El TS rechaza la suspensión cautelarísima de la regularización extraordinaria de migrantes que pedía una asociación
MADRID, 16 Abr. –
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la suspensión cautelarísima del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes que había solicitado la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH).
En un auto recogido por Agencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima la solicitud de esa asociación, «consistente en la suspensión inmediata de la vigencia del real decreto impugnado, sin audiencia previa de la Administración, por concurrir circunstancias de especial urgencia».
La asociación alegaba «riesgo cierto de perjuicio irreparable», la «tramitación de un volumen extraordinario de solicitudes», la «generación de situaciones jurídicas individualizadas» o la «concesión de autorizaciones de residencia y trabajo».
Pero los magistrados consideran que «ninguna de las anteriores alegaciones justifica que se suspenda la vigencia del real decreto impugnado sin previa audiencia de la parte demandada».
«En este caso no se acredita la concurrencia de las circunstancias de especial urgencia», concluyen, y acuerdan tramitar el incidente cautelar por el procedimiento ordinario y dan 10 días al Gobierno para sus alegaciones.
Además, inciden en que para la recurrente «bastaría con la entrada en vigor de una norma al día siguiente de su publicación para apreciar la urgencia», a lo que replican que «la urgencia no puede derivar de la fecha de entrada en vigor de una disposición».
PETICIÓN AL MINISTERIO DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DEL DECRETO
La petición de ARVH no es la única presentada ante el Supremo, ya que Hazte Oír también ha reclamado que suspenda cautelarmente la regularización extraordinaria de migrantes, al entender que excede los límites legales y «altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos».
Tras ese recurso, el Supremo ha requerido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que le remita «en el improrrogable plazo» de 20 días «el expediente administrativo» del real decreto para la regularización extraordinaria.
El Gobierno aprobó este martes el real decreto, del que se beneficiarán 250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas que se encuentran en situación irregular, según aseguraron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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