C-LM podría aprobar su Ley de Calidad Ambiental en el primer trimestre del 2027, tras su paso por el Consejo de Gobierno

TOLEDO 27 Oct. Agencias –

El Consejo de Gobierno de este martes ha tomado en consideración el anteproyecto de Ley de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha, un texto que actualiza la regulación ambiental autonómica, adapta la normativa a la realidad actual del territorio y la alinea con la legislación europea y estatal en un único marco legal.

Según ha informado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, el anteproyecto será remitido al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para la emisión del preceptivo dictamen. Se prevé que sea aprobada como proyecto de Ley por las Cortes regionales en el primer trimestre del próximo año 2027.

Según informa el Ejecutivo, la consejera ha destacado que el futuro texto permitirá «reducir cargas burocráticas, mejorar la coordinación entre las distintas administraciones competentes y ofrecer una mayor seguridad jurídica a ciudadanos, ayuntamientos, empresas y entidades que desarrollan actividades con incidencia ambiental, favoreciendo una gestión más eficaz y transparente».

Dicha norma, ha comentado, responde a algunos de los principales desafíos ambientales actuales, entre ellos la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad del aire, la gestión sostenible de los residuos, la protección de los recursos naturales y la prevención de la contaminación.

Entre las novedades más relevantes, Mercedes Gómez ha destacado la creación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU), que permitirá integrar en un único expediente y una única resolución procedimientos que hasta ahora se tramitaban por separado.

De esta manera, autorizaciones vinculadas a la gestión de residuos y a las emisiones atmosféricas podrán gestionarse conjuntamente, reduciendo tiempos de tramitación y evitando duplicidades administrativas.

Junto a esta medida, el anteproyecto incorpora nuevas herramientas de simplificación administrativa como las consultas preliminares, la renovación de determinadas autorizaciones mediante declaración responsable y procedimientos simplificados para determinadas actividades.

«La ley no nace para imponer más burocracia, sino precisamente para simplificar procedimientos manteniendo todas las garantías ambientales. Proteger más y tramitar mejor», ha afirmado la consejera.

Otro de los pilares, será el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, control e inspección ambiental. El anteproyecto incorpora mecanismos específicos para mejorar el seguimiento de las actividades con afección ambiental y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Además, por primera vez se establece una regulación específica en ámbitos que carecían de un régimen sancionador propio, como los organismos de control de la atmósfera, la gestión de estiércoles en explotaciones porcinas o la protección de las zonas vulnerables a nitratos.

«Espero que se utilice lo menos posible. Para nosotros es más importante hacer una buena práctica agraria, que realmente tener que sancionar. Y en eso, es en lo que estamos trabajando y formando junto a nuestras organizaciones profesionales agrarias», ha defendido la consejera.

Asimismo, ha proseguido, el texto revisa la clasificación de infracciones y las cuantías sancionadoras, diferenciando las conductas leves, graves y muy graves, con el objetivo de adaptarlas a la realidad actual y reforzar la capacidad de respuesta ante incumplimientos ambientales, garantizando que las medidas sean proporcionadas y eficaces para prevenir daños al medio ambiente.

«El objetivo es dotar a la Administración de herramientas más eficaces para prevenir daños ambientales y restaurar la legalidad cuando sea necesario, siempre desde un enfoque preventivo y no sancionador», ha señalado Gómez.

Por último, la consejera ha destacado el amplio proceso de consulta desarrollado durante la elaboración del anteproyecto, que ha incluido consulta pública previa, información pública, consultas a todas las consejerías, informes de órganos consultivos, entidades locales y agentes sociales, además de las aportaciones realizadas por organizaciones, colectivos y ciudadanía.

«Es una ley construida desde el diálogo y la participación, que incorpora las aportaciones de administraciones, agentes económicos, organizaciones sociales y ciudadanía para responder a las necesidades reales de Castilla-La Mancha», ha señalado.

A preguntas de los medios, sobre las zonas de bajas emisiones, la consejera ha explicado que la competencia para elaborar dichas limitaciones urbanas es exclusivamente municipal.

«Nosotros, lo que tenemos que comprobar es que se cumplen lo que ellos han definido que es su zona de bajas emisiones. Para eso se crean los organismos de control de atmósfera, que no teníamos regulados en nuestra comunidad autónoma y que regulamos precisamente en esta ley con la finalidad de poder hacer esas inspecciones».

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