Cada vez mayor el deterioro de los derechos humanos en Myanmar
GINEBRA – La situación de los derechos humanos en Myanmar ha caído a mínimos históricos, en particular por los brutales abusos contra minorías como los rohinyá y el impacto devastador de economías ilícitas como la minería de tierras raras, señaló un nuevo informe de las Naciones Unidas.
La oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos (Acnudh) presentó este martes 25 un nuevo informe (junio de 2025-mayo de 2026) sobre cómo “la violencia implacable y la economía de conflicto se combinan para exponer a la población civil a una miseria incalculable”.
El documento afirma que “la persistente búsqueda de control y legitimidad por parte de las fuerzas armadas no ha hecho sino agravar el sufrimiento y las amenazas a la vida de la población civil en materia de protección y asistencia humanitaria”.
“Las tácticas militares destinadas a infundir miedo y control, facilitadas por el uso de nuevas tecnologías para ampliar la vigilancia, impregnan todos los aspectos de la vida” en ese país del sudeste asiático, de 55 millones de habitantes, también conocido por su antiguo nombre de Birmania.
En febrero de 2021 los militares desalojaron del poder a la Liga Nacional por la Democracia (LND), de la premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi, encarcelaron a miles de civiles opositores y reprimieron fuertemente las protestas contra el golpe de Estado.
Surgieron luego grupos rebeldes que tomaron las armas contra los militares, especialmente en las provincias de frontera, entre ellos el Ejército Arakan, que domina buena parte de la noroccidental provincia de Rajine, limítrofe con Bangladés.
En esa zona habita la etnia rohinyá, de confesión musulmana por contraste con la mayoría budista del país. Los rohinyá son perseguidos desde hace una década, más de un millón de ellos cruzaron la frontera hacia Bangladés en 2017, y continúan huyendo, incluso en peligrosas travesías marítimas.
El informe de Acnudh relieva los actos de violencia militar contra la población civil, y señala el uso persistente de ataques aéreos, incendios provocados, desplazamientos forzosos y la denegación de asistencia.
Pero en la persecución de los rohinyá participan tanto el ejército regular como la insurgencia Arakan, señala el informe divulgado por Acnudh en esta ciudad suiza.
En todo el norte de Rajine “el Ejército Arakan ha perpetrado arrestos arbitrarios, torturas, violencia sexual y de género, casos de desaparición forzada, trabajos forzados y reclutamiento, confiscación ilegal de tierras y propiedades residenciales, y la destrucción de aldeas, lugares religiosos y culturales”, afirma el informe.
“Los niños son utilizados sistemáticamente para el trabajo infantil; testigos describen a trabajadores de tan solo seis años de edad desbrozando la selva, construyendo edificios y realizando trabajos forzados para familias rajine. Un niño fue obligado a retirar los huesos y cráneos de las víctimas de una masacre”, agrega el documento.
Según datos recogidos por Agencias de la ONU la campaña militar contra las insurgencias y la represión de las minorías en el norte birmano desde 2021 causó la muerte de al menos 8000 civiles, entre ellos más de 1700 mujeres y más de 1000 niños, con la advertencia de que las cifras de víctimas pueden ser mucho mayores.
El ejército de Myanmar declaró que efectuó ataques aéreos limitados contra objetivos militares en respuesta a la toma violenta de pueblos y aldeas por parte de insurgentes a los que describe como grupos terroristas.
Según fuentes de la ONU, el desplazamiento interno debido a los conflictos ya supera los 3,5 millones de personas, más de 12 millones se enfrentan al hambre aguda, y en estado de desnutrición severa hay al menos 400 000 madres y niños.
En el terreno de la política formal, los militares organizaron a comienzos de este año unas cuestionadas elecciones parlamentarias que entregaron la mayoría a los seguidores del gobierno militar e hicieron que el general Min Aung Hlaing asumiese como presidente del país.
El informe también destacó la rápida expansión de la minería ilegal de tierras raras en los nororientales estados de Kachin y Shan, fronterizos con China, donde el colapso del estado de derecho alimenta industrias ilícitas que financian el conflicto.
Imágenes satelitales mostraron 302 nuevos yacimientos mineros en Kachin desde 2021, y un aumento en Shan, pasando de 12 antes del golpe de Estado a 85 después.
El mercado chino sería el principal destino de esa producción, que en 2023 fue estimada en 1400 millones de dólares y, entretanto, genera vertidos tóxicos que han contaminado ríos y tierras de cultivo, contribuyendo a abortos y enfermedades.
La contaminación también ha llegado a los ríos que desembocan en Tailandia, donde los análisis detectaron niveles elevados de arsénico, plomo, mercurio y manganeso.
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