Residuos mineros, riesgo ambiental en México
MÉXICO – Las comunidades del municipio de Mazapil han sufrido el impacto de la minería durante casi 100 años, como en el resto del nororiental estado de Zacatecas, ubicado en la región del centro-norte de México.
Roberto de la Rosa, habitante de Salaverna, perteneciente a ese municipio, lo ha vivido en su propia piel y enumera los daños sobre el territorio y sus habitantes.
“Nos perjudica. Rompió tejido social, nos dividió, porque unos tenían unas posturas y otros otra” sobre la presencia de las empresas extractoras, me asegura de la Rosa, desde Salaverna, a unos 782 kilómetros de al noroeste de Ciudad de México.
Una de las consecuencias insidiosas es el legado de los jales o residuos mineros, una mezcla de tierra y químicos usados para separar materiales como oro y plata. “Hay jales inactivos, desde 1930, por explotación de cobre, plomo, zinc, estaño”, explica De la Rosa, en referencia a los relaves que en México se llaman jales.
Una de esas presencias procede del depósito de relaves del sitio a cielo abierto Peñasquito, propiedad de la estadounidense Newmont, que consta de las minas Peñasquito y Chile Colorado y de las que saca oro, plata, plomo y zinc.
La presa de jales de Peñasquito, en operación desde 2009 y la segunda mina de plata más grande de México y la quinta del planeta, presenta un riesgo extremo en caso de accidente, según el Portal Global de Relaves de la no gubernamental Grid-Arendal, con sede en Arendal (Noruega).
El sitio tiene un plan de manejo por 23 años, iniciado en 2015, con una capacidad de 40 millones de toneladas, según el Inventario Homologado Preliminar de Presas de Jales de 2024.
La presa tiene mucha contaminación, según De la Rosa.
La base de datos global enlista 22 instalaciones en México y de las cuales siete presentan un riesgo alto en caso de accidente, siete, significativo; dos, medio y muy alto; catastrófico y extremo, uno cada uno, y un depósito sin clasificar.
En México, hay 568 registros de presas de jales, según el inventario nacional, y de las cuales 317 están activas, 244 no lo están, cuatro cuentan como pasivos ambientales –daños acumulados que derivan en un costo de remediación– y tres se encuentran en estado desconocido.
El norteño estado de Durango alberga la mayor cantidad de depósitos, con 86, seguido de Zacatecas (79) y el también norteño territorio de Chihuahua (75), acorde con su intensa actividad extractiva y su consiguiente alta densidad de presas de jales.
Los impactos ambientales relacionados con la minería incluyen diversas formas de contaminación, la transformación de los paisajes debido a la minería a cielo abierto y la dedicación de grandes áreas a depósitos de residuos mineros.
El gubernamental Instituto Mexicano del Agua ha advertido sobre la posibilidad de derrames de residuos, lo que supone un riesgo para los ecosistemas y la salud humana.
Beatriz Olivera, directora de la no gubernamental Engenera, señala que hay escasa regulación, falta vigilancia estricta por parte de las autoridades ambientales y las sanciones son mínimas, cuya suma es la impunidad.
“Por lo que nos ha demostrado la experiencia, son factores de riesgo para producir accidentes. Las poblaciones no deberían estar cerca de las presas. Las empresas no se hacen responsables, dejan los daños y los metales pesados van a seguir contaminando. Y la gente no está avisada ni informada de la situación”, dice.
Este país latinoamericano es el mayor productor mundial de plata y figura entre los primeros 10 de fluorita, plomo, zinc, oro y cobre.
Riesgos
En 2014 ocurrió el derrame de 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del privado Grupo México, y que contaminó 271 kilómetros de cuerpos fluviales, incluyendo 190 del río Sonora, en el estado homónimo del norte de México, en uno de los peores ecocidios sucedidos en este país latinoamericano de unos 130 millones de habitantes.
El vertido ha contaminado el agua, el aire y el suelo, y ha enfermado a la población circundante, debido a la ingesta de arsénico, cadmio, plomo y manganeso, mientras que las pérdidas acumuladas sumaban unos 1,019 millones de dólares hasta 2022, según un dictamen de la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La catástrofe, aún irresuelta, ilustra la cadena de efectos de la minería y de la cual los desechos son un eslabón fundamental.
Del inventario nacional, hay 473 minas sin información sobre plan de manejo de los relaves. Desde 2015, Semarnat ha aprobado 64 programas y solo en 2019 avaló 19.
A lo largo de este siglo ha habido una emergencia ambiental por derrame minero y han quedado 11 pasivos ambientales, dos por minas abandonadas y tres por almacenamiento de residuos peligrosos, según datos de la Procuraduría (fiscalía) Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Un riesgo ambiental crónico emana de las filtraciones al subsuelo de esos depósitos, mientras que los derrames representan el riesgo principal y la falta de autorización ambiental de las presas, un problema estructural.
Entre 2000 y 2025, Profepa abrió 37 procedimientos por presas de jales a mineras, según una respuesta a solicitud de información pública. El año más activo fue 2009, con ocho expedientes. Desde 2022, ha practicado al menos 18 inspecciones, de las que ordenó medidas correctivas en seis casos, en otros dos no halló irregularidades y otros diez estaban en proceso.
La regulación de los relaves mineros, vigente desde 2003, establece la caracterización del sitio, su preparación, diseño y construcción; operación y cierre y posoperación.
De esa cuenta, los incumplimientos más comunes son la falta de permiso ambiental, diseño o ubicación inadecuada y manejo incorrecto de los residuos. Además, la supervisión gubernamental acontece generalmente luego de las fallas.
Existe un subconjunto crítico de presas de alto riesgo operativo y ambiental. La mayor alarma no recae en los relaves identificados como peligrosos, sino en los que no han sido inspeccionados.
Solo una fracción mínima de presas tiene inspección pública documentada, lo que sugiere fallas estructurales y operativas relevantes en varias de ellas.
La Ley de Minería de 2023 no obliga a la presentación de un programa de manejo de residuos, aunque el reglamento del marco legal aún está pendiente, por lo que dicho plan podría incluir el requisito.
Si bien el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales recomendó en 2019 la actualización de la regulación, ésta no se ha materializado.
A pesar del creciente volumen de los desechos mineros, México carece de un plan nacional de relaves, que naciones como Chile ya tienen.
El gran reto es la adaptación de la norma al Estándar global de gestión de relaves para la industria minera de 2020, un conjunto de 15 principios sobre derechos de comunidades afectadas, conocimientos y acceso a la información; estándares de diseño, construcción, operación y monitoreo de las instalaciones, así como respuesta ante emergencias, elaborado por el Consejo Internacional de Minería y Metales, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Principios para la Inversión Responsable.
Reincidente
El caso del sitio Peñasquito en Zacatecas es ilustrativo de la situación de los relaves. La mina ha sido responsable de un derrame en 2010, dos al año siguiente, tres en 2012, uno en 2020 y tres en 2022, por los cuales Profepa aplicó seis multas por un monto indeterminado.
No ha sido el único caso. En la mina de hierro Peña Colorada, copropiedad de las luxemburguesas ArcelorMittal y Ternium, grupos indígenas de la zona y la Red Jalisciense de Derechos Humanos denunciaron en 2012 que la minera provocó un desastre socioambiental por el rompimiento de tres cortinas de retención contenedoras de los lodos y residuos tóxicos de la mina que inundaron casas, parcelas de cultivo y corrales de animales de nueve comunidades, hasta desembocar en un río, con el consiguiente daño a toda la cuenca.
La base de datos de Grid-Arendal consigna que dos de sus depósitos presentan riesgos extremo y muy alto, respectivamente.
Mientras, la canadiense Pan American Silver solicitó en febrero pasado el aval ambiental para la ampliación de una presa de jales en su mina La Colorada, situada en Zacatecas.
El inventario global indica que un depósito en esa instalación industrial, con capacidad para 221.61 millones de toneladas, posee un riesgo significativo en caso de accidentes. Dicho sitio tiene un plan de manejo por 20 años y cuya vigencia inició en 2016.
La evaluación de impacto ambiental presentada por la minera, que reconoce impactos acumulativos por los años de operación de la mina sobre el aire, el suelo y cuerpos de agua, enumera 78 efectos derivados de la ampliación propuesta y de los que 43 son adversos, desde moderado hasta severo.
La construcción de la instalación, cuya vida útil está considerada para 27 años, enlista un impacto severo por la reducción de la infiltración al subsuelo y la capacidad de retención y absorción de humedad del terreno.
Mientras, la operación cita un impacto severo por la continua generación y acumulación de residuos.
El informe detalla la expansión de la infraestructura en la mina La Colorada para incrementar su capacidad de almacenamiento de residuos mineros hasta 9 millones de toneladas.
Olivera sugiere la mejora de estándares socioambientales, mayor respeto a los derechos de las comunidades e investigación sobre la contaminación de los desechos a los cuerpos de agua, el suelo y la salud humana.
“Y se sancione conforme al impacto provocado. No son instrumentos para la no repetición, no son punitivos para las empresas. La minería no deja beneficios para las comunidades y crea zonas de sacrificio”, plantea.
RV: EG
CL14
