Dos cumbres en Bangkok: el FMI, el Banco Mundial y ministros de Finanzas dentro; la Asamblea de los Pueblos afuera

BANGKOK – Bangkok acogió dos cumbres del lunes 12 al domingo 18. Dentro del Centro de Convenciones Queen Sirikit, más de 15 000 ministros de Finanzas, gobernadores de bancos centrales y presidentes de los mayores bancos y corporaciones del mundo asistieron a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial.

Llegaron en clase ejecutiva y durmieron en hoteles de cinco estrellas de la capital de Tailandia para hablar de crecimiento, inflación y gasto público, y decidir así el destino de miles de millones de personas a las que nunca conocerán.

Fuera, cientos de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil celebraron la Asamblea de los Pueblos, en nombre del 99 % cuya voz no iba a ser escuchada. Llegaron en clase económica y muchos compartieron habitaciones modestas. La primera fue la cumbre del dinero y del poder. La segunda, la cumbre del resto de nosotros.

Vivimos tiempos turbulentos, marcados por crisis que no son naturales sino de origen humano: guerra, shocks energéticos, crisis del costo de vida, crisis de deuda, crisis climática, crisis de desigualdad, muchas de ellas agravadas por la administración de Donald Trump.

Dentro del centro de convenciones, en lugar de trabajar para resolver estas crisis, el FMI y el Banco Mundial pidieron a los países ser “resilientes” y crear “reservas”, es decir, recortar el gasto público ahora para sobrevivir a las próximas crisis.

A los países ricos se les dijo que “acepten algo de dolor hoy a cambio de crecimiento mañana”, y los países de bajos ingresos, en palabras de la propia directora gerente del FMI, “podrían verse obligados a recortar el gasto en desarrollo que tanto necesitan”.

Es decir, aceptar las crisis y hacer que la gente las pague con más austeridad, con recortes de salarios, pensiones y servicios públicos. Solo se salva el gasto militar, una “prioridad de gasto en competencia” que hay que acomodar, y el rearme de Europa se contabiliza como crecimiento.

El informe del FMI Perspectivas de la Economía Mundial eleva el crecimiento global de 2026 a 3,1 % gracias a la inversión en inteligencia artificial (IA), un boom limitado a un puñado de países y una tecnología que, según el propio FMI, afectará a 40 % de los empleos del mundo y que un tercio de los empleos en los países de ingreso alto está en riesgo de ser sustituido por la IA.

Ambas instituciones presentaron a la financiación privada como el motor del desarrollo: la agenda del Comité para el Desarrollo del Banco Mundial en Bangkok se centró en la movilización de capital privado con garantías públicas. En lenguaje llano, subsidiar a las grandes corporaciones con dinero público mientras se prescriben recortes en los servicios públicos de los que depende la gente común.

Ningún comité ministerial logró acordar un comunicado.

En los pasillos se comentaba hasta qué punto ambas instituciones se han sometido a la voluntad de Washington: directores sustituidos (en el Banco Mundial por ejecutivos del sector privado, la mayoría sin experiencia en desarrollo); el trabajo sobre clima y género archivado; y, sobre todo, la motosierra del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump aplicada al mundo entero, con el mito de que los recortes de impuestos a los ricos y los recortes de austeridad que empobrecen a la clase media y trabajadora son necesarios.

Fuera del centro de convenciones, la historia fue completamente distinta.

La Asamblea de los Pueblos trabajó las alternativas en más de 50 sesiones para formular un nuevo sistema que rinda cuentas a las personas y al planeta, no a 1%.

Detrás de ella hay casi 400 millones de personas: los 200 millones de pequeños agricultores de La Vía Campesina, los 191 millones de trabajadores de los sindicatos globales y decenas de miles de organizaciones de la sociedad civil.

Hubo protestas en Bangkok y en más de 150 ciudades en 38 países, entre ellos Alemania, Argentina, Congo, Filipinas, India, Nigeria, Pakistán y Reino Unido, con gente marchando pacíficamente con pancartas como “Somos el 99 %” o “Impuestos a las élites y a las corporaciones”, que reflejan sus objetivos:

• Impuestos a 1 %, no a la gente común: Impuestos progresivos sobre la riqueza, las grandes corporaciones y gigantes tecnológicos, y poner fin a los paraísos fiscales, con una convención tributaria equitativa de la ONU, en lugar de impuestos al consumo y otros impuestos que asfixian a la clase media y trabajadora.
• No a los recortes de austeridad: Servicios públicos y protección social para todos; financiar el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y el agua, en lugar de privatizaciones y asociaciones público-privadas que cargan los costos a la gente.
• Deuda: Ningún país debería recortar salud o educación para pagar a acreedores como sucede en 51 países; auditar y cancelar las deudas ilegítimas, eliminar los sobrecargos y las condiciones de los préstamos del FMI, y una convención marco de la ONU sobre deuda soberana en lugar de reestructuraciones dirigidas por los acreedores.
• Justicia climática: que paguen los contaminadores, eliminación gradual de los combustibles fósiles y una transición justa.
• Democratizar la gobernanza económica mundial: el FMI y el Banco Mundial no son la solución sino parte del problema, ya que unos pocos países ricos (y sus corporaciones) concentran la mayor parte del poder de voto (y solo Estados Unidos tiene veto); trasladar las decisiones sobre deuda, impuestos y finanzas a la ONU, donde cada país tiene un voto.
• Justicia de género: las mujeres son la mitad de la población mundial, pero una cuestión secundaria para quienes deciden: se necesitan políticas y presupuestos con perspectiva de género, servicios públicos y redistribución del trabajo de cuidados.
• Trabajo decente: empleo que respete las normas internacionales del trabajo y salarios dignos, derechos sindicales y protección para los trabajadores migrantes.
• Soberanía alimentaria, precios justos para las cosechas de los agricultores, agroecología en lugar de agronegocio, derechos sobre la tierra para los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, y los derechos garantizados por la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos.
• Industrialización de los países en desarrollo: orientada a los mercados nacionales y regionales, en lugar de exportar materias primas e importar todo lo demás.
• No más impunidad corporativa ni promoción de la financiación privada y las privatizaciones: los servicios públicos pueden financiarse con impuestos al 1%, un tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos, y reglas comerciales justas en lugar de tribunales de arbitraje que permiten a las corporaciones demandar a los gobiernos.
• IA: frenar la IA y ponerla bajo control público, con una regulación pública vinculante que abarque la recolección de datos, la manipulación de la opinión pública, la destrucción de empleo, las libertades civiles y el daño ambiental.
• Detener el avance del autoritarismo y de la ultraderecha: defender el espacio cívico, los derechos humanos y las instituciones democráticas frente al giro autoritario de los gobiernos.
• Paz y fin de la militarización que desvía presupuestos del gasto social al rearme, fin de la ocupación y del genocidio en Palestina.

Otro mundo es posible, y la semana pasada, del lunes 12 al domingo 18 de octubre, se formuló a pocos pasos del centro de convenciones del FMI y el Banco Mundial. Los ministros de Finanzas deben decidir ahora a quién sirven: a los millones de ciudadanos que los eligieron, o a 1 %, sometiéndose a las presiones del FMI y del Banco Mundial que agravan la desigualdad.

Isabel Ortiz es directora de Justicia Social Global. Fue directora en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef y alto cargo de la ONU y del Banco Asiático de Desarrollo.

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