El Ministerio estima en 22.611 millones el presupuesto en políticas de igualdad entre 2026 y 2029
MADRID, 10 Nov. –
El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes, 10 de noviembre, el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (IV PEIEMH), una hoja de ruta que el Gobierno considera «esencial» para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres hasta 2029 y valora en 22.611 millones de euros el gasto estatal vinculado.
Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el IV PEIEMH «da continuidad a los anteriores planes estratégicos de igualdad, consolida los avances alcanzados e incorpora nuevas respuestas ante las formas de desigualdad y discriminación que han adquirido especial relevancia en los últimos años».
El plan se articula en torno a cuatro ejes estratégicos: gobernanza y acción política; economía, empleo y reorganización de los cuidados; derechos efectivos para las mujeres; y lucha contra la violencia machista.
Estos ejes se concretan a su vez en 16 líneas de intervención, 34 objetivos específicos y más de 750 medidas, que permiten trasladar las prioridades de igualdad a actuaciones concretas en los distintos ámbitos de la Administración General del Estado.
En cumplimiento del mandato establecido en la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el plan establece un marco común para orientar y coordinar la actuación de los departamentos ministeriales e incidir en la incorporación de la igualdad de forma transversal al conjunto de las políticas públicas.
«El IV Plan Estratégico responde a dos grandes prioridades: consolidar y reforzar las políticas públicas de igualdad desarrolladas en los últimos años y avanzar en nuevas respuestas institucionales frente a los desafíos emergentes y las nuevas formas de desigualdad y discriminación contra las mujeres», ha señalado Igualdad.
Entre las principales novedades destaca, en primer lugar, el reconocimiento y abordaje de la violencia económica, incorporando medidas específicas vinculadas a la autonomía económica de las mujeres, la garantía del pago de alimentos, la prevención de la pobreza y la mejora del conocimiento institucional sobre esta forma de violencia.
En este sentido, aborda el impulso de medidas de revisión y refuerzo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos para asegurar una cobertura «real, efectiva y accesible» a todas las mujeres, mediante la ampliación de los umbrales económicos de acceso y la actualización de las cuantías para adaptarlas al coste real de la vida, con el fin de prevenir situaciones de exclusión social, pobreza infantil y pobreza familiar.
Del mismo modo, incluye campañas de sensibilización y formación para prevenir la violencia económica desarrolladas por las Unidades de Violencia y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Igualmente, apuesta por la elaboración de una tabla de conductas y efectos de la violencia económica con ejemplos prácticos para operadores jurídicos y profesionales de atención.
Además, el plan prevé incorporar la perspectiva de género sobre la regulación, supervisión y evaluación de los sistemas de inteligencia artificial, con auditorías para detectar y prevenir sesgos discriminatorios que puedan reproducir o amplificar las desigualdades.
Asimismo, contiene el refuerzo de la prevención y la actuación institucional ante las nuevas formas de violencia machista en los entornos digitales y los discursos de odio «antifeministas» que «contribuyen a normalizar la discriminación y la violencia contra las mujeres».
Por otro lado, aborda el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres y contempla respuestas frente a las estrategias de intimidación, acoso y silenciamiento dirigidas contra las mujeres que participan en la vida pública y política, «para proteger su libertad de expresión y el ejercicio de sus derechos democráticos».
En cuanto al cambio climático, trata los impactos diferenciados del cambio climático sobre mujeres y hombres, incorpora la perspectiva de género en la transición ecológica, y promueve la participación y el liderazgo de las mujeres en los procesos de transformación económica, social y medioambiental.
Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el plan pretende impulsar el reconocimiento del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Constitución.
Junto a estas novedades, el plan refuerza las políticas de cuidados y conciliación, impulsa la autonomía económica de las mujeres y contempla actuaciones para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y combatir todas las formas de violencia machista.
El IV Plan incorpora una memoria económica que estima en 22.611 millones de euros los recursos del presupuesto público estatal con impacto de género vinculados a las medidas previstas para el periodo 2026-2029.
La estimación incluye actuaciones y programas de los distintos ministerios, así como prestaciones de la Seguridad Social con impacto de género. No supone la creación de nuevos programas de gasto, sino que identifica y ordena recursos ya destinados a políticas que contribuyen a la igualdad efectiva.
«Esta información permitirá mejorar la transparencia y la trazabilidad presupuestaria, así como vincular los recursos a los objetivos del plan y evaluar sus resultados», subraya el Ministerio.
Un total de nueve de cada diez euros de esta estimación se destinan a impulsar la igualdad económica, el empleo y la reorganización social de los cuidados. Por su parte, más de 1.280 millones de euros corresponden a actuaciones de prevención, atención y reparación de las violencias machistas.
La elaboración del IV PEIEMH ha contado con la participación de los ministerios, a través de sus Unidades de Igualdad, y de organizaciones feministas y agentes sociales. En concreto, el Consejo de Participación de las Mujeres ha canalizado buena parte de las aportaciones de la sociedad civil mediante un grupo de trabajo específico, que se ha reunido periódicamente desde diciembre de 2025.
El proceso se ha completado con encuentros con asociaciones de mujeres celebrados en Madrid, Sevilla y Valencia. El Consejo de Participación de las Mujeres emitió un informe favorable al plan el pasado 26 de octubre.
El IV PEIEMH establece también un modelo de gobernanza y evaluación compartido, con la participación de los departamentos ministeriales, el Consejo de Participación de las Mujeres y la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas. El objetivo último es reforzar el seguimiento de las medidas y la rendición de cuentas sobre los compromisos adquiridos.
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