Andalucía estudia también recurrir por inconstitucional el reparto de 180 millones a comunidades con zonas tensionadas
SEVILLA 27 Oct. –
La consejera Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha anunciado este martes que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando «si hay alguna cuestión que incurra en inconstitucionalidad» en el reparto de 180 millones que hará el Gobierno de Pedro Sánchez en subvenciones directas a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler. Así se anunció hace una semana tras el Consejo de Ministros que aprobó el Real Decreto que regula estas ayudas. La Junta ya ha confirmado que recurrirá al Tribunal Constitucional los dos decretos de vivienda aprobados en la Diputación Permanente del Congreso después de que éste los rechazara.
En los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en la sede de la Fundación Cajasol, Rocío Díaz ha recordado que Andalucía alegó contra el Real Decreto de zonas tensionadas y ha reconocido que «fue una sorpresa» que la semana pasada llegara al Consejo de Ministros un texto normativo en el que «se duplican» los fondos –de 90 a 180 millones de euros– para cinco comunidades autónomas que son las que han declarado zonas tensionadas. «Y la que mayor beneficio tiene es Cataluña, con 112 millones en ese reparto», ha apostillado la consejera andaluza de Vivienda.
«Es mucha casualidad, porque lo dice el decreto es que se va a incentivar la construcción de vivienda protegida, la rehabilitación y la urbanización. Nos preguntamos desde Andalucía por qué no se aplican estas medidas al resto de comunidades. Es el dinero de todos. ¿Por qué no se aplica al resto? La respuesta es clara: porque hay un sesgo político claro. El Gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es beneficiar a aquellas comunidades que aplican sus políticas porque declarar o no una zona tensionada es potestativo de la comunidad autónoma», ha argumentado Rocío Díaz.
La consejera ha insistido en que Andalucía «no está de acuerdo con las zonas tensionadas» porque la prohibición lo que hace es «alejar y sacar» del mercado viviendas, «como lo estamos viendo en Cataluña». «Cada anuncio de un piso antes recibía diez» solicitudes y ahora «se ha multiplicado por cinco y por seis» la cantidad de personas que acuden a un anuncio de alquiler. Frente a las zonas tensionadas Andalucía recoge en su Ley de Vivienda las área prioritarias de vienda. «Hacemos política en positivo». «Lo que hay que hacer es poner todos los recursos no prohibir, prohibir, prohibir. Eso es lo que hace Pedro Sánchez y eso no es de recibo».
La titular de Vivienda ha lamentado que la política de vivienda se haya convertido en un «enfrentamiento» con el Gobierno de España pero ha achacado esta situación a que «desde el Gobierno de Sánchez no hay diálogo, no hay consenso». «No hemos podido sentarnos a trabajar temas importantes y necesarios. La política de vivienda nos preocupa absolutamente a todos. Es una cuestión que tenemos que sacar adelante y todos tenemos que ceder», ha remachado Díaz.
Como ejemplo de falta de diálogo, la consejera ha vuelto a referirse a la Ley de Vivienda aprobada en 2023 por el Ejecutivo central. «No se dialogó con las comunidades, no se dialogó con el sector y solamente se llegó a un acuerdo con diferentes partidos políticos para que la aritmética parlamentaria lo pudiera sacar adelante», ha puntualizado. En este punto, Rocío Díaz ha recordado que las comunidades, las diputaciones y los ayuntamientos «tenemos mucho que decir en materia de vivienda»; de hecho, las políticas de vivienda están transferidas a las comunidades.
Como consecuencia de esta actitud del Gobierno, la Junta entiende que la vivienda ha pasado de ser la preocupación 16 de los españoles, a ser la primera. «El problema de la vivienda no ha surgido en el último mes. Llevamos tiempo advirtiendo desde las comunidades que había que poner el foco en este asunto y movilizar suelo para construir más vivienda protegida». En contraposición a la postura del Gobierno, la consejera ha sostenido que la Ley de Vivienda de Andalucía se puso en marcha tras un diálogo «con todos y cada uno de los colectivos, instituciones y sector privado» que tenían «algo que decir».
Sobre los dos decretos aprobados en la Diputación Permanente, la consejera ha llamado la atención sobre el hecho de que 7.700 viviendas han salido del mercado del alquiler. «Hay miedo porque no hay seguridad jurídica», ha manifestado, al tiempo que ha recordado que Andalucía precisamente ve indicios de «posible inconstitucionalidad y estamos trabajando para recurrir estos dos decretos» al entender que «pueden invadir las competencias autonómicas» y porque «atenta directamente contra la propiedad privada».
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