La quita de deuda, la ley de función pública y la de industria decaen en el Congreso por el adelanto electoral

MADRID, 5 Oct. Diario Dia –

La condonación de la deuda autonómica, la ley de función pública o la ley de industria son algunas de las normas que estaban en trámite parlamentario y han decaído por el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 29 de noviembre.

Tampoco llegará a tramitarse en esta legislatura el proyecto de ley para transponer una parte de la nueva Directiva europea del IVA en el ámbito de la economía digital, ni un proyecto que reformaba varias leyes tributarias en materia de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea.

En el ámbito laboral, algunos proyectos y proposiciones de ley que no verán culminar su tramitación serán el del Estatuto de las personas en formación práctica laboral, la reforma para conceder jubilaciones anticipadas sin penalizaciones a trabajadores con más de 40 años cotizados o la norma para recuperar la bonificación de las cuotas patronales de la Seguridad Social para los empresarios de Ceuta y Melilla.

También han decaído el proyecto que reformaba la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; el proyecto para el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima o las reformas para los seguros agrarios combinados y de revisión del funcionamiento de la cadena alimentaria. La Ley de Industria, pendiente de aprobarse desde la legislatura anterior, tampoco saldrá adelante.

En el ámbito de consumo también han decaído normas con impacto económico como son la proposición de ley para combatir la práctica de la reduflación y la relativa a la regulación de las cláusulas Redito Ad Libitum en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios.

Una de las leyes impulsadas por el Gobierno que tampoco verá la luz será la de la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, un proyecto que estuvo a punto de culminar en la legislatura anterior pero también decayó por el adelanto electoral.

Dentro de la comisión de economía, otras leyes que han caído con el adelanto electoral son el proyecto por el que se modifican diversas leyes para la digitalización y modernización del sector financiero, el proyecto para el buen uso de la Inteligencia Artificial (IA), el que modificaba los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera, o el que introducía una nueva regulación para administradores y compradores de créditos.

Dentro de esa comisión también ha decaído la proposición de ley impulsada por el Parlamento catalán para garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera.

En lo que respecta al ámbito energético, uno de los proyectos más relevantes que no terminará de tramitarse será el de la creación de la Comisión Nacional de la Energía.

En materia de vivienda, decaen todas las iniciativas legislativas impulsadas por el PP en Congreso y Senado, y que abarcan un amplio abanico de medidas que van desde agilizar el desalojo de ‘okupas’ en vivienda hasta rebajas fiscales en la compra de inmuebles y reformar la Ley del Suelo.

También ha caído la ley de EH Bildu para controlar y regular la publicidad de los pisos turísticos ilegales y la presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones.

El Gobierno no ha conseguido sacar adelante en esta legislatura dos de los grandes hitos económicos que se había propuesto: Presupuestos Generales del Estado y reforma del sistema de financiación autonómica.

De hecho, por primera vez en la historia democrática, la actual legislatura, que llega a su fin tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, se ha cerrado sin la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, la aprobación de la reforma de la financiación autonómica ha quedado finalmente en el aire por el adelanto electoral. Pese a que a principios de septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera había dado ‘luz verde’ al proyecto –con apoyo de Cataluña y Canarias– el Consejo de Ministros no ha aprobado este proyecto y, por consiguiente, no se ha remitido a las Cortes para su convalidación.

En el plano laboral, la reforma del registro horario, uno de los grandes caballos de batalla de esta legislatura de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todavía podría ver la luz pese a la convocatoria de elecciones.

La intención del Gobierno es aprobar esta reforma por Real Decreto, por lo que no precisaría de convalidación ni en el Pleno del Congreso ni en la Diputación Permanente, que es la que vela por los poderes de la Cámara cuando las Cortes Generales están disueltas o han expirado su mandato.

Lo que no está tan claro es que el Gobierno proceda a acometer una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de las elecciones, aunque dicha subida también se ejecuta mediante Real Decreto.

Está también por ver qué pasará con la reforma para evitar que los pluses y complementos salariales absorban las subidas del SMI. Este cambio normativo se iba a incluir en la transposición de la directiva europea sobre salarios mínimos adecuados.

Lo que no dará tiempo a aprobar antes de las elecciones será la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que el Gobierno aprobó a finales del pasado mes de abril en Consejo de Ministros, en forma de anteproyecto de ley.

Tampoco verá la luz la reforma del despido para adecuarlo a las exigencias de la Carta Social Europea, salvo que el Gobierno se proponga sacar adelante los cambios normativos en forma de Real Decreto o hacerlo en formato Real Decreto-ley contando, eso sí, con que la Diputación Permanente pudiera tumbar esta reforma.

Otro asunto que estaba en la cartera de Trabajo antes de la convocatoria de las elecciones era la transposición de la directiva comunitaria sobre transparencia retributiva, cuyo texto ya está cerrado, al menos en sus aspectos más importantes.

También estaba previsto aprobar en segunda vuelta el anteproyecto de ley de regulación del convenio de ajuste recíproco de intereses. El CARI es uno de los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización de la empresa española. Facilita la concesión de créditos a medio y largo plazo, en condiciones de mercado y a tipo de interés fijo, a los clientes de los exportadores españoles. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es el responsable de formalizar los convenios del CARI por cuenta del Estado.

En el plano de Transformación Digital, el ministerio capitaneado por Óscar López tenía previsto aprobar este mes de octubre el nuevo real decreto para regular los centros de datos en España -desarrollado conjuntamente con Transición Ecológica y Economía-, el cual exigirá que las instalaciones respalden con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo energético cada hora bajo criterios de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital.

Por otro lado, el consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, tiene hasta el 12 de noviembre para presentar su candidatura para hacerse con una de las siete gigafactorías de inteligencia artificial (IA) europeas.

CL8