Fedea cifra en 8 meses el retraso de jubilación por la reforma de 2011 y avisa de mayor mortalidad
MADRID, 28 Jul. Agencias –
La reforma de las pensiones de 2011 ya ha retrasado la jubilación efectiva en unos 8,1 meses entre los trabajadores afectados y ha elevado la mortalidad prematura, especialmente entre los hombres, según un estudio de Fedea, la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Barcelona School of Economics (BSE) basado en datos administrativos de la Seguridad Social.
El trabajo, elaborado por Sergi Jiménez-Martín a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), evalúa por primera vez los efectos causales de la Ley 27/2011, que elevó gradualmente la edad legal de jubilación de 65 a 67 años y condicionó el retiro a los 65 a carreras largas de cotización.
Según el análisis, la reforma ha generado un desplazamiento significativo de las salidas del mercado laboral: la probabilidad de jubilarse después de los 65 años aumenta en 26,7 puntos porcentuales, mientras que la jubilación a los 65 cae en 10,3 puntos y la anticipada se reduce en 17,7 puntos.
El estudio distingue entre trabajadores con carreras largas -que mantienen el acceso a la jubilación a los 65- y aquellos sin suficientes años cotizados, que afrontan una edad legal creciente. La comparación entre ambos grupos permite identificar el impacto directo de la reforma.
Además, el informe advierte de un efecto desigual por género. Las mujeres representan el 62% del grupo afectado, frente al 29% del grupo de control, y retrasan su jubilación en mayor medida (10 meses frente a 3,1 en los hombres). Esto se debe a trayectorias laborales más cortas e interrumpidas, lo que, según Fedea, agrava la brecha de género en pensiones.
En términos de salud, la reforma incrementa la mortalidad prematura (entre los 60 y los 67 años) en 1,6 puntos porcentuales en hombres, aproximadamente el doble que en mujeres. El efecto se asocia a la prolongación de la vida laboral en sectores físicamente exigentes como la construcción o la industria, y no a una pérdida de renta, ya que la riqueza en pensiones no se reduce de forma diferencial.
No obstante, los autores subrayan que estos resultados son una estimación parcial, ya que solo se han analizado las cohortes nacidas entre 1948 y 1957, que han experimentado incrementos de la edad legal de hasta 14 meses. El calendario de la reforma culminará en 2027, cuando se aplique plenamente el retraso hasta los 67 años para quienes no acrediten 38,5 años cotizados.
En este sentido, el estudio anticipa que el impacto total será mayor, dado que las cohortes posteriores afrontarán aumentos de hasta 24 meses. Asimismo, plantea la necesidad de explorar diseños alternativos que tengan en cuenta la densidad de cotización o las condiciones del empleo para mitigar los efectos regresivos y de salud detectados.
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