La advertencia de Dinamarca
MONTEVIDEO – Cuando la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se dirigió a sus seguidores la noche de las elecciones del 24 de marzo, escogió cuidadosamente sus palabras. Perder cuatro puntos porcentuales tras casi siete años en el poder, sugirió, no era tan malo teniendo en cuenta que ha habido una pandemia, una guerra en Europa y un enfrentamiento con Donald Trump por Groenlandia.
La realidad era que su Partido Socialdemócrata, había registrado su peor resultado en unas elecciones generales desde 1903. Mientras tanto, el Partido Popular Danés (DPP), de extrema derecha, triplicó su número de escaños, a pesar de que los socialdemócratas llevaban años liderando una campaña sistemática contra la inmigración para intentar evitar que ganara apoyo.
Un resultado histórico
Aunque los socialdemócratas quedaron en primer lugar con 21,9 % de los votos, bajaron de 50 a 38 escaños. Su socio de coalición de centro-derecha, Venstre, obtuvo el peor resultado de sus 150 años de historia.
Estos son los dos partidos que han liderado todos los gobiernos desde que la política mayoritaria comenzó a copiar los discursos de la extrema derecha sobre la inmigración. El acuerdo no ha beneficiado a ninguno de los dos.
Los datos sobre el cambio de voto de las encuestas a pie de urna lo dejaron claro.
Los socialdemócratas solo conservaron alrededor de dos tercios del apoyo que obtuvieron en 2022. Su mayor grupo de desertores -13 % de sus votantes anteriores- se pasó a la Izquierda Verde, que ahora cuenta con 20 escaños como segundo partido más grande del Parlamento.
Los votantes de tendencia conservadora se pasaron al DPP en lugar de recompensar a los socialdemócratas por aplicar las restricciones migratorias que el DPP llevaba tiempo exigiendo. Una y otra vez, las pruebas sugieren que los votantes muy motivados por un tema tienden a preferir a los partidos que siempre lo han priorizado frente a los que lo han adoptado más recientemente por cálculo electoral.
El panorama general no deja a ningún bloque con mayoría.
La coalición de izquierda cuenta con 84 escaños y la de derecha con 77, ambos por debajo de los 90 necesarios para gobernar.
Frederiksen ha presentado su dimisión como primera ministra, pero, como líder del partido más grande, se le ha encomendado la formación de un nuevo gobierno.
Esta es una tarea que se ve dificultada por las condiciones impuestas por el líder de los Moderados, Lars Løkke Rasmussen, quien no está dispuesto a formar parte de un gobierno que no incluya tanto a la izquierda como a la derecha.
Veinticinco años de acomodación
El giro de los socialdemócratas en materia de inmigración comenzó tras su derrota electoral de 2001. El partido creía que estaba perdiendo votantes de clase trabajadora a favor de la extrema derecha por el tema de la inmigración y concluyó que debía competir en ese terreno.
Enmarcó las políticas antiinmigración como una defensa del estado del bienestar, tratando de enfatizar la solidaridad en lugar de la xenofobia, y durante la década siguiente se desplazó progresivamente hacia la derecha en esta cuestión.
Los nueve escaños que obtuvo el DPP en 2001 resultaron inestimables para el líder del partido de centro-derecha Venstre, Anders Fogh Rasmussen, quien formó un gobierno en minoría con su apoyo.
Posteriormente, su gobierno puso en marcha una oleada de enmiendas a la Ley de Extranjería, que fue modificada 93 veces entre 2002 y 2016 con el objetivo explícito de hacer que Dinamarca resultara menos atractiva para los solicitantes de asilo.
A lo largo de la década de 2000 y principios de la de 2010, el DPP creció de forma constante, obteniendo 20,6 % de los votos en 2015 para convertirse en la principal fuerza de la derecha. Entre 2015 y 2018, la ley de inmigración fue modificada más de 70 veces.
Cuando Frederiksen se convirtió en líder de los socialdemócratas en 2015, trató de superar al DPP.
Para las elecciones de 2019, la plataforma antiinmigración de los socialdemócratas se asemejaba mucho a la del DPP.
Y, a corto plazo, les funcionó. Ganaron las elecciones de 2019, mientras que el DPP perdió casi 12 puntos porcentuales. Sin embargo, al perder, el DPP había ganado: sus posiciones, antes marginales, sobre migración, pertenencia e identidad habían sido absorbidas por la política dominante.
Un régimen que viola los derechos
Al llegar al gobierno en 2019, Frederiksen afianzó lo que los socialdemócratas denominaron un «cambio de paradigma», pasando de la integración a la disuasión, la detención y la repatriación, con el objetivo declarado de admitir «cero solicitantes de asilo».
Dinamarca se convirtió en el primer Estado europeo en declarar seguras algunas zonas de Siria, lo que le permitió deportar a refugiados sirios a una zona de conflicto activo.
En 2021, el Parlamento autorizó la externalización de la tramitación de los solicitudes de asilo a países fuera de Europa. En 2024, Dinamarca concedía asilo a menos de 900 personas al año, la cifra más baja en cuatro décadas, excluyendo los años de la pandemia.
Las consecuencias para los derechos humanos han sido documentadas por organizaciones de la sociedad civil internacional y organismos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por el retorno forzoso de solicitantes de asilo a situaciones de peligro, en violación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el periodo de espera de tres años impuesto por Dinamarca para la reunificación familiar de los refugiados con estatuto de protección temporal viola el derecho a la vida familiar. Las políticas dirigidas a las zonas clasificadas por el gobierno como «guetos» -barrios en su gran mayoría de bajos ingresos con una alta concentración de personas de origen migrante- han sido impugnadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por motivos de discriminación racial.
El daño ha sido intencionado. Un marco diseñado para hacer que Dinamarca sea lo menos acogedora posible ha sumido a decenas de miles de personas en una prolongada incertidumbre jurídica, con efectos documentados sobre la estabilidad familiar y la salud mental.
Bajo la presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea, Frederiksen presionó para que se aplicaran políticas similares en toda Europa y, junto con la primera ministra italiana de extrema derecha Giorgia Meloni, presionó para que se revisara el Convenio Europeo de Derechos Humanos con el fin de facilitar las deportaciones. Los gobiernos de centroizquierda de Suecia y el Reino Unido han tomado a Dinamarca como modelo.
Normalización, no neutralización
El cálculo político era que asumir el control de la inmigración reduciría su relevancia como tema y privaría a la extrema derecha del combustible para crecer. En cambio, la medida intensificó la demanda, lo que llevó a los opositores a la migración a adoptar posiciones cada vez más extremas, al tiempo que borró la distinción entre la política mayoritaria y la de extrema derecha.
La experiencia de Dinamarca es una lección que otros partidos de centroizquierda europeos parecen decididos a no aprender.
Veinticinco años de complacencia han dado lugar a una sociedad en la que las ideas de la extrema derecha se han normalizado, con un coste enorme y continuo para aquellos a quienes se les están privando de sus derechos.
Esto no es un modelo a seguir; es una advertencia.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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