Intervenidos en un control en Soria 25.680 envases de refrescos por incumplir la norma de etiquetado
SORIA, 27 Abr. (Agencias) –
La Guardia Civil de Soria ha intervenido un total de 25.680 envases de refrescos de una conocida marca tras detectar irregularidades en su etiquetado ya que carecían de etiquetado en castellano que es obligatorio para su comercialización en España.
Según ha informado este lunes la Guardia Civil, la investigación se inició tras tener conocimiento de la comercialización en la provincia de productos de una conocida marca de refrescos cuyo etiquetado y origen requerían verificación e inspección.
Los agentes llevaron a cabo diversas inspecciones para identificar los canales de distribución de dichos productos y durante una inspección en una empresa distribuidora de la provincia el pasado lunes, 20 de abril, localizaron nueve palets de latas y dos palets de botellines que sumaban 25.680 envases cuyo etiquetado estaba en varios idiomas distintos del castellano.
Los agentes procedieron a la inmovilización e intervención de estos productos que quedaron a disposición de la autoridad sanitaria competente.
Las mismas fuentes han informado de que esta actuación se enmarca en lo establecido en la Ley 10/2010, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León y en el Reglamento (UE) nº 1169/2011, relativo a la información alimentaria facilitada al consumidor, y en el Real Decreto 1334/1999, que regula el etiquetado de los productos alimenticios en España, bajo la supervisión de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Esta normativa contempla que los productos destinados al consumo humano deben incluir un «etiquetado claro, legible y obligatoriamente en castellano» e incorporar información esencial como la denominación del producto, lista de ingredientes en orden decreciente, identificación de alérgenos, cantidad neta, fecha de caducidad o consumo preferente, condiciones de conservación, así como la correspondiente información nutricional.
Estas exigencias tienen como finalidad garantizar la seguridad alimentaria y asegurar que los consumidores dispongan de información veraz y suficiente sobre los productos que adquieren para reducir un posible riesgo para la salud de los consumidores en la provincia.
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