La CUOTA declara contraria a la legalidad la modificación urbanística planteada en La Isla (Colunga)
OVIEDO 24 Sep. Diario Dia –
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) ha considerado que la propuesta de modificación de las normas subsidiarias para el ámbito de La Isla, en Colunga, no se ajusta a la ordenación territorial y urbanística vigente.
Así lo ha manifestado en un informe la comisión permanente del organismo, reunida esta mañana y presidida por el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, tras recibir esta petición del ayuntamiento colungués, que planteaba la posibilidad de continuar con su tramitación para aprobarla definitivamente.
Según informa el Principado en una nota de prensa, la propuesta de la promotora planteaba ampliar el ámbito de actuación de 9.850 a 20.398,88 metros cuadrados, más del doble de la superficie actualmente prevista, amparándose en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de noviembre de 2011. Sin embargo, el informe elaborado por la CUOTA aclara que dicho fallo judicial reconoció como suelo urbano únicamente los terrenos concretos objeto del litigio –referidos al ámbito SAU-LS-04 y no a la totalidad de la finca, denominada La Forca–, una sentencia que ya fue ejecutada en 2012 y, posteriormente, la Demarcación de Costas modificó la servidumbre de protección hasta los 20 metros.
El documento señala que la ampliación proyectada incluye terrenos con protección especial por sus valores vinculados a la costa, regulados por el Plan de Ordenación del Litoral del Principado de Asturias (POLA) y el Plan Territorial Especial del Suelo no Urbanizable de Costas (PESC). Por este motivo, la CUOTA ha considerado que extender la delimitación de suelo edificable hacia terrenos protegidos resulta incompatible con la normativa urbanística y que la modificación de la servidumbre de protección de costas a 20 metros no altera por sí misma la protección de dicho suelo.
Tras la reunión, el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz, ha resumido las conclusiones del informe: «La propuesta incumple el POLA e incumple el PESC. Por lo tanto, incumple la ordenación territorial, y debe limitarse a edificar aproximadamente la mitad de la parcela inicial, que será la mitad de los chalés, y siempre en la línea más alejada de la costa».
Ruiz ha destacado que la decisión «no es solo una declaración de legalidad, que evidentemente lo es, sino también una clara defensa de la política de protección de la costa que mantiene la consejería».
Según ha expuesto, los instrumentos de su departamento tienen precisamente como objetivo «la protección de la costa y la preservación de sus valores naturales». Por esta razón, ha considerado que el acuerdo alcanzado hoy «supone una muestra más del compromiso de la Consejería de Ordenación de Territorio con esos valores y con su protección».
El informe analiza, además, la tramitación municipal y detecta deficiencias en el procedimiento de información pública. En concreto, señala que, en las distintas fases de exposición pública, no se puso a disposición de la ciudadanía el documento completo de la modificación, sino únicamente determinados informes económicos.
En sus conclusiones, el informe considera que la propuesta invade suelo de especial protección de costas y contradice la ordenación establecida por el POLA y el PESC. También señala que no puede justificarse en la sentencia del TSJA de 2011, ya ejecutada, y que la tramitación municipal presenta, además, deficiencias por no haber sometido a información pública la documentación completa de la modificación.
Este informe se remitirá la Demarcación de Costas para que, en el ámbito de sus competencias, determine si procede realizar la corrección de la línea de servidumbre.
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