IU en Cádiz insta a la Junta a avanzar en la «dignificación» del Personal Técnico de Integración Social en Educación

CÁDIZ 19 Oct. Agencias –

IU defenderá este miércoles en el Pleno de octubre de la Diputación de Cádiz una moción en defensa de un mayor avance hacia la educación inclusiva, así como en favor de los derechos laborales y la «dignificación» del Personal Técnico de Integración Social (PTIS).

En una nota, el diputado provincial de IU, Ramón Galán, ha afirmado que lograr una educación realmente inclusiva, «es decir, un modelo que garantice el derecho de todos los niños y niñas a aprender juntos, sin importar sus capacidades, origen, género o situación social», solo es posible con «una disminución de la ratio en las aulas, un aumento del personal especialista de apoyo o una mejor formación del profesorado para atender al conjunto del alumnado».

En este sentido, ha señalado que los PTIS son «pieza clave» en este objetivo de inclusión real. Además, critica en la moción la «escasez» de este personal especializado en la práctica totalidad de centros públicos de la provincia, lo que viene motivando protestas de familias y comunidad educativa.

Asimismo, ha destacado la «situación de precariedad laboral que sufre una parte fundamental del personal técnico de integración social, los trabajadores externalizados, con condiciones laborales indignas, fruto de un modelo de externalización que solo genera desigualdad y explotación».

Concretamente, alude IU a la «inestabilidad crónica» que sufren alrededor de 2.000 trabajadores, con «jornadas parciales impuestas, recortes cada septiembre y desempleo en verano, lo que configura una discriminación evidente respecto al resto de profesionales de los centros educativos públicos, que sí cuentan con estabilidad y continuidad».

Por ello, IU en su moción insta a la Junta de Andalucía a atender la demanda de las asociaciones de familias, sindicatos y expertos y dotar a los centros educativos públicos andaluces del suficiente personal de apoyo al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), sí como a llevar a cabo contratos estables y de continuidad durante todo el año, y que en el marco de sus competencias regulatorias exijan a las empresas adjudicatarias contratos estables y de continuidad, «poniendo fin a los abusos que se vienen produciendo y la precariedad e inseguridad laboral que generan entre el colectivo PTIS».

De igual forma, reclama al Gobierno andaluz que lleve a cabo una revisión urgente del modelo de externalización, «que solo ha servido para precarizar y discriminar a trabajadoras y trabajadores que realizan funciones equiparables».

Finalmente, insta al Gobierno de España a establecer «ratios estatales fijas y una dotación mínima de Personal Técnico de Integración Social (PTIS) basada estrictamente en las necesidades reales del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), ayudando así a terminar con la precariedad del sector y acabar con la disparidad de criterios entre comunidades autónomas».

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