Los ayuntamientos podrán empezar a derivar beneficiarios de tarjetas monedero a partir de este jueves
SEVILLA, 22 Sep. Diario Dia –
La consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Familias, Loles López, ha anunciado este martes que el próximo jueves se abrirá el procedimiento para que los ayuntamientos comiencen a derivar a los beneficiarios del Programa de Asistencia Material Básica, conocido como tarjetas monedero. Sobre este programa, la consejera ha cuestionado el modelo establecido por el Gobierno de España y ha asegurado que «deja fuera a 280.000 andaluces». En este sentido, ha defendido que las políticas de inclusión deben garantizar que la ayuda llegue de manera efectiva a las personas y familias que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Así lo ha defendido la consejera en la comisión parlamentaria en la que ha presentado las lineas generales de su departamentos para esta nueva legislatura. En dicha comisión, López ha advertido de que el PSOE pretende convertir «la protección del menor en la protección del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,» y ha defendido que Andalucía «cumplirá la ley y sus obligaciones en materia de protección de menores», pero «no contribuirá a utilizar a los menores migrantes no acompañados como mercancía política».
En este contexto, ha asegurado que desde el Ejecutivo andaluz «vamos a cumplir la ley, pero no vamos a contribuir a que utilicen a los menores como mercancía política, como hicieron en el reparto del 2025», cuando «el Gobierno de España planteó el traslado a Andalucía de 600 menores migrantes no acompañados, mientras que a Cataluña y País Vasco le correspondieron cero».
La consejera ha reclamado que cualquier decisión sobre el traslado de menores tenga en cuenta la situación «real» de los sistemas de protección de las comunidades autónomas. En este sentido, ha asegurado que Andalucía se encuentra «por encima de su capacidad» y ha atribuido esta situación al incremento de menores atendidos en los últimos años.
López ha cuestionado que el Gobierno de España reclame a Andalucía una respuesta basada en la solidaridad «sin tener en cuenta la capacidad de los recursos disponibles». En este contexto, se ha referido a las declaraciones de la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, sobre el cumplimiento del convenio de colaboración con Ceuta y ha reclamado que «antes de exigir nuevos traslados se conozcan los recursos de acogida».
La consejera ha citado el convenio de Ceuta y ha señalado que su aplicación está condicionada a la disponibilidad de recursos residenciales específicos y adecuados a las necesidades de los menores. «Si un niño tiene una discapacidad y tiene que ser trasladado, tenemos que disponer de un recurso específico para ese niño», ha explicado. Por ello, ha defendido que la planificación de los traslados debe tener en cuenta las características de cada menor.
En este sentido, ha defendido que existen expedientes de menores que manifestaron su voluntad de trasladarse a otras comunidades autónomas por contar allí con familiares o arraigo. López ha reivindicado que Andalucía seguirá cumpliendo la ley, pero que defenderá la capacidad de su sistema de protección y el interés de cada menor. «Lo primero es trabajar por los andaluces y, lo segundo, defenderlos de Sánchez», ha apostillado.
Con respecto al sistema de dependencia, López ha señalado que Andalucía partía de un sistema «saturado» y ha reivindicado la «transformación» emprendida durante los últimos años. En este contexto, la Consejería ha defendido que a 31 de agosto de 2026, el sistema andaluz de dependencia atendió a 359.838 personas y registró 566.523 prestaciones, un 70% y un 102,8% más, respectivamente, que en 2018. La espera media se sitúa en 413 días, frente a los 1.275 días de la etapa socialista. «Queda mucho por hacer, pero hemos reducido el tiempo de espera en más de dos años, y solo en el último año hemos reducido la espera en más de cinco meses», ha señalado López.
Asimismo, la consejera ha valorado que en los últimos cuatro años se han creado más de 5.000 nuevas plazas, mientras que la financiación de plazas residenciales y centros de día ha aumentado desde 2019 un 33,4% para mayores y un 38,9% para personas con discapacidad. La financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio ha crecido un 34,3%.
La consejera también ha situado la protección de la infancia entre las prioridades de la legislatura, con el desarrollo de la Ley de Infancia y Adolescencia, el refuerzo del acogimiento familiar y un modelo residencial con centros más especializados.
«Las mujeres no pueden ser monedas de cambio», ha afirmado, subrayando que «tratar los datos sin ningún rigor estadístico, con esa frialdad como si esto fuese un ranking de una liga de fútbol, me parece triste y preocupante», ha señalado, para lamentar que desde el PSOE «no aporta soluciones a los fallos de las pulseras antimaltrato, ni al déficit de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad ni a la valoración del riesgo». En Andalucía cuatro de las víctimas mortales en 2026 estaba en el Sistema VioGén, tres de ellas con riesgo bajo y una con riesgo alto.
En políticas de familia, ha anunciado que el 21 de octubre entrará en vigor el decreto que regula el reconocimiento de las familias monoparentales en Andalucía. Además, se mantendrán las escuelas de verano para facilitar la conciliación y garantizar la alimentación de menores en zonas vulnerables, así como las deducciones fiscales para las familias.
En materia de inclusión social, López ha destacado la creación de nuevas herramientas para evaluar la exclusión y simplificar los trámites, así como el refuerzo de las políticas contra la pobreza, con el aumento de la Renta Mínima de Inserción Social y el segundo Plan de Inclusión de la Comunidad Gitana. También continuará el Programa de Asistencia Material Básica, cuyo procedimiento para derivar a los beneficiarios se abrirá el 24 de septiembre.
La Consejería reforzará además las políticas de voluntariado y diversidad con una nueva Dirección General y continuará las campañas de sensibilización y formación contra la LGTBIfobia. En voluntariado, se culminará el I Plan Estratégico Integral de Voluntariado y Participación y se comenzará a elaborar el V Plan de Voluntariado 2027-2030.
Desde la oposición, Por Andalucía ha reprochado a la consejera los recursos que se siguen destinando al teléfono de violencia intrafamiliar y le ha instado a «aprovechar» la reforma de la Ley de Dependencia aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. Una «excelente oportunidad» para mejorar este derecho. En relación con los recursos de la misma, el grupo parlamentario se ha ofrecido a pedirlos al Gobierno si así fuera necesario.
Adelante Andalucía ha reclamado en sus dos turnos de palabra conocer cuáles son las políticas «reales» que despliega la Consejería para «cambiar la vida de la gente». En el caso de Vox, los socios de Gobierno han recalcado su «disposición a trabajar con la mano tendida» pero han insistido en que «pondrán toda la carne en el asador» para «combatir la inmigración desleal y descontrolada», al igual que en materia de igualdad donde «las políticas ideológicas han fracasado». «Menos pancartas y más seguridad real».
El grupo parlamentario socialista, con quien la consejera ha entrado en el cuerpo a cuerpo directo, ha lamentado «la confrontación ya en la primera comisión». Ha exigido no dar «ni un paso atrás» en defensa de las mujeres y «garantías de que habrá políticas públicas en defensa de las mujeres por encima de pactos políticos». El PP ha replicado al PSOE que «confrontar» no es decir que el Gobierno «no cumple con el 50% de la financiación de la dependencia. Es una realidad».
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