Urbas acusa a su administración concursal de forzar la liquidación en vez de favorecer su continuidad
MADRID, 27 Oct. Agencias –
Urbas ha acusado a su administración concursal de aplicar criterios y decisiones que responden a una voluntad de propiciar la liquidación de la compañía, en lugar de favorecer una interpretación que atienda a la voluntad expresada por los acreedores y permita una solución de continuidad para la sociedad, con la satisfacción íntegra de los créditos en los términos previstos en la propuesta de convenio.
La compañía ya ha recibido el escrito presentado ante el Juzgado por la administración concursal sobre el resultado de las adhesiones y oposiciones a la propuesta de convenio, en el que se concluye que la propuesta no habría alcanzado las mayorías legalmente exigidas.
La empresa en situación de concurso de acreedores ha remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que traslada sus discrepancias con esta conclusión, al considerar que el cómputo efectuado es «incorrecto y no se ajusta a derecho».
Urbas señala que las adhesiones expresadas a favor de la propuesta de convenio representan un importe conjunto superior a 57,3 millones de euros, incluyendo tanto los 20,3 millones de euros computados por la administración concursal como los 37,2 millones de euros en adhesiones excluidas por distintos motivos, entre ellos los relativos al reconocimiento o clasificación de créditos y al plazo de presentación.
En este sentido, Urbas rechaza la exclusión por extemporáneas de las adhesiones presentadas el lunes 26 de octubre de 2026 por distintos acreedores, al considerar que la administración concursal empleó argumentos meramente formales.
Por otro lado, la compañía indica que la administración concursal cifró las oposiciones en aproximadamente 34,1 millones de euros, cantidad en la que incluyó el crédito de Attijariwafa Bank por importe de 12,4 millones de euros.
A este respecto, Urbas afirma que la inclusión del voto de esta entidad bancaria como negativo supone desconocer su expresa voluntad posterior de modificar y reconsiderar el sentido de su voto favorable al convenio.
Además, la sociedad sostiene que se excluyeron adhesiones favorables en circunstancias equivalentes a las de votos en contra que sí se computaron, y que se omitió la inclusión de créditos sujetos a reconocimiento obligatorio o presentados dentro del mes siguiente a la publicación del concurso en el Boletín Oficial del Estado.
La cotizada añade que en el cómputo de oposiciones se incluyeron créditos subordinados y se excluyeron créditos documentados de profesionales que trabajan o han trabajado para la sociedad «sin justificación».
Asimismo, explica que varios acreedores afectados por la exclusión o subordinación de sus créditos solicitaron al Juzgado preservar su derecho de voto mientras se resuelven las impugnaciones correspondientes.
Finalmente, la compañía defiende que, mediante la correcta clasificación y cómputo de los créditos y votos afectados, se alcanzaron sobradamente las mayorías necesarias para aceptar el convenio.
Por ello, ha anunciado que formulará ante el Juzgado las impugnaciones y alegaciones pertinentes para que se revisen los criterios aplicados y ejercerá cuantas acciones resulten necesarias para defender la continuidad de la sociedad y los intereses de sus accionistas, acreedores y trabajadores.
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