la intensidad de los fenómenos climáticos extremos está aumentando, lo que da lugar a una brecha cada vez mayor en la financiación climática.

La última advertencia del Instituto Caribeño de Meteorología e Hidrología (CIMH) es inequívoca: el calor persistente, la reducción de las precipitaciones, la sequía y la creciente presión sobre los recursos hídricos son cada vez más pronunciados.

El autor, Daniel M. Best

A diferencia de los huracanes, la sequía y el calor extremo no se anuncian con un único momento de llegada a tierra. Se intensifican gradualmente, ejerciendo una presión sostenida sobre las comunidades, las economías y los servicios públicos.

El riesgo climático, por lo tanto, no es simplemente una preocupación medioambiental; es un reto fundamental para el desarrollo.

Los bancos multilaterales de desarrollo tienen un papel importante que desempeñar a la hora de garantizar un futuro resiliente, pero debemos trabajar juntos para reducir la fragmentación de las ayudas y, al mismo tiempo, impulsar la innovación financiera.

Con este fin, el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB) está desarrollando una plataforma regional de países con el Fondo Verde para el Clima y un mecanismo de canje de deuda con múltiples garantes junto con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Centroamericano para el Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Asimismo, está ampliando su capacidad de concesión de préstamos mediante un Acuerdo de Intercambio de Exposición con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una garantía de crédito del gobierno de Canadá por valor de 400 millones de dólares estadounidenses y un mecanismo pionero de capital contingente para crear capital de nivel 2 que permita financiar préstamos adicionales.

Pero los bancos multilaterales de desarrollo no pueden garantizar por sí solos un futuro resiliente al cambio climático. Al seguir el desarrollo de la31 Conferencia de las Partes (COP31) sobre cambio climático, que se celebra en Antalya, Turquía hasta este viernes 20, hay tres prioridades que me gustaría que se impulsaran.

En primer lugar, los debates en las negociaciones climáticas de la COP31 de las Naciones Unidas de este año deben pasar de las promesas a la materialización de la financiación para la adaptación.

Se estima que la financiación para la adaptación tendría que multiplicarse por seis para satisfacer las necesidades de las naciones del Caribe y otros pequeños Estados insulares en desarrollo (Peid).

El compromiso del año pasado de triplicar la financiación para la adaptación fue bien recibido, pero la verdadera medida del éxito será si los países pueden acceder a los recursos necesarios para fomentar la resiliencia sobre el terreno.

Esto reviste especial importancia ahora que los países tratan de plasmar sus estrategias y compromisos climáticos en proyectos aptos para la inversión que apoyen ciudades resilientes al clima, refuercen la seguridad alimentaria, protejan los océanos y los ecosistemas costeros, y construyan sistemas sanitarios capaces de resistir las crisis climáticas.

En segundo lugar, los negociadores deberían presionar para que la arquitectura global de financiación climática evolucione hasta ser más accesible, asequible y sensible a la vulnerabilidad.

Aproximadamente la mitad de los miembros prestatarios del Banco tienen ratios de deuda sobre el producto interno bruto () superiores al 60 %, lo que los sitúa en riesgo de sobreendeudamiento.

El programa del Fondo Especial de Desarrollo del Banco de Desarrollo de la Cumbre de las Américas (CDB), dotado con 460 millones de dólares  —nuestro mayor programa de préstamos en condiciones favorables y subvenciones—, junto con nuestra acreditación a instituciones que proporcionan subvenciones y créditos en condiciones favorables, prestan apoyo a la región, pero es necesario poner a disposición más recursos.

Igualmente importante es la forma en que se determina la elegibilidad para acceder a estos recursos en condiciones favorables. Deberían adoptarse criterios que incorporen de forma más explícita la vulnerabilidad, ya que se ajustan mejor, tanto en la práctica como en la teoría, a los riesgos reales a los que se enfrentan los pequeños Estados.

Los países necesitan contar con mecanismos de financiación antes de que se produzcan los desastres. Los seguros, el crédito contingente y las cláusulas de suspensión del pago de la deuda pueden desempeñar funciones complementarias.

Los seguros pueden transferir riesgos específicos; el crédito puede proporcionar liquidez; y una suspensión de pagos puede dar un respiro. Estos beneficios deben sopesarse frente a los costes y las futuras obligaciones de reembolso.

Por último, las negociaciones deberían centrarse en mantener al alcance el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 °C para evitar fenómenos climáticos extremos aún peores. Cada fracción de grado importa y tiene profundas implicaciones para nuestras comunidades, nuestras economías y, en algunos casos, nuestra propia existencia.

Alcanzar ese objetivo requerirá una transición más rápida hacia las energías limpias, medidas concretas para reducir las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero, y una inversión sostenida en la producción y el consumo sostenibles. El mundo debe cerrar la brecha entre la ambición y la acción.

La prueba a la que nos enfrentamos ya no es si comprendemos los riesgos. Los comprendemos. La cuestión es si sabremos hacer coincidir la urgencia del desafío con la ambición de nuestra respuesta.

Para las naciones vulnerables, el retraso conlleva un coste que no se mide en dólares, sino en vidas, medios de subsistencia y avances perdidos en materia de desarrollo. Las decisiones que se tomen en la COP31 tendrán repercusiones mucho más allá de las salas de negociación, y determinarán la resiliencia y la prosperidad de las comunidades durante las próximas décadas.

T: MF / ED: EG

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