Sociedad civil busca marcar el rumbo de la conferencia antifósil
MÉXICO – Organizaciones de la sociedad civil impulsan una agenda ambiciosa para el informe que surgirá de la primera conferencia internacional para el abandono de los combustibles fósiles, que arranca el 24 de abril en la ciudad colombiana de Santa Marta.
La propuesta, elaborada por organizaciones de todo el mundo y a la que IPS tuvo acceso, plantea cuatro demandas sobre cese inmediato a la explotación fósil y eliminación gradual, rápida, equitativa y justa de los hidrocarburos; una transición expedita, distributiva y justa a las energías renovables, transformación justa y la eliminación de las barreras a esa conversión y la búsqueda de soluciones.
El menú es variopinto para presentar en la conferencia organizada por Colombia y los Países Bajos. La demanda del freno a proyectos fósiles abarca siete puntos, la transición energética rápida y justa, un número similar cada una; y la supresión de limitaciones, 17, la más numerosa.
“Es importante crear este mapa de trabajo del que hemos hablado, seguir un modelo para la transición. Queremos que haya una incidencia política y social basada en los conocimientos de los pueblos”, dijo a IPS Alana Machineri, gerente de comunicación de la no gubernamental Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.
Y agregó: “Tenemos que trabajar, tenemos oportunidades para definir un camino y la única forma en que sea legítimo es con la participación de los pueblos indígenas”.
La indígena del pueblo acre remarcó que es necesario “compartir nuestro conocimiento, nuestras soluciones, no hay ninguna otra solución para los pueblos”.
La contención de la expansión fósil incluye acciones como moratorias para proyectos de hidrocarburos, su eliminación progresiva en plazos diferenciados, según la capacidad de cada país; el fin inmediato a ese tipo de obras y el rechazo a falsas soluciones, como el gas como combustible de transición.
En el Sur global, la abolición gradual del carbón debe ocurrir antes o en 2035, del gas, antes o en 2045, y el petróleo, antes o en 2050.
En cuanto a la transición, la propuesta consiste en su aceleración, la electrificación masiva y la introducción de sistemas de generación descentralizados, como los sistemas fotovoltaicos residenciales.
En materia de transición justa, plantean la creación de empleo digno, la reconversión laboral, la participación de grupos vulnerables y la inversión en nuevas economías.
Las organizaciones sugieren también el financiamiento público suficiente para la transición, la cancelación de deuda externa vinculada a fósiles, impuestos a grandes fortunas y fósiles, y excluir a las empresas de hidrocarburos en las negociaciones internacionales.
Además, suman el reconocimiento de los daños ocasionados por esa industria, el establecimiento de mecanismos financieros de reparación y el financiamiento de la transición en territorios históricamente afectados.
Andrés Gómez, coordinador para América Latina del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, dijo, durante una conferencia el lunes 20, que “tenemos que seguir presionando para que nuestras demandas estén en el pliego final”.
La tensión entre la necesidad de una rápida descarbonización de las actividades académicas y la protección de los derechos territoriales es uno de los debates más complejos a debate en la ruta hacia Santa Marta y en la que la soberanía energética de las comunidades sea tan importante como las metas de reducción de emisiones globales.
Con más de 50 países confirmados, más de 1000 organizaciones asistentes y al menos 13 ministros, esta iniciativa multilateral funciona como un laboratorio de políticas para construir ladrillo a ladrillo los cimientos de la salida fósil y cuya siguiente parada será en la isla de Vanuatu, en el Pacífico sur, tentativamente este año.
Días intensos
La agenda de la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que se escenificará del 24 al 29 de abril en Santa Marta, ciudad portuaria del Caribe colombiano, está estructurada en torno a tres pilares que buscan desmantelar la arquitectura económica del dióxido de carbono, el gas generado por las actividades humanas detrás del recalentamiento planetario.
Esos pilares son: la superación de la dependencia económica del aprovechamiento fósil, la transformación de su oferta y demanda, así como el fortalecimiento de la cooperación y diplomacia climática.
La agenda incluye un encuentro académico, para debatir el estado de la ciencia sobre los fósiles y su impacto en la catástrofe climática y que incluye el anuncio del Panel Científico sobre Transición Energética; una junta parlamentaria, gobiernos subnacionales y pueblos indígenas; la cumbre de los pueblos, que calendariza diálogos sindicales, empresariales, indígenas y de ministros de Hacienda y bancos multilaterales.
Los dos últimos días están destinados al segmento de alto nivel, en el cual intervendrán los ministros y otros altos delegados gubernamentales participantes.
El informe consolidado proporcionará las herramientas técnicas para que los países inicien sus propios procesos de salida coordinada, una hoja de ruta hacia la 31 Conferencia de las Partes (COP31) sobre cambio climático, que hospedará en noviembre la ciudad turca de Antalya.
En el primer documento de la presidencia de esa próxima COP, “se olvidó” la mención de los fósiles, un negativo anticipo del devenir de esa cumbre en materia de transición energética.
La semilla de la conferencia de Santa Marta brotó de la Declaración de Belém sobre la Transición de los Combustibles Fósiles, firmada por 24 naciones durante la COP30 en esa ciudad amazónica brasileña.
Más de 90 países manifestaron entonces su respaldo a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, pero solo algo más de la mitad concurrirá a Santa Marta.
La conferencia se enfrenta a las propias altas expectativas que ha suscitado. Más allá de la retórica, su carácter no vinculante plantea interrogantes sobre su capacidad real de influencia. Sin embargo, sus promotores sostienen que precisamente esa flexibilidad permite avanzar más rápido y con mayor ambición.
La de Santa Marta es la primera reunión no vinculante que busca soluciones específicas para abandonar los hidrocarburos de una forma ordenada, rápida y progresiva; y ocurre al margen de los pasillos “esclerotizados” de las COP de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
“Tiene una apuesta para articular una gran coalición y que salgamos con un reporte final, con tareas específicas para realizarlas, saldrá un panel asesor permanente, una secretaría técnica, una instancia que dé seguimiento, que prepare la siguiente conferencia y posibilidades de acuerdo con otras instancias que tienen el mismo objetivo y avances”, explicó Luz Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental de Colombia, a preguntas de IPS durante una conferencia virtual.
De entrada, la sede encierra un valor simbólico.
Sin el brillo artificioso de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), sede de la COP28 en 2023, ni el reclamo diplomático de la amazónica Belém en la COP30 el año pasado, Santa Marta, de 574 000 habitantes, es el núcleo de la explotación carbonífera de Colombia y muestra de la urgencia de salida de carburantes fósiles hacia alternativas menos contaminantes.
Se trata de un experimento político y diplomático que rompe con el molde tradicional de la gobernanza climática. Durante tres décadas, las negociaciones internacionales se han centrado en la reducción de emisiones, pero han evitado el abordaje directo de la producción de combustibles fósiles, la raíz de la catástrofe climática.
La conferencia es la respuesta directa al agotamiento de un modelo de consenso que la COP30 evidenció al evitar la mención expresa de los fósiles y la incapacidad de producir una hoja de ruta para su abandono.
Gobiernos y organizaciones sociales han sido muy cuidadosas al asegurar que la conferencia no busca la sustitución de la CMNUCC, sino su complemento.
En la práctica, el éxito del encuentro dependerá de su capacidad para producir resultados concretos, como compromisos verificables, mecanismos de financiamiento, hojas de ruta nacionales alineadas con la ciencia climática y herramientas de seguimiento.
Shocks
Durante este siglo ya han ocurrido tres shocks petroleros. Primero, la aparición de la pandemia de covid-19. La epidemia paralizó actividades económicas y hundió temporalmente el consumo energético.
En febrero 2022, Rusia invadió Ucrania, con lo que alteró el mercado de gas y ocasionó aumentos en precios de la comida, fertilizantes y la electricidad.
El tercer sismo, y el más grave de todos, provino del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, que condujo a la decisión persa de bloquear el estrecho de Ormuz, por donde transita la quinta parte del petróleo mundial.
Como consecuencia, el precio del barril de petróleo trepó a más de 100 dólares. Además, los ataques iraníes a sus vecinos dañaron infraestructura que coartó la obtención de gas, redujo la oferta mundial y tensó la disputa por la molécula.
La conferencia ocurre también en un contexto de aumento de las emisiones contaminantes, una década de años calurosos y los visibles efectos de la catástrofe climática, como lluvias irregulares y devastadoras.
La transición es tanto un desafío ambiental como económico, social y geopolítico.
La conferencia tendrá que lidiar con sus contradicciones internas, como la naturaleza dual de varios países, como Brasil, Colombia y México, cuyos ingresos dependen en mayor o menos grado de los hidrocarburos y empujan la transición a velocidades variadas, o fuertes productores como Australia, Canadá y Noruega.
A su lado conviven naciones importadoras de gas y petróleo, como las centroamericanas o Chile y los países insulares caribeños.
Los países asistentes tienen ante sí dos sendas incompatibles: sumarse al bloque de los “electroestados”, con China a la cabeza –ausente en Santa Marta–, que domina el mercado de la tecnología alternativa (y lo que ello implica en términos geopolíticos), o permanecer entre los “petroestados”, que encabezan Estados Unidos Rusia y los países árabes, responsables del anquilosamiento de la COP y ausentes en Santa Marta.
Por otra parte, las restricciones a los fósiles ya operan con 58 vetos en 25 países y 27 jurisdicciones subnacionales.
En América Latina, Colombia y Costa Rica tienen moratorias a nuevos proyectos de hidrocarburos, mientras Uruguay prohíbe la fractura hidráulica (fracking), técnica contaminante para extraer gas enquistado en rocas a gran profundidad, por lo que queda una larga ruta por recorrer.
Para la viceministra Carmona, la conferencia puede impulsar a la COP. “Necesitamos fuerzas, profundizar la transición, avanzar en la soberanía energética, construir nuevos marcos legales, aumentar las restricciones”, enumeró.
Santa Marta ya tiene un lugar en la historia como un puerto carbonero. Queda por ver hasta dónde puede llegar para dejar en la tierra su ennegrecido pasado y transformarse en el embrión de un mundo con una energía descarbonizada.
ED: EG
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