Los programas electorales: ¿Qué proponen los partidos en materia de energía
MADRID, 21 Nov. Agencias –
El PSOE y Frente Amplio han recogido en sus programas electorales sendas propuestas para mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares en España, mientras que el PP aboga por derogarlo y Vox apuesta incluso por abrir nuevas plantas.
Como ya ocurrió en 2023, el debate sobre las nucleares es protagonista en las diferentes propuestas en materia de energía que los principales partidos del país han plasmado en sus programas electorales para las elecciones del próximo 29 de noviembre.
El principal partido del Gobierno, el PSOE, defiende mantener el calendario para un cierre progresivo de centrales nucleares hasta 2035 y desarrollar proyectos de transición justa en las comarcas afectadas, preservando las capacidades tecnológicas y de conocimiento vinculadas al sector.
Por su parte, Frente Amplio respalda esta propuesta y plantea que Almaraz I y II cierren en los plazos previstos (2027-2028), sin beneficios fiscales, con la gestión de los residuos a cargo de las empresas y con recursos para la transición justa de sus trabajadores y la reactivación de las comarcas afectadas.
«Exigiremos que los operadores financien los costes que les corresponden de desmantelamiento y gestión de residuos», apostilla la coalición en su programa.
Podemos también defiende el cumplimiento del calendario de cierre nuclear y que paguen las empresas su desmantelamiento, y añade el compromiso de que cualquier almacén de residuos nucleares necesitará una consulta popular en el lugar elegido.
Al otro lado del hemiciclo, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo propone eliminar el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo en los primeros cien días de Gobierno, si bien no detalla qué hará después con cada una de esas centrales.
De su lado, la formación de Santiago Abascal quiere «recuperar urgentemente» el plan nuclear nacional, garantizando la supervivencia de las centrales nucleares actuales, derogar el calendario de cierre y estudiar la instalación de nuevas centrales en los emplazamientos disponibles adyacentes a las actuales. «Se llevarán a cabo aquellos proyectos que sean viables con la mayor brevedad posible», defiende Vox en su programa.
Fuera del ámbito de la energía nuclear, tanto PSOE como Frente Amplio defienden una hoja de ruta de descarbonización y electrificación de la actividad económica, aunque con diferentes hitos a conseguir.
Así, los socialistas buscan que el 81% de la generación eléctrica en 2030 sea de fuentes renovables, priorizando su ubicación en las zonas de aceleración renovable, objetivo compartido por los frenteamplistas que, no obstante, buscan que ese porcentaje suba hasta el 90% en 2035 y al 100% en 2040. PSOE y Frente Amplio también defienden el impulso del autoconsumo.
Más allá de estos objetivos compartidos, tanto PSOE como Frente Amplio y Podemos han dejado novedosas propuestas en el ámbito energético, como es la promesa socialista de una nueva ley de minas para garantizar una gestión sostenible de las materias primas minerales.
De su lado, Frente Amplio plantea el fin del diésel para el 2030 y electirificar por completo para eso año la red ferroviaria estatal, una inversión anual del 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB) para luchar contra la emergencia climática y un nuevo impuesto a las actividades mineras extractivas para recaudar más de 470 millones anuales.
La coalición que lidera Ada Colau también aboga por impulsar un fondo soberano de energía y que el Estado participe en los nuevos parques renovables que se instalen, prohibir la publicidad de empresas fósiles, financiar aires acondicionados en hogares vulnerables, un ‘leasing’ de 100 euros mensuales para adquirir un coche eléctrico, garantizar tres horas de luz gratis al día o impulsar una mayor fiscalidad a jets privados y yates.
En lo que respecta a Podemos, la formación representada por Irene Montero plantea un cheque energético de 300 euros anuales para las familias, hacer permanente el impuesto a eléctricas, la articulación de una empresa pública de energía, la nacionalización de Repsol y que Red Eléctrica sea 100% pública.
En lo que se refiere al PP, la formación se desmarca de incluir en su programa objetivos específicos de descarbonización, aunque sí menciona el compromiso de «acelerar la descarbonización del transporte de personas y mercancías».
Asimismo, se compromete a eliminar «de inmediato» el impuesto del 7% a la producción eléctrica (propuesta que Frente Amplio respalda siempre que sea a empresas renovables) y reducir la carga fiscal del recibo.
Los de Feijóo quieren también que los hogares más vulnerables tengan una tarifa social única que sustituya y mejore los actuales bonos eléctrico y térmico. Además, se incluye un punto para aprobar un estatuto del consumidor energético que refuerce los derechos de información, transparencia y reclamación.
Otra iniciativa del PP pasa por desbloquear el acceso a la red eléctrica, con un plan de choque en 18 meses para resolver los problemas que frenan la conexión de esos proyectos. A su vez, la formación aboga por actualizar en seis meses las reglas de funcionamiento del sistema eléctrico para evitar otro apagón y adaptar las infraestructuras de transporte a los efectos del cambio climático.
Por parte de Vox, el partido propone una bajada «masiva» de los impuestos de la energía eléctrica a familias, empresas en industrias españolas, el fin del «tope regulatorio» a la inversión en redes eléctricas y acabar con las restricciones para poder explorar, investigar y explotar recursos naturales y yacimientos minerales.
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