Crece la demanda de cuidados de larga duración en América
WASHINGTON – Nueve de cada 10 países de América incluyeron los cuidados de larga duración en sus leyes, políticas o planes, pero solo 15 de los 35 cuentan con un sistema formal y públicamente financiado para esa labor, indicó un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Para 2050, se estima que 306 millones de personas en Américas, más de uno de cada cuatro residentes en el hemisferio, tendrán 60 años o más, el grupo etario que requiere de manera crecientemente intensa los servicios de cuidados.
La brecha entre las leyes y la realidad es el eje de un informe conjunto de la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual advierte de que los servicios fragmentados y la insuficiente financiación pública dejan a las familias cargar con gran parte de la responsabilidad y el costo de los cuidados.
A medida que la población envejece, los países necesitarán ampliar los servicios que ayudan a las personas a mantener su autonomía, su capacidad funcional y su calidad de vida, al tiempo que apoyan a quienes cuidan de ellas.
Mary Lou Valdez, subdirectora de la OPS, expuso que “invertir en cuidados de larga duración no es simplemente un gasto. Es una inversión en personas más sanas, familias más fuertes y sociedades más resilientes”.
Ello porque “puede contribuir a reducir las brechas en el acceso a los servicios de salud, apoyar a las personas cuidadoras, avanzar hacia la salud universal y fortalecer al personal de salud”.
En la encuesta de la OPS, solo siete de los 27 países que respondieron a una pregunta separada informaron del reconocimiento legal de los cuidadores informales y del derecho a recibir apoyo.
El informe, “Gobernanza y financiación de los cuidados de larga duración”, identifica los servicios fragmentados y la financiación inadecuada como los principales obstáculos para satisfacer las necesidades de cuidado.
Los servicios de salud y de protección social funcionan con frecuencia de forma independiente, sin evaluaciones coordinadas ni planes de cuidado. Como resultado, las personas pueden recibir asistencia de distintos proveedores sin la continuidad que necesitan.
Las familias suelen cubrir estas lagunas, ya sea proporcionando cuidados no remunerados o pagando directamente los servicios.
El informe estima que el valor económico de los cuidados informales de larga duración representa entre 0,8 % y 4,9 % del producto interior bruto (PIB) anual.
Fortalecer los servicios formales y el apoyo a los cuidadores familiares y no remunerados es, por tanto, una parte importante de la construcción de sistemas de cuidado más sostenibles.
Uruguay ofrece un ejemplo de cómo los países abordan estos desafíos. Establecido en 2015, su Sistema Nacional Integrado de Cuidados reúne a ministerios, gobiernos locales y sociedad civil bajo una estructura de gobernanza compartida, con responsabilidades de coordinación de políticas, servicios y financiación.
El sistema utiliza evaluaciones estandarizadas para determinar las necesidades de cuidado y la elegibilidad para recibir apoyo.
La financiación pública y los copagos están vinculados a los ingresos, mientras que los proveedores de servicios deben cumplir normas de calidad, y los trabajadores del cuidado están sujetos a requisitos de formación y certificación.
También mencionó a Costa Rica, donde se integró un sistema para los cuidados a largo plazo entre instituciones estatales, con soporte de ingresos de la seguridad social y la recaudación fiscal general, y bajo la coordinación de una secretaría técnica.
La OPS afirma su apoyo a los países en el fortalecimiento de las políticas de cuidados de larga duración, y en la integración de los servicios en los sistemas de salud.
Sostiene que su Política regional de cuidados de larga duración 2025-2034 promueve mejorar la coordinación, la financiación y la calidad de la atención, a través de la atención primaria de salud y los servicios comunitarios, con mantenimiento de la capacidad funcional de las personas y el apoyo a los cuidadores.
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