El Gobierno moviliza 182,2 millones en medidas urgentes para los afectados por la dana Adam
MADRID, 10 Nov. Diario Dia –
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en respuesta a los daños causados por las inundaciones y otros sucesos acaecidos entre los días 17 y 19 de octubre de 2026, como consecuencia de la dana Adam.
La norma incluye medidas urgentes, por importe de 182,2 millones de euros, para los afectados por dicho fenómeno meteorológico, que afectó especialmente el litoral mediterráneo, sur de Valencia y norte de Alicante, con extensión a otras zonas, incluidas Islas Baleares. Se incorporan medidas agrícolas, tributarias y de ayudas al comercio, turismo y hotelería.
Las medidas llegan después de que la semana pasada el Consejo de Ministros declarase zonas gravemente por una emergencia de protección civil los territorios perjudicados por 45 episodios adversos registrados en nueve comunidades autónomas, entre el 13 de septiembre y el 20 de octubre de 2026.
Las medidas de apoyo para el sector agrario afectado por la dana Adam alcanzan los 88,7 millones de euros. En concreto, se autoriza al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar las actuaciones para la recuperación por emergencia de los caminos agrícolas de uso público e infraestructuras colectivas de riesgo que hayan resultado dañadas por las fuertes lluvias, teniendo dichas actuaciones consideración de obras de emergencia.
La norma recoge también ayudas directas para todos los agricultores con póliza de seguro agrario que hayan sufrido daños por la dana Adam. Se les abonará hasta el 70% del coste de la póliza –el máximo que permite la normativa comunitaria–, así como los daños no cubiertos por la indemnización del seguro agrario, la denominada franquicia. Las ayudas estarán exentas de tributación.
Además, se arbitran medidas de financiación, extendiendo los plazos y el ámbito de la línea DANA/ICO-MAPA-SAECA, para que los afectados puedan solicitar créditos con una ayuda a fondo perdido equivalente al 15% del principal, quedando además exentos del coste del aval.
De su lado, se destinan 74,5 millones de euros para actuaciones de reparación, protección y mejora, impulsadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En detalle, se dirigen 70 millones de euros a obras en las costas de la Comunidad Valenciana, encaminadas a reparar mediante obras de emergencia de los daños causados, en el dominio público marítimo-terrestre.
Además, la norma permite destinar parte de esos recursos a nuevas actuaciones para aumentar la resiliencia del litoral valenciano frente a futuros temporales y a los efectos del cambio climático, dentro del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa.
Otros 3 millones de euros son para la Confederación Hidrográfica del Júcar, con el fin de reparar los daños producidos en cauces y en infraestructuras hidráulicas de titularidad estatal afectadas por la dana, y 1,5 millones de euros para la Confederación Hidrográfica del Segura, para la reparación de cauces, ramblas e infraestructuras hidráulicas afectadas, incluidos los daños en drenajes de las infraestructuras del postrasvase.
En cuanto a las medidas dirigidas al comercio minorista, al sector turístico y a la hostelería, el importe máximo de la subvención directa concedida a la Cámara de España será de 15 millones de euros.
La cuantía de la ayuda por establecimiento afectado será de 5.000 euros para autónomos y de 10.000 euros, cuando la destinataria final sea una pequeña o mediana empresa o una entidad sin personalidad jurídica.
Respecto a las medidas financieras y tributarias, el Real Decreto-Ley permite destinar el superávit de 2025, 2026 y 2027 de las entidades locales afectadas a Inversiones Financieramente Sostenibles relacionadas con los daños causados por esta catástrofe y los gastos derivados de esta dana no computarán en las reglas fiscales.
Se habilita la posibilidad de destinar recursos adicionales del Fondo de Financiación a la Comunidad Valenciana para sufragar actuaciones de reparación y los gastos extraordinarios provocados por este fenómeno.
Asimismo, se aprueba la exención de las cuotas del IBI de 2026 de los bienes situados en las zonas afectadas que hayan sido realojados y una reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en los municipios o zonas afectadas, que serán compensados por el Estado a las entidades locales.
Igualmente, se prevén reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias en el IRPF y el régimen especial simplificado del IVA.
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