Nuevos incentivos a inversión extranjera en Cuba en medio del escepticismo
LA HABANA – El gobierno de Cuba emitió nuevas normas que aterrizan algunas de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio, y buscan atraer la inversión extranjera en un panorama donde las presiones de Estados Unidos provocan desde hace meses la estampida de los mayores socios comerciales de la isla.
El jueves 3 se publicó en las Gacetas Oficiales No.73 y 74 de 2026, este paquete de nuevas disposiciones, “dirigidas a flexibilizar mecanismos, eliminar autorizaciones administrativas que antes se requerían y facilitar el desempeño de negocios en Cuba”, según declaró en una rueda de prensa ese mismo día el vice primer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva.
“Es positivo que Cuba se abra al mundo. Si el país quiere mejorar y, sobre todo, la gente quiere mejorar, evidentemente se necesita inversión extranjera. La autarquía no funciona, tienes que comerciar con otros”, comentó a IPS sobre las nuevas normas Carlos Alonso, ingeniero hidráulico cubano de 30 años y residente en ls ciudad esstadounidense de Miami.
El paquete normativo implementa reformas vinculadas a la inversión extranjera, el comercio exterior y el turismo, cuyos decretos y resoluciones entraron en vigor al ser publicados en las Gacetas, el mismo 3 de septiembre, o una semana después, este jueves 10.
“Hay empresas que han cedido y retirado del país, otras que permanecen. Estamos en un contexto adverso”, Óscar Pérez-Oliva.
El Decreto Ley 128, por ejemplo, que modifica la Ley de Inversión Extranjera de 2014, elimina la obligación de los inversionistas extranjeros de contratar a sus trabajadores mediante empresas empleadoras estatales, mientras permite, además, pagarles bonificaciones en divisas.
Entre varias modificaciones, con las otras normas se elimina también el requisito de contar con autorización previa del Banco Central de Cuba para abrir cuentas bancarias en el exterior.
Asimismo, se reglamenta el ejercicio de guías turísticos y la creación de Europa Press de turismo privadas en el país, actividades prohibidas en Cuba para el sector privado hasta agosto pasado, cuando el gobierno redujo la cantidad de actividades restringidas.
Los aranceles por importar equipamiento destinado a la inversión se suspenden, así como los impuestos sobre las utilidades si estas se reinvierten en el negocio.
El Decreto Ley 130, por su parte, permite la extensión del usufructo hasta 99 años prorrogables a personas jurídicas, la concesión de derechos de superficie para edificar viviendas o efectuar otras construcciones.
Según Pérez-Oliva, las modificaciones relacionadas con los derechos de superficie posibilitan “otorgar derechos reales por mayores plazos de los que estaban establecidos”, y “eso va con el enfoque de una visión de la inversión extranjera con carácter de largo plazo”.
Sin embargo, Alonso, quien en 2022 se convirtió en uno de los más de 500 000 cubanos que se estima que ingresaron a Estados Unidos por la frontera con México, no tiene mucha confianza en invertir en la isla.
“El problema es que nadie les cree (al gobierno). Por mucho que te vendas como que garantizarás la seguridad y respetarás la propiedad privada, al final nadie les cree, porque impunemente han abierto y cerrado tantas veces el acceso del sector privado a la economía”, dijo.
Desconfianza en la solución de conflictos
El economista cubano Pedro Monreal es otro que, como Alonso, opina que los cubanos residentes en el extranjero, sobre en Estados Unidos, no encontrarían muy atractivas las nuevas posibilidades de inversión en la isla.
El 2 de septiembre el gobierno permitió que puedan ser socios de empresas privadas las personas naturales cubanas residentes en el exterior, un derecho entonces solo reservado para aquellos con residencia efectiva -o permanente, en el caso de los extranjeros- en este país insular caribeño de 9,4 millones de habitantes.
Pero Monreal escribió en su blog respecto a la apertura a la inversión extranjera que el paquete normativo del 3 de septiembre “no rediseña las garantías procesales del inversionista”.
En efecto, el ministro Pérez-Oliva constató en la rueda de prensa que la ley “tiene elementos claros de protección a los inversionistas que se ratifican, no han cambiado y en ese sentido no hay ninguna transformación”.
Según el economista Monreal, conflictos estratégicos como disolución, liquidación o terminación de una empresa, así como otros relacionados con recursos naturales, servicios públicos y obras públicas, permanecen bajo competencia de los tribunales cubanos.
Eso es un problema, escribió, si se tienen en cuenta los “antecedentes de utilidades no repatriadas, cuentas bloqueadas, deudas reestructuradas o impagas y cambios unilaterales de reglas” en negocios entre el Estado cubano y empresas extranjeras.
Además, si un potencial inversionista extranjero nació cubano o conserva esa ciudadanía, es tratado legalmente en la isla como cubano, por lo que no puede invocar su ciudadanía extranjera ni la protección consular de otro país.
Como incluso no existen tratados bilaterales de inversión entre Cuba y Estados, por las mismas sanciones unilaterales de este país a la nación caribeña, los cubanoamericanos podrían encontrarse en mayor grado de desprotección, añadió Monreal.
En junio, el unicameral parlamento cubano aprobó un paquete de 176 reformas económicas y sociales, algunas de corte abiertamente liberal, que facilitaría mucho mayor acceso al capital privado nacional o al extranjero, rompiendo con más de 60 años de una economía centralizada.
Esa apertura era una respuesta a la asfixia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la isla, que incluyo el bloqueo petrolero a su vecino insular y adicionales y nuevas y drásticas sanciones.
Muchas de las reformas se aprobaron inicialmente a grandes rasgos y se han estado reglamentando en los últimos meses mediante leyes, decretos o resoluciones ministeriales.
Pese a que el más reciente paquete legal busca dinamizar la inversión extranjera y atraer a los cubanos residentes en el extranjero, sobre todo cubanoamericanos, Alonso no conoce en su entorno a muchos cubanos interesados en invertir ahora en Cuba, más allá de querer comprar alguna vivienda o terreno ahora que los valores de bienes raíces está deprimido.
No obstante, si incluso alguno quisiera atreverse a negocios mayores, Monreal dijo que “invertir en Cuba, aunque el gobierno cubano lo autorice, puede ser ilegal en Estados Unidos sin una licencia previa”.
Ello, razonó, por las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés) del Departamento del Tesoro y, en general, por el embargo a Cuba desde la década de 1960.
Elementos en contra
Con este paquete de apertura a la inversión extranjera, Cuba avanza con premura en una reforma económica que busca solventar una crisis socioeconómica que se agudizado este 2026 tras las dos órdenes ejecutivas firmadas el 29 de enero y el 1 de mayo por Trump, para bloquear la entrada de combustibles y amenazar a inversionistas extranjeros, respectivamente.
Esas sanciones provocaron la interrupción de las operaciones de navieras en mayo, -como Hapag-Lloyd y CMA CGM, la salida de salida de Visa y MasterCard en junio, y la retirada de inversionistas en el turismo, los hoteles, la minería, la energía, así como la reducción de rutas de vuelos internacionales.
Debido a la paralización de las navieras, por ejemplo, más de 7000 contenedores de alimentos, medicamentos, sistemas solares y otras mercancías esenciales se encuentran actualmente retenidos en puertos del Caribe, reveló el gobierno cubano.
“Hoy hay menos energía en Cuba, porque hay contenedores con recursos para el sistema electroenergético que no han podido llegar. Hay alimentos contratados por empresas privadas, estatales y por la inversión extranjera, que no han llegado a Cuba y que han ocasionado desabastecimiento de productos de primera necesidad”, dijo Pérez-Oliva.
La inabarcable y multidimensional crisis que afronta Cuba se ve transversalizada por la escasez de combustible, apagones de más de 30 horas y desabastecimiento de productos esenciales.
Expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos condenaron las recientes medidas contra Cuba adoptadas por Estados Unidos y pidieron a la comunidad internacional evitar que se desarrolle en la isla una “Gaza silenciosa”, en una declaración divulgada el 6 de agosto.
El gobierno cubano estima en más de 8000 millones de dólares los perjuicios del “bloqueo económico, comercial y financiero” impuesto por Estados Unidos contra Cuba entre marzo de 2025 y febrero de 2026, según un informe contra esta política, que se presentará a finales de octubre ante Naciones Unidas, como se ha hecho anualmente desde 1992.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo el martes 8 que el cálculo sobre las pérdidas de Cuba no tiene en cuenta las consecuencias de las órdenes ejecutivas de Trump de este año y que el próximo informe, que abarcará el periodo marzo de 2026-febrero de 2027, el cálculo de daños ocasionados multiplicará sus cifras.
Su par en Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, había declarado el 7 de agosto que “no hay válvulas de escape. Cada vez que (en Cuba) crean un nuevo mecanismo para intentar librarse del cerco, simplemente lo bloqueamos”.
Pérez-Oliva destacó el 3 de septiembre “la persecución y amenaza directa a inversionistas extranjeros que están presente en Cuba”.
“Hay empresas que han cedido y retirado del país, otras que permenecen. Estamos en un contexto adverso”, agregó.
Una de las repercusiones más recientes se divulgó cuando firma de lobby estadounidense Continental Strategy LLC puso fin el 1 de septiembre a su representación de Vima World SL, empresa española de distribución de alimentos con importantes negocios en Cuba, apenas siete semanas después de haberla incorporado como cliente.
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Cuba no solo intenta atraer a los inversionistas con una mayor flexibilidad legal, sino también retener a empresas aún presentes en Cuba cediéndoles infraestructuras o determinadas licencias comerciales para amortiguar viejas deudas, dijo a IPS un empresario privado que prefirió mantenerse en anonimato.
“Pero no es tan fácil. A la mayoría de esas infraestructuras hay que hacerles inversiones muy grandes para rejuvenecerlas. Además, muchos inversionistas están preguntando por el origen de las propiedades, por miedo a una reclamación desde Estados Unidos”, abundó.
El título III de la Ley Helms-Burton, puesto en vigor en 2019 durante el primer periodo de Trump (2017-2021), permite la presentación de demandas en tribunales de Estados Unidos contra toda persona natural o jurídica que haya desarrollado actividades con propiedades nacionalizadas por el gobierno cubano.
Según afirma el documento que presentará Cuba ante Naciones Unidas, al cierre de marzo de 2026, 24 demandas de ese tipo aún se mantenían en curso.
“Esto ha sido un fuerte elemento disuasorio para las inversiones y los negocios en Cuba dado el riesgo que supone para los socios extranjeros verse sometidos a procesos judiciales en cortes estadounidenses”, estipuló el informe.
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