Türk pide sostener la justicia transicional en Colombia
GINEBRA – A 10 años de la firma del Acuerdo de Paz, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió sostener la justicia transicional de Colombia, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, cuyo financiamiento busca reducir el presidente derechista Abelardo de la Espriella.
Türk afirmó que “las medidas restaurativas sin precedentes en Colombia, relacionadas con el conflicto, que ya están en marcha, son un logro mundial para la justicia transicional”.
“Estas medidas están contribuyendo a promover los derechos de las víctimas del devastador conflicto armado del país, y están allanando el camino hacia una paz y una seguridad sostenibles”, señaló el responsable de la ONU para los derechos humanos en su declaración emitida en esta ciudad suiza.
En noviembre de 2016 la principal guerrilla izquierdista, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y el gobierno del país sudamericano pactaron un acuerdo de paz que incluyó la desmovilización de los insurgentes, aunque algunos grupos disidentes continuaron en armas.
El acuerdo estableció la justicia restaurativa, con penas alternativas para guerrilleros y agentes del Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad, y amnistía para los responsables de crímenes políticos.
Como mecanismo para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves se estableció la Jurisdicción Especial para la Paz, que actualmente preside el magistrado Alejandro Ramelli.
Partidario de una política de mano dura y sin contemplaciones frente a los grupos armados, y de exigir cuentas a los exguerrilleros, el actual presidente De la Espriella promueve medidas que acotan el campo de acción de la Jurisdicción Especial.
El partido Salvación Nacional, que respaldó la candidatura con la que De la Espriella llegó a la presidencia en agosto, presentó al Congreso, con apoyo del mandatario, dos proyectos de ley contra el funcionamiento de la Jurisdicción Especial.
El primero es una asfixia presupuestaria, que asignaría al mecanismo un presupuesto de 215 millones de dólares, 67 menos de lo requerido, lo que afecta los programas de búsqueda de miles de víctimas desaparecidas durante el conflicto y el programa de protección a víctimas, testigos y comparecientes ante la justicia.
El segundo proyecto adverso es una reforma constitucional para que los casos de los militares investigados en la Jurisdicción Especial por crímenes de lesa humanidad pasen a manos de la Justicia Penal Militar.
El alto comisionado de la ONU dijo que “los mecanismos judiciales y extrajudiciales de justicia transicional son indispensables para garantizar los derechos de las víctimas y responder a sus demandas. Es fundamental que el sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe implementándose”.
Destacó junto a la Jurisdicción Especial propiamente dicha la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, posiblemente unas 10 000. Hasta ahora, esa unidad encontró a 444 personas con vida y los restos de 627 fallecidas.
Türk destacó que exjefes de las Farc y responsables del Ejército están trabajando actualmente lado a lado, en el cementerio de San Antonio de Padua, en Pitalito, en el sudoccidental departamento de Huila, para localizar e identificar a personas desaparecidas y entregar sus restos a sus familias.
Recordó que ese proyecto forma parte de las sanciones con contenido restaurativo para las víctimas, establecido por la Jurisdicción Especial. Las personas acusadas de graves crímenes y violaciones que reconocieron su responsabilidad deben cumplir sanciones restaurativas en lugar de penas privativas de la libertad en una prisión.
“Esta colaboración conjunta entre antiguos adversarios es una poderosa contribución a la verdad, a la reparación y a la sanación de las familias afectadas por el conflicto. Es fundamental que este sistema, en el que tanto se ha invertido, continúe siendo implementado”, concluyó el alto comisionado.
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