Bangladés tras las protestas: restauración más que renovación
MONTEVIDEO – Las primeras elecciones creíbles celebradas en Bangladés en casi dos décadas se saldaron con una victoria aplastante del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP, en inglés) y de su líder, Tarique Rahman, hijo de un ex primer ministro, recién llegado tras 17 años de exilio autoimpuesto.
Las elecciones del 12 de febrero fueron posibles gracias a un levantamiento liderado por la Generación Z que las fuerzas de seguridad intentaron reprimir matando al menos a 1400 personas.
La protesta, que comenzó cuando los jóvenes se rebelaron contra un sistema de cuotas laborales que funcionaba como herramienta de clientelismo, se convirtió en un movimiento que derrocó a un gobierno.
Muchos manifestantes querían algo más que la destitución de un gobierno autoritario, y pedían que se barriera la vieja política y que los jóvenes tuvieran voz y voto reales en el gobierno. El resultado no ha estado a la altura de esas expectativas, y el nuevo gobierno de Bangladés debería ser consciente de que, a menos que impulse un cambio genuino, las protestas podrían resurgir.
El levantamiento
Las protestas de 2024 que derrocaron a la primera ministra Sheikh Hasina comenzaron cuando el Tribunal Superior de Bangladés restableció una cuota de 30 % para los descendientes de los veteranos de la guerra de independencia de 1971, dejando menos de la mitad de los puestos del sector público abiertos a la contratación basada en el mérito.
En un país con un desempleo juvenil agudo, los jóvenes frustrados rechazaron este sistema por considerarlo un vehículo para el clientelismo de la Liga Awami. Coordinado por la red Estudiantes contra la Discriminación, el movimiento se extendió por todo el país mediante bloqueos de carreteras y vías férreas.
La respuesta del gobierno de Hasina, en el poder por segunda vez desde 2009, convirtió una disputa política en una crisis política. Miembros de la rama estudiantil de la Liga Awami atacaron a los manifestantes. Las autoridades impusieron un toque de queda a nivel nacional con la orden de disparar a primera vista, cortaron Internet y ordenaron a las fuerzas de seguridad disparar con armas letales contra la multitud.
Pero la represión resultó contraproducente. La gente utilizó sus teléfonos para documentar cada incidente, y las imágenes circularon ampliamente tras restablecerse parcialmente el acceso a Internet, lo que socavó directamente la narrativa del gobierno que presentaba a los manifestantes como agitadores violentos.
El asesinato del coordinador estudiantil Abu Sayed, filmado mientras permanecía desarmado con los brazos extendidos antes de que la policía abriera fuego, se convirtió en la imagen definitoria del levantamiento.
El 5 de agosto de 2024, ante una marcha masiva hacia su residencia, Hasina huyó a la India en un helicóptero del ejército. Tal y como expone el Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de 2026 de Civicus, el levantamiento liderado por la Generación Z en Bangladés inspiró posteriores protestas en Indonesia, Nepal y otros lugares.
Las reformas en la balanza
Tres días después de la huida de Hasina, el economista y Premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus tomó posesión como asesor jefe de un gobierno interino. Esto supuso una victoria para el movimiento estudiantil, que había dejado claro que no aceptaría un gobierno respaldado por el ejército.
Su gobierno estableció comisiones de reforma que abarcaban la Constitución, la corrupción, el poder judicial, la policía y la administración pública, y negoció la Carta Nacional de julio con los partidos políticos.
Un total de 84 propuestas fueron diseñadas para reducir la concentración de poder en la oficina del primer ministro y hacer que, estructuralmente, resultara más difícil para cualquier futuro gobierno hacerse con el control del Estado tal y como lo había hecho Hasina.
La mayoría de los partidos bangladesís la firmaron en octubre de 2025.
Pero el camino hacia las elecciones no fue ni limpio ni consensuado. El Tribunal de Crímenes Internacionales, un órgano judicial nacional restablecido por el gobierno interino, condenó a Hasina en ausencia por crímenes contra la humanidad y la sentenció a muerte.
En mayo de 2025, el gobierno interino prohibió la Liga Awami en virtud de la legislación antiterrorista. Los observadores internacionales advirtieron que excluir al partido más grande del país suponía el riesgo de privar del derecho al voto a millones de personas y socavar la credibilidad democrática de las elecciones.
La fecha de las elecciones también fue objeto de una encarnizada disputa: el BNP, ansioso por sacar partido de su posición de favorito, presionó para que se adelantaran, mientras que el recién formado Partido Nacional de los Ciudadanos (NCP, en inglés), fundado por manifestantes de la Generación Z, quería más tiempo para organizarse y que primero se consolidaran las reformas institucionales. El BNP se impuso.
El regreso de una dinastía
El BNP y sus aliados obtuvieron 209 de los 299 escaños disputados, asegurándose una mayoría parlamentaria decisiva de dos tercios. El partido islamista de derecha Jamaat-e-Islami —cuya prohibición de 2013 fue levantada por el gobierno interino— se erigió como la principal oposición con cerca de 80 escaños, su mejor resultado de la historia.
El NCP solo ganó seis de los 30 escaños que disputó.
Los malos resultados del NCP tuvieron causas en parte estructurales —formado en febrero de 2025, apenas tuvo un año para construir una organización con fondos limitados y sin redes más allá de los centros urbanos— y en parte fueron autoinfligidos.
La decisión de aliarse con Jamaat-e-Islami como parte de una coalición de 11 partidos alienó a muchos votantes jóvenes que esperaban una política genuinamente nueva.
Figuras destacadas del NCP dimitieron en señal de protesta y se presentaron como independientes. El líder del NCP, Nahid Islam, de solo 27 años, sí consiguió un escaño, y el partido se ha comprometido a reconstruirse desde la oposición.
Las elecciones en sí supusieron una mejora genuina con respecto a la historia reciente de Bangladés.
La participación alcanzó 60 %, frente a 42 % de las elecciones de 2024, plagadas de fraude. Más de 60 % de los votantes respaldó la Carta de Julio en un referéndum celebrado paralelamente a las elecciones, lo que otorgó a la agenda de reformas un mandato democrático que al nuevo gobierno le resultará difícil ignorar.
Sin embargo, la votación habría sido más legítima si se hubiera permitido a todos los partidos competir libremente, y la campaña tampoco estuvo totalmente exenta de violencia: grupos de derechos humanos documentaron que al menos 16 activistas políticos fueron asesinados en el período previo a la jornada electoral.
Ahora, el BNP hereda un aparato estatal politizado tras décadas de dominio de un solo partido y cuenta con una mayoría parlamentaria de dos tercios sin ningún control significativo sobre su autoridad.
Queda por ver si gobernará de forma diferente a quienes sustituyó o si simplemente se acomodará a la misma lógica del poder. Los jóvenes cuyo levantamiento hizo posible estas elecciones están observando. Ya han derrocado a un gobierno. El nuevo haría bien en recordarlo.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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