El Gobierno cifra en 1.600 millones el coste público del ‘decreto Maricarmen’ de vivienda

MADRID, 1 Oct. Diario Dia –

El Gobierno ha cifrado en algo más de 1.600 millones de euros el coste para las arcas públicas que tendrá la aplicación de los dos decretos ley de vivienda que se votarán este mismo viernes en el Congreso, según consta en las respectivas memorias económicas de los textos recogidas por Agencias.

En concreto, el Ejecutivo especifica que ese coste está asociado al decreto que incluye bonificaciones fiscales, la protección frente a desahucios o la prohibición de compra a fondos ‘buitre’, puesto que para el decreto que incluye la renovación automática del alquiler no se asocia ningún gasto público al no afectar a tributos ni crear órganos nuevos ni dotaciones específicas.

Siguiendo con ese segundo decreto, que obliga a los caseros a pagar una indemnización de doce meses a los inquilinos si deciden romper el contrato, el Gobierno dice que en lo que se refiere a la emisión de informes de vulnerabilidad por servicios sociales autonómicos o municipales es una función «ya existente en la regulación vigente», por lo que «no se amplía». A su vez, la memoria detalla que el eventual coste derivado de la condición de arrendadoras de las administraciones «no es cuantificable».

Así, el impacto en términos fiscales de las leyes se reduce al otro decreto ley que incluye determinados modificaciones en el IRPF en el IVA para intentar paliar la crisis de precios que sufre el mercado del alquiler en España.

Dentro del impacto presupuestario de ese decreto ley, el Gobierno ha detallado que la medida para prorrogar el tipo del 1,1% en el IRPF por las viviendas vacías afecta a unas 2,36 millones de declaraciones de la renta, por lo que la merma de recaudación es de unos 154 millones de euros.

Al mismo tiempo que se prorroga ese tipo reducido, el decreto incluye recargos en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para la vivienda vacía, pero en este caso Hacienda no detalla el coste que supondrá porque se refiere a un tributo que se gestiona en los presupuestos de las entidades locales y, a su vez, su aplicación depende de que el inmueble esté en una zona tensionada declarada oficialmente.

El decreto también fija una serie de reducciones del IRPF para los propietarios que alquilen sus inmuebles a un precio reducido, de manera que hay bonificaciones de hasta el 100% en ese impuesto si al hacer un nuevo contrato de alquiler baja el precio un 5%. El Ejecutivo no detalla el coste concreto de este medida y alega que su impacto neto dependerá de la distribución efectiva de los contratos de arrendamiento entre los distintos supuestos contemplados. En consecuencia, el impacto recaudatorio se desplegará de forma gradual.

En lo que se refiere al impacto de la deducción del 60% en el IRPF por rehabilitación energética o para los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023, se cifra un coste de 370 millones de euros.

Sin salir del impacto en el IRPF, el Gobierno ha desglosado el impacto que tendrán las deducciones del 10% de las que se podrán beneficiar unas 945.000 personas.

En concreto, el texto introduce una deducción del 10% para los inquilinos por alquiler de vivienda habitual, para contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros. El impacto de la medida, según los cálculos de Hacienda, se estima en 835 millones de euros.

Por otro lado, la exención de IRPF en las ayudas para la rehabilitación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 beneficiará a 11.915 contribuyentes y el coste es de 6,8 millones de euros. En lo que se refiere a la exención de la ganancia patrimonial por transmisión de vivienda desocupada a entidades públicas, la Agencia Tributaria estima el coste en 93,9 millones.

Dicha estimación resulta susceptible de variación, por cuanto el alcance efectivo de la medida dependerá del número de transmisiones que finalmente se acojan a la exención, el valor de estas y de las entidades públicas que se determinen por el ministerio de vivienda. Las medidas introducidas relativas al rendimiento por parentesco e imputación de renta se calculan en unos 380 millones de euros.

Por otra parte, el decreto hace diversas modificaciones en el IVA para gravar con un 10% a los pisos turísticos. En este caso, la medida supone un ingreso para las arcas públicas de unos 170 millones de euros al año y de 14 millones para el mes de diciembre, que es cuando entraría en vigor si finalmente se convalida el texto.

Siguiendo con el IVA, el tipo reducido que se ha establecido para las ejecuciones de obra de renovación y reparación en viviendas destinadas a arrendamiento supondrá un coste de 103,5 millones de euros en términos de año completo. Por su parte, rebajar el IVA al 4% a las viviendas protegidas costará unos 121,2 millones.

La ley también eleva del 15% al 25% el gravamen sobre los beneficios de la Socimi, una medida que supondrá un incremento de recaudación de 1,2 millones. No obstante, las deducciones fiscales a las que se pueden acoger estas sociedades alcanzan unos 3 millones.

Por último, la memoria presupuestaria del decreto señala que las aportaciones de inmuebles del Patrimonio del Estado y de otras entidades del sector público a CASA 47 presentan principalmente un efecto patrimonial, aunque pueden producir también consecuencias presupuestarias que no se especifican.

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