Podemos pide en el Congreso un protocolo contra violencia digital y política a mujeres y responsabilidad a plataformas
MADRID, 28 Feb. (agencia) –
Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a impulsar un protocolo estatal frente a la violencia digital y política contra las mujeres y a regular y reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales, para su debate en el Pleno.
En este sentido, según se desprende de la iniciativa a la que ha tenido acceso Agencias, la formación ‘morada’ reclama un protocolo estatal de prevención y atención frente a la violencia digital y política contra las mujeres. El mismo solicita que esté «inspirado en las buenas prácticas iberoamericanas con mecanismos de denuncia, protección y reparación, que incluya criterios claros de actuación para autoridades públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituciones educativas y plataformas digitales».
Asimismo, llama a condenar «enérgicamente» las campañas de acoso y violencia en redes sociales contra mujeres políticas, periodistas, activistas y creadoras de contenido feministas, y declarar su apoyo a quienes las sufren.
También solicita que se reconozca y visibilice «que la violencia digital y política dirigida hacia las mujeres constituye una forma de violencia machista, que se manifiesta en ataques y campañas organizadas de odio en redes sociales, pero que puede derivar en acoso presencial, persecuciones, hostigamiento en el entorno laboral y domiciliar, siempre con el objetivo de desalentar o impedir la participación pública de las feministas».
De la misma manera, apuesta por incorporar «de manera explícita» esta «violencia política» contra las mujeres en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género,» garantizando su reconocimiento, seguimiento y dotación presupuestaria en coherencia con su inclusión en la Estrategia Estatal para Combatir las Violencias Machistas 2022-2025″. Igualmente, aboga por fortalecer el Observatorio Estatal de Violencia contra las Mujeres con un módulo específico sobre violencia política y digital.
Por otro lado, pide regular y reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales, «exigiendo mecanismos eficaces para la detección, eliminación y respuesta a contenidos abusivos como los deepfakes no consentidos, así como protocolos de atención a víctimas y colaboración obligatoria con autoridades competentes».
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
En esta misma línea, recomienda desarrollar campañas públicas de sensibilización y formación sobre el impacto de la violencia digital y política contra las mujeres en la calidad democrática y en el derecho a la participación, así como establecer programas específicos de apoyo psicosocial, jurídico y tecnológico para afectadas. En este punto, pide priorizar casos de especial vulnerabilidad como aquellos liderazgos jóvenes o con alta visibilidad mediática.
Del mismo modo, reclama fomentar cooperación internacional y la adopción de «buenas prácticas» en materia de violencia digital y política contra las mujeres, en consonancia con marcos y recomendaciones de organismos internacionales y de derechos humanos y explorar la incorporación de medidas legislativas en línea con las experiencias de América Latina.
Finalmente, exige «reiterar el compromiso con la igualdad de género, la libertad de expresión y la participación plena de las mujeres en la esfera pública y política, así como con la erradicación de todas las formas de violencia machista que buscan limitar estos derechos fundamentales».
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