Garamendi avisa de «deriva institucional» en España y acusa a Trabajo de «asfixiar» con normativas

MADRID 17 Jun. Agencias –

Critica que por cada 100 euros de aumento salarial, 35 euros se los queda el Estado por impuestos y cotizaciones

   MADRID, 17 Agencias

   El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha señalado este miércoles que España sufre una «deriva institucional» en la que quienes tienen que tomar decisiones están «más pendientes de sus intereses electorales e ideológicos», además de criticar que el Ministerio de Trabajo somete a las empresas a una «asfixia normativa».

   En este sentido, durante su intervención en la asamblea general de CEOE celebrada este miércoles en Madrid, ha señalado que mientras que el mundo atraviesa «retos históricos» vinculados a los conflictos internacionales, la competitividad europea o la inteligencia artificial, en España se está gestionando «el último escándalo» que hace que los grandes debates se pospongan. Como ejemplo, Garamendi ha recordado que España lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    En este sentido, ha indicado que el panorama actual en España es «desolador» y ha subrayado que la inestabilidad institucional de España es «el peor escenario» para garantizar una «buena marcha de la actividad económica y del empleo», más aún «en este contexto tan volátil» que exige «tomar decisiones con visión de futuro, diseño de estrategias y actuar con inteligencia y unión».

   Por ello, ha invitado a «volver al orden institucional» y a multiplicar esfuerzos como sociedad, como economía y como país para afrontar estos retos. Asimismo, ha realizado una defensa «explícita e inequívoca» de la separación de poderes y ha trasladado su apoyo a jueces, Guardia Civil, Policía Nacional y prensa libre.

   Respecto al Ministerio de Trabajo, ha denunciado una «asfixia normativa» y ha asegurado que entre septiembre de 2022 y diciembre de 2025 se produjeron 61 cambios en «la norma básica que regula las relaciones laborales». Según ha afirmado, todo ello se produjo «sin diálogo social» y, en ocasiones, sin consulta o mediante consultas «meramente formales».

   Garamendi ha sostenido que esta situación ha provocado «inseguridad jurídica», «intromisión» en la libertad de organización de las empresas e «injerencia constante» en la negociación colectiva.

    Asimismo, ha acusado al Gobierno de haber «invadido reiteradamente» el diálogo social, de «monopolizar y condicionar» los espacios y de intentar imponer un «ideario político e ideológico» y ha rechazado las acusaciones de bloqueo dirigidas a la patronal. «Nosotros no lo bloqueamos», ha afirmado.

 DEFENSA DEL DIÁLOGO SOCIAL

   Por ello, Garamendi ha reivindicado el papel del diálogo social y de la negociación colectiva, que ha definido como una «infraestructura» especialmente valorada fuera de España.

    En este sentido, ha recordado el acto celebrado el pasado 7 de junio con motivo de la visita del Papa León XIV, en el que participó junto a la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y los secretarios generales de CCOO y UGT para defender el diálogo entre empresarios y sindicatos.

   Asimismo, ha asegurado que los empresarios españoles están «profundamente orgullosos» de los más de 20 acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social desde 2020, entre ellos la reforma laboral, las reformas del sistema de Seguridad Social, el trabajo a distancia o las regulaciones relativas a trabajadores de plataformas digitales.

   No obstante, ha insistido en que resulta «muy difícil» negociar nuevos acuerdos cuando el Gobierno «se salta todos los espacios» de negociación y ha acusado al Ministerio de Trabajo de mantener un «monólogo social permanente» que dificulta el entendimiento entre los interlocutores sociales.

AUMENTO DE LA FISCALIDAD 

   En materia fiscal, Garamendi ha reclamado la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y ha advertido de que España afronta importantes necesidades de gasto vinculadas, entre otras cuestiones, a la defensa, la vivienda o la ejecución de los fondos europeos.

    Asimismo, ha criticado el aumento de la presión fiscal y ha asegurado que España se sitúa entre los países de la OCDE donde más ha crecido este indicador. En este sentido, ha defendido la necesidad de deflactar el IRPF para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo por efecto de la inflación.

   El presidente de CEOE también ha sostenido que una parte relevante de las mejoras salariales pactadas entre empresarios y trabajadores acaba en manos de la Administración a través de impuestos y cotizaciones sociales. Según ha indicado, por cada 100 euros de incremento salarial, el trabajador recibe alrededor de 65 euros, mientras que los 35 restantes corresponden a cotizaciones e impuestos.

   Por ello, ha defendido una menor carga fiscal para empresas y trabajadores y ha pedido que el incremento de la recaudación derivado del crecimiento económico revierta también en una mejora de la competitividad y de la renta disponible de familias y empresas.

   Por otro lado, durante su intervención, Garamendi también ha defendido el papel de la energía nuclear y ha rechazado el cierre de la central de Almaraz, al considerar que este tipo de energía garantiza el suministro y contribuye a la competitividad empresarial. Asimismo, ha reivindicado una Europa más competitiva y ha advertido de que tanto España como la Unión Europea afrontan retos vinculados a la transición digital, la inteligencia artificial y el nuevo escenario geopolítico internacional.

DEFIENDE LA REGULARIZACIÓN

   En este contexto, ha reclamado reforzar la formación y adaptar las capacidades de los trabajadores a las nuevas necesidades del mercado laboral. Además, ha indicado que la regularización de inmigrantes es una medida necesaria para cubrir vacantes existentes en distintos sectores, aunque ha opinado que debería haberse debatido en sede parlamentaria por tratarse de una cuestión de Estado.

   Finalmente, el presidente de CEOE ha reivindicado la unidad del tejido empresarial español y ha asegurado que las empresas seguirán actuando con «compromiso» y «lealtad». En este sentido, ha llamado a recuperar la estabilidad institucional y social, la moderación y el entendimiento para afrontar los desafíos económicos y sociales de los próximos años.