Represión transnacional: un mundo sin refugio
MONTEVIDEO – El 24 de agosto participé en una conferencia sobre derechos humanos en Buenos Aires, Argentina. Días antes de su inicio, la Asamblea Legislativa de la ciudad canceló la sede prevista después de que el embajador chino se quejara ante el gobierno argentino por la participación de destacados defensores de los derechos humanos uigures.
Entre ellos estaban Dolkun Isa, un activista exiliado en Alemania. Beijing lleva años con una campaña de detenciones masivas y asimilación forzada contra la población uigur, un grupo étnico en su mayoría musulmana que vive mayormente en una región autónoma en el noroeste de China.
Los organizadores encontraron otra sede en el último momento y la conferencia se celebró, pero el episodio fue revelador.
Se trataba de una pequeña reunión, sin gran importancia para nadie más allá de los presentes en la sala, celebrada en una ciudad del Sur global a más de 19 000 kilómetros de Beijing, y, aun así, China no escatimó esfuerzos para impedirla.
El episodio puso de manifiesto cómo China pretende privar a sus críticos de cualquier plataforma, por modesta que sea, en cualquier lugar. Una llamada telefónica a un gobierno complaciente es lo mínimo que hace para alcanzar este objetivo.
La campaña global de China
China es el principal responsable mundial de la represión transnacional, la práctica de traspasar las fronteras para intimidar, castigar y silenciar a los críticos en el exilio.
Su nueva «Ley de Unidad Étnica», en vigor desde julio, permite al gobierno actuar contra los disidentes en el extranjero cuando se considera que están «socavando la unidad étnica» o «creando división étnica».
Freedom House ha documentado al menos 319 casos de represión transnacional física por parte de China dirigidos contra activistas democráticos de Hong Kong, tibetanos y uigures, además de figuras de la sociedad civil y políticas taiwanesas, a quienes trata como si fueran ciudadanos chinos.
La represión transnacional de China abarca todo el espectro de gravedad. En el extremo más grave, los disidentes desaparecen.
Según se informa, el disidente chino Yi Haihua desapareció en Dubái en abril, tras haber huido de China a través de Hong Kong el noviembre anterior. China también recurre a los procesos judiciales y al encarcelamiento para castigar la disidencia en el extranjero.
Entre los afectados se encuentra un estudiante al que se le impuso una condena de seis años al regresar a China tras participar en una protesta a favor de la democracia en Australia.
Menos extremas, pero mucho más extendidas, son la vigilancia, la intimidación y la represión por intermediarios, mediante las cuales China vigila y amenaza a los disidentes en el extranjero y ejerce presión sobre sus familiares en el país.
China también ejerce influencia económica sobre otros Estados, como se vio en abril, cuando el gobierno de Zambia —un Estado muy endeudado con China— canceló la conferencia sobre derechos digitales RightsCon, debido a la participación de activistas taiwaneses, días antes de que estuviera prevista su inauguración en Lusaka, la capital.
Más allá de China
China no está sola. Vietnam y Rusia son el segundo y tercer peor infractor, y al menos 54 Estados han participado en la represión transnacional, habiéndose identificado a seis de ellos —Afganistán, Benín, Georgia, Kenia, Tanzania y Zimbabue— utilizando estas tácticas por primera vez en 2025.
América Latina, que antes se había librado en gran medida de ello, es ahora escenario de la represión transnacional.
En junio de 2025, el excomandante del ejército nicaragüense Roberto Samcam, un crítico acérrimo del dictador Daniel Ortega, fue asesinado a tiros en su domicilio cerca de San José de Costa Rica, el tercer asesinato de este tipo de un exiliado nicaragüense en ese país en los últimos años.
Nicaragua también ha tomado la iniciativa a la hora de privar de la nacionalidad a los disidentes. Desde 2023, el gobierno ha despojado de la ciudadanía a más de 300 antiguos periodistas, opositores y presos políticos, y ha confiscado sus bienes, dejándolos apátridas y desprotegidos.
Venezuela, bajo el mandato de Nicolás Maduro, persiguió a sus opositores con una determinación similar. En febrero de 2024, unos hombres vestidos con uniformes policiales falsos secuestraron al exteniente del ejército exiliado Ronald Ojeda de su apartamento en Santiago de Chile.
Su cuerpo desmembrado fue hallado enterrado bajo hormigón nueve días después y la Fiscalía chilena concluyó que el asesinato fue ordenado por el gobierno venezolano y llevado a cabo por una banda venezolana, como parte de una práctica cada vez más extendida de externalizar la violencia que permite una negación plausible.
En octubre de 2025, unos hombres armados abrieron fuego en Bogotá contra los activistas exiliados Yendri Velásquez y Luis Peche. Afortunadamente, sobrevivieron a sus múltiples heridas de bala.
Respuesta débil
En marzo de 2025, un jurado de Nueva York condenó a dos miembros de una red criminal de Europa del Este contratados por la Guardia Revolucionaria de Irán por un complot de 2022 para asesinar a la periodista exiliada Masih Alinejad en su domicilio de Brooklyn, en Nueva York.
Este mes de junio, un tribunal del Reino Unido condenó a dos hombres por espiar a activistas prodemocracia de Hong Kong residentes en el Reino Unido, y en julio condenó a los responsables de un ataque con arma blanca contra el presentador de televisión iraní exiliado Pouria Zeraati.
Estados Unidos ha impuesto prohibiciones de visado a funcionarios tailandeses responsables de la repatriación forzosa de uigures a China.
Sin embargo, se trata de excepciones dentro de una pauta en la que los Estados de acogida permiten en silencio la represión a la que dicen oponerse.
Además de no hacer lo suficiente para impedir la represión transnacional en su territorio, muchos la están facilitando a través de sus sistemas fronterizos y de inmigración, en los que los cálculos geopolíticos y la presión política para frenar las cifras de inmigración prevalecen sobre la protección de los derechos humanos.
En junio, Alemania deportó al activista de la oposición tayika Asadullo Boboev y a su hijo a pesar de que existía un riesgo documentado de detención. Las autoridades tayikas detuvieron a Boboev nada más llegar.
Estados Unidos ha devuelto en repetidas ocasiones a ciudadanos rusos al gobierno autoritario del que habían huido, y ha permitido que funcionarios del consulado de Irán accedan a los centros de detención estadounidenses para ayudar a tramitar la deportación de solicitantes de asilo iraníes, entre los que se incluyen cristianos conversos y manifestantes por los derechos de las mujeres.
En 2025, el Reino Unido reabrió la puerta a las extradiciones a Hong Kong, cinco años después de suspender la cooperación a raíz de la draconiana ley de seguridad nacional del territorio.
El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la congelación de la financiación para la democracia llevados a cabo por la administración de Donald Trump en 2025 han cortado el apoyo que antes ayudaba a los activistas amenazados a reubicarse y reconstruir sus vidas.
El Parlamento Europeo, el Grupo de los Siete y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han reconocido formalmente la represión transnacional como un ataque a los derechos humanos y a la soberanía estatal, pero ese reconocimiento no ha dado lugar a respuestas más contundentes.
Los Estados democráticos deben resistir la presión, imponer sanciones a los funcionarios extranjeros que ordenan la represión transnacional y abstenerse de devolver a los exiliados a situaciones de peligro. Las democracias no deben anteponer los cálculos comerciales y diplomáticos a la protección de las personas que buscan seguridad.
Inés M. Pousadela es directora de Investigación y Análisis de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil. También es profesora de Política Comparada en la Universidad ORT de Uruguay.
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