El “traje a la medida” con el que termoeléctrica chilena quiere operar más allá de 2040


¿Qué tecnología de reconversión eleva específicamente las emisiones de NOx? Solo hay una que se ha barajado en Chile: la cocombustión de carbón con amoníaco verde, la gran apuesta de la central de Guacolda para su reconversión, que consiste básicamente en quemar una mezcla de carbón y amoniaco verde –obtenido a partir de hidrógeno verde–, ya que el aporte calórico del amoniaco puede reducir la cantidad de carbón para producir una misma cantidad de energía.
«La única excepción que se hace [en la norma] es el aumento del NOx hasta el 2040, que es justamente el plan que tenía Guacolda de operar con la co-combustión de carbón-amoníaco. Y es porque la quema de amoníaco efectivamente significa una mayor emisión de NOx», señala Gonzalo Melej, ingeniero en recursos naturales renovables y coordinador del Proyecto de Descarbonización de Chile Sustentable.
Esa organización ambiental participó en todas las sesiones del Comité Operativo Ampliado donde se discutió la norma y ha hecho seguimiento a las termoeléctricas desde hace una década.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram –organización que también participó en el proceso–, coincide: “Yo creo que es una excepción. Cuando tú haces una norma, se les da un plazo a las empresas, por ejemplo, a partir de tal fecha todas las instalaciones nuevas van a tener que cumplir esta norma de emisión de material particulado 10, y para aquellas que fueron instaladas entre tal y tal año, que son más viejas y que generalmente emiten más, les vamos a dar dos o cinco años para que entren en la norma. O sea, tienen que cumplir la norma más tarde. Pero nunca es decir que está la norma y puede emitir más porque te vas a reconvertir. Es raro”.
En términos formales, el artículo transitorio aplica a cualquier central que adopte tecnologías de reconversión con combustibles sólidos. Pero, en la práctica, Melej es directo: «Coincide que la única central que se quiere reconvertir a algo que puede emitir óxidos de nitrógeno es la co-combustión de carbón-amoníaco, que son las cinco [unidades] de Guacolda».
Sara Larraín, directora de Chile Sustentable y una de las figuras más respetadas del sector ambiental chileno, lo planteó en la octava y última sesión del Comité Operativo Ampliado, en noviembre de 2024. El artículo, dijo, era «demasiado traje a la medida para una sola tecnología» y para «un solo actor», según consta en el acta de esa reunión.
La inclusión del artículo transitorio no ocurrió sino hasta la última etapa del proceso. La disposición apareció formalmente en la octava y última sesión del Comité Operativo Ampliado, el 21 de noviembre de 2024. Emmanuel Mesías, funcionario de la División de Calidad del Aire del MMA, explicó que la apertura del transitorio respondió a las «muchas observaciones relacionadas con el posible impacto laboral en las regiones donde se encuentran estas centrales de carbón».
El expediente público también da cuenta de que los registros de calidad del aire en Huasco muestran que el dióxido de nitrógeno es bastante más bajo que el límite normativo, lejos de estar en zona de saturación.
El contaminante crítico en la zona –el que llevó a Huasco a ser declarada zona latente en 2011– es el material particulado.
En ese sentido, según pudo conocer esta investigación, el Ministerio del Medio Ambiente tenía también un argumento técnico: si había que cederle algo a Guacolda para incentivar la reconversión y garantizar el cierre a 2040, el NOx era el contaminante con más margen sin agravar en demasía la contaminación. Así, esa excepción quedó diseñada tan precisamente que solo calza con una empresa y una tecnología.
La participación de Guacolda en el proceso normativo del DS 13 está documentada en el expediente público. En septiembre de 2024, Guacolda presentó una carta formal, redactada por Iván Hunter Ampuero, abogado y exjuez del Tercer Tribunal Ambiental, en la que argumentó «vicios esenciales» en el procedimiento encabezado por el Ministerio de Medio Ambiente, «desviación de poder» y falta de conformidad «ni mínimamente a los parámetros legales vigentes».
En enero de 2025, el gerente Arróspide envió una carta directamente al Consejo de Ministros, advirtiendo que «la modificación impone una restricción adicional al plan de descarbonización que, de no ser modificada, sin duda afectará negativamente la seguridad de suministro eléctrico».
La empresa participó en todas las sesiones del Comité Operativo Ampliado y el propio Arróspide sostuvo reuniones directas con funcionarios del Ministerio de Energía en junio y agosto de 2024, específicamente sobre «compatibilidad del proyecto de reconversión» y el «plan de descarbonización co-firing con amoniaco», según los registros de audiencias hechos públicos gracias a la Ley del Lobby.
La empresa energética es, conforme a la misma Ley de Lobby, un sujeto activo habitual. Los registros muestran decenas de reuniones con autoridades de los ministerios de Energía y Medio Ambiente durante el período de tramitación de la norma.
Esta alianza periodística consultó a cuatro fuentes entre ambos ministerios, algunos ex funcionarios del gobierno anterior y otros que se mantienen hasta hoy. Todos confirman que en la definición de la norma, fue el Ministerio de Energía el que presionó por el transitorio que beneficia a Guacolda, aunque con el aval técnico de Medio Ambiente de que era el NOx el contaminante con el cual se podía “ceder”.
El argumento de Energía, según explicaron funcionarios de la cartera, es garantizar el cierre ordenado del carbón en 2040 sin comprometer la seguridad del sistema eléctrico. Argumentan que, si se endurecían demasiado los límites sin dar margen para la reconversión, por más que las centrales inicien su proceso de cierre, estos planes serían rechazados por la Comisión Nacional de Energía en vistas de la seguridad del sistema, tal como ha acontecido en los últimos casos.
El artículo transitorio, en esa lectura, es un instrumento para que la transición no se desordene, por más de que sea, efectivamente, hecho a la medida de Guacolda.
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