El 60% de las firmas de consumo en España acepta retrasos en los pagos para cuidar relación con sus clientes
– INTRUM – Archivo
MADRID 10 Sep. Agencias –
El 60% de las empresas de consumo en España acepta retrasos en los pagos para cuidar la relación con sus clientes, según se desprende del Informe Europeo de Pagos 2026 de Intrum.
El estudio indica que el 33,9% de los ingresos de las empresas españolas proviene del comercio business to consumer (B2C), un porcentaje que adquiere mayor protagonismo en épocas de mayor consumo en los hogares.
En el conjunto de las empresas españolas orientadas al consumidor, las compañías conceden de media 22 días para abonar una factura, aunque el pago efectivo se produce 32 días después.
En el caso concreto del retail, el plazo real alcanza 34,4 días de media, uno de los más elevados del segmento B2C, solo por detrás de banca y servicios financieros, con 34,5 días. En periodos de elevada actividad comercial, como la vuelta al cole, el incremento de las operaciones obliga a las empresas a prestar una «atención especial a su liquidez y a la gestión de sus cobros».
El informe muestra, además, que los retrasos pueden trasladarse progresivamente a lo largo de la cadena de pagos, ya que el 57% de las compañías españolas reconoce que los retrasos sufridos en sus cobros las han llevado, a su vez, a pagar fuera de plazo a sus propios proveedores. Por sectores, esta situación presenta diferencias «significativas».
El 61% de las empresas de retail afirma haber retrasado pagos a proveedores como consecuencia de demoras en sus propios cobros, situándose entre los sectores con mayor incidencia, únicamente por detrás de tecnología y medios (72%), telecomunicaciones (71 ) y energía y suministros (63%).
Según el mencionado análisis, el 52% de las empresas españolas señala que los retrasos o impagos han afectado a la consecución de sus objetivos de crecimiento, mientras que también pueden provocar dificultades para contratar, pérdida de productividad o un deterioro de las relaciones con los clientes.
La preocupación empresarial se produce, además, en un contexto en el que los retrasos de los clientes «están aumentando la distancia entre los plazos acordados y los plazos reales de pago». Entre empresas, por ejemplo, el plazo medio concedido en España es de 44 días, mientras que el pago efectivo llega, de media, 62 días después, generando una brecha de 18 días.
Ante este escenario, las compañías españolas, según Intrum, están reforzando sus mecanismos de prevención. El 52% solicita actualmente pagos por adelantado, frente al 45% del año anterior, mientras que el 42% realiza verificaciones de crédito a sus clientes y el 27% aplica medidas específicas de prevención del fraude.
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