Audiencia de Madrid rechaza imputar a la directora de la Guardia Civil en la primera causa del ‘caso Leire’
MADRID, 28 Agencias
La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado rechazar la petición de Vox de imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez en los juzgados de Madrid, como había solicitado Vox.
Así se desprende en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el tribunal acuerda confirmar la decisión del juez Arturo Zamarriego –que investiga el ‘caso Leire Díez’ en los juzgados de Plaza de Castilla– de no ampliar los hechos objeto del procedimiento.
La Audiencia de Madrid señala que, en su recurso, Vox se basó en «un único motivo» que se sustentaba «en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva».
«Entiéndase que si hubieran existido indicios de hechos con apariencia delictiva el recurrente los habría explicitado al fin de rebatir la firmeza interpretativa que imputa al juzgador», señala la Audiencia.
RECORTES DE PRENSA Y «VAGUEDADES»
Sin embargo, añade, se limita «a considerar formalista criterio del juzgador ‘a quo’ pero no da razón, más allá del alegato de excesivo celo y rigorismo, que ampare su pretensión y desvirtúe la decisión adoptada».
Además, señala que los hechos contenidos en la querella «se construyen sobre recortes de prensa y grabaciones difundidas, conteniendo y construyendo imputaciones sobre lo que el Ministerio Fiscal califica como vaguedades e inconcreciones».
Dichas acusaciones «únicamente se sostiene en que todas las fuentes habrían coincidido en la participación de la directora de la Guardia Civil y que la misma habría recibido a la investigada Leire Díez».
«Por tanto, no se considera que se haya producido una restricción del ‘ius ut procedatur’ sino que, dicho sencillamente, estamos ante un pronunciamiento motivado sobre la calificación jurídica que al instructor le merecen los hechos, expresando las razones por las que inadmite su tramitación», concluye.
FALTA DE «CONEXIDAD»
Por otro lado, el tribunal madrileño ha confirmado la exclusión de la investigación sobre las supuestas maniobras de la presunta trama para conseguir información comprometedora de la jueza Beatriz Biedma, encargada de la instrucción del caso por el que fue condenado David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
En otro auto al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso presentado por la asociación Hazte Oír contra una resolución del magistrado Zamarriego, que ya rechazó incorporar este extremo en la causa.
Ahora, el tribunal madrileño señala que en el actual momento procesal «no puede apreciarse que exista» una «conexidad» entre los hechos investigados en el ‘caso Leire Díez’ y las presuntas maniobras contra la jueza de Badajoz.
«Estamos ante delitos de distinta naturaleza sin que se prevea por el instructor que vaya a ser útil para el esclarecimiento y la eventual determinación de responsabilidad la investigación conjunta de unos y otros», aduce.
«RECUSAR» A LA JUEZA BIEDMA
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expuso en un informe que, de acuerdo con fuentes abiertas, el exjuez Luis Sáenz de Tejada «habría intentado igualmente recusar» a la magistrada Biedma, unos hechos por los que Hazte Oír presentó una querella contra él.
«Por lo que se refiere a la conexidad subjetiva, la (querella) que se presentó en Badajoz se dirige contra Luis José Sáenz de Tejada por unos presuntos hechos de los que sería perjudicada Biedma. Por tanto, en este momento la mera coincidencia contextual no supone la concurrencia de los requisitos establecidos», arguyen los magistrados.
En esta rama del ‘caso Leire Díez’, el juez Zamarriego investiga a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores.
En este sentido, el juez indaga si la exmilitante socialista lideraba una «actuación delictiva, continuada y coordinada» para «recabar información comprometida o irregular» de instituciones estatales con el fin de «anular o malbaratar» sus investigaciones en «casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».
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