Los Veintisiete piden reforzar la protección frente a los desahucios y facilitar ayudas al alquiler
BRUSELAS, 19 Oct. –
Los ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la Unión Europea han aprobado este lunes una recomendación para reforzar la protección de las familias en riesgo de perder su vivienda, con medidas como establecer mecanismos de alerta temprana, facilitar ayudas de emergencia para pagar el alquiler y reforzar las garantías frente a los desahucios forzosos, en el marco de una estrategia más amplia para combatir el sinhogarismo y la exclusión residencial que también contempla aumentar la oferta de vivienda social y asequible.
El documento, adoptado por el Consejo de la UE en un contexto de creciente preocupación por el acceso a la vivienda en Europa, insta a los Estados miembro a identificar con antelación a los hogares en situación de vulnerabilidad y ofrecerles apoyo antes de que pierdan su alojamiento, mediante asesoramiento sobre deudas, servicios de mediación y asistencia económica, al tiempo que plantea soluciones estables para las personas que ya se encuentran sin hogar, aunque se trata de recomendaciones que no tienen carácter jurídicamente vinculante.
En concreto, los Veintisiete proponen identificar con antelación a los hogares más vulnerables y actuar de forma preventiva para evitar situaciones de desamparo, prestando especial atención a quienes atraviesan dificultades económicas para afrontar sus gastos básicos, para lo que plantean combinar el asesoramiento sobre deudas con ayudas urgentes al alquiler, mecanismos de mediación y garantías frente a los desahucios forzosos.
La recomendación también amplía el concepto de exclusión residencial más allá de quienes viven en la calle, al incluir a las personas que disponen de un techo pero se encuentran en condiciones inadecuadas o inseguras, como aquellas que carecen de servicios básicos, se enfrentan a un desahucio o sufren violencia doméstica.
En este sentido, los ministros han asumido el compromiso de trabajar para que «ningún niño se vea privado de una vivienda adecuada» y han pedido prestar especial atención a los menores y jóvenes que abandonan centros de protección o familias de acogida, facilitándoles alojamiento y acompañamiento para evitar que queden desamparados.
Más allá de las actuaciones inmediatas, el Consejo reconoce que la escasez de vivienda social y a precios asequibles constituye uno de los principales obstáculos para combatir la exclusión residencial en la EU, por lo que recomienda aumentar la inversión pública y privada tanto en la construcción de nuevos inmuebles como en la rehabilitación de los existentes.
Asimismo, plantea aprovechar mejor el parque de viviendas disponible y respaldar modelos alternativos de alojamiento, incluidos aquellos gestionados por entidades sin ánimo de lucro, para ampliar las opciones de acceso a una residencia estable entre los colectivos con mayores dificultades.
Los Veintisiete también defienden que las políticas contra el sinhogarismo no se limiten a proporcionar alojamiento temporal, sino que den prioridad al acceso a una vivienda segura y duradera, acompañada de servicios sociales adaptados a las necesidades de cada persona.
En esta línea, el documento propone simplificar el acceso a las prestaciones sociales y sanitarias mediante un sistema de ventanilla única que permita a las personas sin hogar recibir orientación y ser derivadas a los servicios que necesitan, sin tener que realizar múltiples trámites ante distintas administraciones.
También recomienda elaborar planes individuales de apoyo, con la participación de trabajadores sociales, profesionales sanitarios y organizaciones comunitarias, para atender de forma conjunta las necesidades de las personas afectadas y facilitar su recuperación e integración social.
Ante el encarecimiento sostenido de la vivienda en Europa, donde los precios de compra aumentaron más de un 60% entre 2013 y 2024 y más de un millón de personas carecen de hogar, según las estimaciones recogidas por el Consejo, los Veintisiete recomiendan a los países adoptar o reforzar sus estrategias nacionales y regionales contra la exclusión residencial, con objetivos concretos y medibles que permitan evaluar los avances.
Aunque corresponde a cada Estado miembro decidir cómo aplicar estas medidas, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales del bloque les animan a informar a la Comisión Europea cada cinco años sobre los resultados obtenidos, con el fin de que el Ejecutivo comunitario pueda evaluar los avances en el conjunto de la UE y presentar un informe al Consejo cinco años después de la aprobación de la iniciativa.
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