Marí dice que la crisis habitacional «pone en riesgo la cohesión social y el futuro de Eivissa»
EIVISSA 1 Mar. Diario Dia –
El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha resaltado la problemática habitacional en la isla al alertar que la falta de acceso a un techo digno y a precios asequibles «pone en riesgo la cohesión social y el futuro de Eivissa».
En su discurso por el Día de Baleares, ha asegurado que Eivissa no puede permitir que sus jóvenes, familias y profesionales que sostienen los servicios públicos «deban irse por no poder acceder a una vivienda digna».
En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar la construcción de vivienda para residentes, además de reforzar las inspecciones contra el alquiler turístico ilegal. También, ha señalado que deben habilitarse equipamientos residenciales adecuados a trabajadores de temporada. «Sin vivienda, no puede haber cohesión social y, sin ésta, no hay una comunidad fuerte», ha dicho.
En relación a la movilidad, Marí ha recordado que la isla se prepara para poner en marcha un nuevo servicio de transporte público que mejorará la conectividad entre municipios, aunque requerirá «de un compromiso y una financiación adecuada» para garantizar su efectividad.
Sobre la limitación de vehículos, el presidente ha insistido en que «ha venido para quedarse», regulando la entrada de coches en temporada y ordenando la movilidad.
Además, ha defendido la apuesta clara por la calidad frente a la cantidad, en relación al turismo, y ha asegurado que el nuevo Parador es ejemplo de oferta diferenciadora que valora el patrimonio, la gastronomía y el entorno.
Según ha dicho también, no se puede hablar de un modelo responsable «si permitimos que haya quien especula con viviendas sin control o genera competencia desleal».
En su discurso, se ha referido al reto de gestionar los residuos y su traslado a Mallorca, calificando la medida de «compleja» en un territorio insular, aunque «responde a una realidad comunitaria reconocida por el Govern».
Sobre el fenómeno migratorio, Marí ha exigido políticas «responsables», coordinación institucional y una gestión equilibrada, que garanticen la sostenibilidad de los servicios públicos y la cohesión, reclamando una «auténtica política de Estado» para combatir las mafias que trafican con personas.
CL11
